En un informe, la agencia de la ONU para la infancia plantea una serie de recomendaciones para las autoridades estadounidenses, entre las que destaca la importancia de acabar con la detención de menores migrantes.
“El programa H-2A creó una fuerza laboral cautiva, hecha para trabajar en condiciones brutales y a menudo ilegales. En la práctica, no están alejadas de la esclavitud”, indica el informe “Dignidad o explotación: ¿qué futuro para las familias de trabajadores agrícolas en Estados Unidos?” del Institute for Public Accuracy.
Con otra proclamación publicada por la Casa Blanca, Biden dio marcha atrás con efecto inmediato a la decisión que Trump anunció el 22 de abril pasado en los primeros meses de la pandemia del coronavirus, que golpeó mucho la economía estadounidense y frenó la generación de empleos.
El informe divulgado por American Progress indica, que junto a este estado están California, Texas, New York, Florida, Illinois, New Jersey, Georgia, Virginia, Washington, Maryland, y Arizona. Mientras que otros 40 estados son casa de por lo menos 10,000 trabajadores indocumentados esenciales.
A pesar del deseo en contra de Biden, las autoridades migratorias han continuado con las deportaciones, aunque tienen capacidad de decidir cómo proceder caso a caso, lo que ha sido criticado por numerosos grupos de defensa de los derechos civiles.
Los jóvenes que llegaron al país junto con sus padres indocumentados, los titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y los trabajadores del campo elegibles, así como sus cónyuges e hijos menores presentes en Estados Unidos, podrían verse beneficiados si el proyecto de ley se aprueba en el Congreso.
