La nueva política de carga pública puede afectar directamente a un grupo limitado de inmigrantes. Pero la experiencia con una política similar durante la primera administración del presidente Donald Trump muestra que sus efectos pueden extenderse a familias que no están directamente sujetas a la evaluación.
Para Leonardo Cuello, profesor de investigación en el Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown, una de las razones es la dificultad para determinar quién está sujeto a la regla y qué puede tener en cuenta un funcionario de inmigración.
“Si se entendiera bien esta política y se aplicara todo como corresponde en la ley, el grupo de inmigrantes impactados sería muy pequeño”, dijo Cuello. “Pero lo que pasa es que hay confusión”.
El propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoció en la regla final de carga pública que eliminar algunas definiciones puede generar confusión o malentendidos y reducir la participación en programas de beneficios públicos entre personas que no están sujetas a la evaluación. El DHS también reconoce que algunas personas exentas podrían dejar de utilizar beneficios por temor o por confusión.
Lo que ocurrió durante la primera administración Trump
Cuello dijo que durante la primera administración de Trump, el temor relacionado con la política de carga pública tuvo efectos en el uso de Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés), SNAP y otros programas.
Un análisis nacional del Urban Institute documentó ese efecto. La investigación se basó en una encuesta nacional realizada en diciembre de 2019 y analizó las respuestas de 1,747 adultos de 18 a 64 años que habían nacido fuera de Estados Unidos o vivían con al menos un familiar nacido fuera del país.
El 15.6% dijo que él o algún integrante de su familia había evitado un programa público no monetario, como Medicaid, CHIP, SNAP o subsidios de vivienda, por temor a poner en riesgo una futura green card.
La encuesta se realizó antes de que la regla de carga pública de la primera administración de Trump comenzara a aplicarse en febrero de 2020. El mismo análisis encontró, además, una amplia confusión sobre cómo funcionaba la política, incluso entre quienes decían conocerla.
Cuello describió un patrón similar durante la entrevista a Enlace Latino NC: personas que no sabían que la política había cambiado, otras que sabían que existía pero no la entendían, y otras que creían comprenderla pero se equivocaban en aspectos básicos de su aplicación.
“Un problema que debe afectar a cierta cantidad de miles de personas termina afectando a millones de personas, porque millones de personas tienen miedo de que ellos sean afectados”, dijo Cuello.
Qué cambia el 18 de septiembre
El DHS publicó el 20 de julio una regla final que elimina las regulaciones de carga pública adoptadas en 2022. La nueva política está prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre de 2026 y otorgará mayor discreción a los funcionarios al evaluar cada caso.
La evaluación de la carga pública no se aplica a todas las personas inmigrantes. Puede aplicarse a determinadas personas que solicitan admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus a residente permanente, mientras que existen categorías exentas establecidas por ley, entre ellas, refugiados, asilados y otras categorías humanitarias.
El DHS señala, además, que las personas exentas pueden seguir utilizando los beneficios públicos para los que son elegibles. A partir del 18 de septiembre de 2026, los funcionarios también podrán considerar ciertos beneficios públicos destinados a personas de bajos ingresos; sin embargo, la nueva política no enumera programas específicos y recibir uno de esos beneficios no descalifica automáticamente a una persona.
Protecting Immigrant Families (PIF) publicó una guía disponible también en español para ayudar a las familias a determinar si la evaluación podría aplicarse a su situación.
Para Cuello, una diferencia importante con la nueva política es la incertidumbre que genera la mayor discrecionalidad de los funcionarios.
“Antes era definido, ahora no lo es”, dijo. “Lo que genera más confusión, más ansiedad, más estrés”.
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Cuando la confusión afecta la salud
El temor a que el uso de beneficios públicos tenga consecuencias migratorias puede llevar a algunas familias a no solicitar, no renovar o abandonar Medicaid o CHIP, incluso cuando la persona que recibe la cobertura —por ejemplo, un niño ciudadano estadounidense— no esté sujeta directamente a la evaluación de carga pública. Investigaciones sobre este tipo de políticas describen ese fenómeno como un efecto disuasorio o chilling effect.
Para Cuello, el problema no se limita a la pérdida de cobertura. Una vez que una persona queda sin seguro, puede enfrentar costos médicos más altos debido a su cargo. Ese temor a no poder pagar una consulta, estudios o tratamiento puede llevar a posponer la atención médica hasta que el problema se vuelva más grave.
“Es menos probable que las personas busquen atención médica por miedo a los costos”, dijo Cuello. “Y cuando sí la buscan, muchas veces es porque el problema ya pasó de ser pequeño a convertirse en una emergencia”.
En las familias sin cobertura, agregó, los niños también pueden recibir menos atención preventiva, vacunas o servicios de salud mental. Además, las facturas médicas pueden competir con otros gastos básicos, como la renta, la alimentación o la ropa.
Cuello señaló un análisis que menciona que alrededor de 1.7 millones de niños ciudadanos estadounidenses podrían dejar Medicaid o CHIP por temor o confusión relacionados con la carga pública y otras políticas migratorias
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La regla enfrenta demandas
La nueva política también enfrenta impugnaciones judiciales antes de su entrada en vigor.
El 14 de septiembre, Nueva York encabezó una coalición de estados y el Distrito de Columbia que presentó una demanda federal para intentar bloquear la regla. La coalición pidió a un tribunal federal que declarara ilegal la política y que dejara sin efecto la nueva regla. Esos argumentos todavía deben resolverse en los tribunales.
Una coalición separada de gobiernos locales, integrada por Nueva York, Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara, Seattle y el condado de King, presentó otra demanda ese mismo día.
Al 16 de septiembre, la regla seguía prevista para entrar en vigor el 18 de septiembre mientras continuaban esas impugnaciones.
Durante la entrevista, antes de que se presentaran las demandas, Cuello ya había anticipado que esperaba litigios contra la nueva política y señaló que la posibilidad de nuevos cambios judiciales podía añadir otra capa de incertidumbre.
Para explicar por qué ese temor puede persistir, Cuello recordó lo ocurrido con la política de carga pública de la primera administración de Trump. Señaló que, incluso después de que esa política dejó de aplicarse, algunas personas seguían creyendo que las restricciones eran vigentes y evitaban inscribirse en programas de salud.
“Hay gente que piensa: ‘No, yo creo que Trump cambió eso y ahora no se puede’. Y uno entra y dice: ‘No, una corte lo paró’, pero ellos no están seguros”, dijo Cuello.
Regla final de Carga Pública
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