Carolina del Norte, Charlotte – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió la regla final sobre la nueva norma, o regla, de Carga Pública de Biden. Clarificaron que las ayudas sociales no serán tenidas en cuenta cuando los inmigrantes buscan la green card.

Sin embargo, habrá otros factores como la educación, los ingresos y las habilidades del beneficiario que seguirán siendo tomadas en cuenta.

El nuevo reglamento fue enviado por el gobierno del presidente Joe Biden al Registro Federal, publicado el viernes 9 de septiembre.

La nueva norma de carga pública elimina los cambios realizados por Donald Trump. Cambios que negaban residencia permanente a los inmigrantes que recibían ciertas ayudas sociales. 

“La regla restaura la comprensión histórica sobre “carga pública” que había estado vigente por décadas, hasta que la administración anterior comenzó a considerar los beneficios suplementarios de salud pública como Medicaid y la asistencia nutricional como parte de la determinación de inadmisibilidad por motivos de carga pública”, señala el DHS. 

Nueva Norma de Carga Pública 2022: cambio de reglamento

Con el cambio al reglamento, que se espera entre en vigor el 23 de diciembre, el DHS determina que un inmigrante se considera “carga pública”, solo cuando se vuelva principalmente dependiente de la asistencia económica del gobierno para subsistir.

“La nueva norma es una regulación formal que ha pasado por el proceso administrativo correspondiente», dijo a Enlace Latino NC, Kate Woomer-Deters, abogada del Centro de Justicia de Carolina del Norte. 

«Esto hace que sea más difícil para los futuros presidentes cambiar o derrocar, y más difícil para los tribunales rechazarlo”, señaló.

Victoria para los defensores de los inmigrantes

La decisión del gobierno de revertir los cambios hechos por el gobierno Trump, es considerada una victoria para los defensores de los inmigrantes.

“La regulación final de carga pública de Biden, es una gran victoria para las familias inmigrantes», señaló Adriana Cadena, directora de la coalición Protección de las Familias Inmigrantes (PIF), durante una conferencia de prensa el jueves 8 de septiembre.  

«Sabemos que los políticos antiinmigrantes atacarán esta reforma a través de litigios partidistas, pero existen bases sólidas para que un tribunal confirme la regla”, afirmó.

De acuerdo con Cadena, la nueva regla aclara lo que se considera y lo que no se considera en una determinación de carga pública, brindando garantías de que las familias inmigrantes elegibles pueden usar los programas de atención médica, nutrición y vivienda sin preocupaciones de carga pública.


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Puntos claves de la nueva norma de carga pública 2022

Servicios sociales que pueden usar los inmigrantes

• Confirma que las familias inmigrantes elegibles pueden usar los programas de atención médica, nutrición y vivienda sin preocupaciones de carga pública.

• Establece que el uso de los programas de beneficios federales por parte de un niño u otro miembro de la familia nunca afecta la solicitud de inmigración de otra persona en su hogar. Por ejemplo: Si un inmigrante está solicitando estatus migratorio/green card, las autoridades de inmigración no considerarán ningún beneficio que sus hijos ciudadanos estadounidenses hayan utilizado.

• Medicaid es seguro para que las familias inmigrantes elegibles lo usen para cualquier otra necesidad de atención médica, excepto para el uso a largo plazo de la atención institucional como: 

  • SNAP, WIC, el Crédito Tributario por Hijos, la Sección 8, y otros programas federales «no monetarios» nunca afectan las solicitudes de inmigración.
  • Muchos programas de efectivo o “cash” no afectarán las solicitudes de inmigración, incluidos: programas de desempleo, LIHEAP, alivio pandémico, beneficios para veteranos, créditos fiscales y más.

Servicios sociales que sí serían considerados para “carga pública” 

Los únicos programas de beneficios que el DHS puede considerar son para “carga pública” son: El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) y la Asistencia Temporal para Familias en Necesidad (TANF). 

La regla también incluye la «asistencia en efectivo estatal y local para el mantenimiento de ingresos”, pero no esta no existe en Carolina del Norte. 

Sin embargo, DHS tendrá en cuenta por cuánto tiempo se recibió el beneficio y que tan recientemente, junto con otros factores como la educación y las habilidades de una persona, los ingresos y la declaración jurada de apoyo para tomar una determinación.

De acuerdo con la abogada Woomer-Deters, estos programas de beneficios SSI, TANF y Medicaid, solo si son usados por un “largo período de tiempo” como: vivir en un hospital o un hogar para ancianos. 

“El uso regular del Medicaid por atención médica no hospitalizada, no está incluida. Ningún otro beneficio, de otro tipo, está visto o considerado por el DHS/USCIS”, señaló la abogada. 

Quiénes son exentos de “carga pública”

La regla enumera categorías de personas que están “exentas” de “carga pública”.

Es decir, la regla no se aplica a ellos en absoluto como a:

  • Personas que solicitan o reciben asilo
  • Inmigrantes con estatus de refugiado o TPS
  • Jóvenes Inmigrantes Especiales
  • Titulares de visas de inmigrantes especiales afganos o iraquíes. 

Los autopeticionarios de VAWA y los sobrevivientes que solicitaron o recibieron el estatus T o U generalmente están exentos de una evaluación de carga pública. Esto, independientemente de su vía final para ajustar el estatus.

La regla también confirma que las personas que solicitan la ciudadanía estadounidense no están sujetas a carga pública.

Para ver el reglamento completo de carga pública en el Registro Federal, puede hacer clic en el siguiente enlace.

¿Esta nueva regla mira factores como la edad, salud y nivel educativo del inmigrante?

Existe cierta confusión respecto al análisis que hacen los oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) de criterios como la edad, la salud de las personas, el tamaño de las familias, su nivel educativo y de inglés, la declaración de apoyo económico, para determinar si podrían convertirse en una “carga pública”, lo cual es algo que siempre han hecho. 

Al respecto, la abogada dijo, que tanto en la norma o regla de Trump, como la de Biden, son similares en cuanto a estos factores. 

“Ambas normas, la regla Trump, y la regla Biden, miran todos estos factores, como la educación, habilidades, ingresos y declaración de apoyo económico, cuando determinan si usted es carga pública. Esto ha sido lo mismo durante décadas”, dijo Woomer-Deters. 

¿Cómo se aplica la regla para quienes ajustan el estatus o vienen al país por petición de un familiar?

La abogada Woomer-Deters explicó, que los inmigrantes que están ajustando su estatus, siempre se les ha aplicado una regla de carga pública por más de 100 años. Esto también aplica a aquéllos que llegan a los Estados Unidos a través de una petición familiar.

“El USCIS (Inmigración) observará a cada inmigrante para determinar si es probable que sea -principalmente dependiente- del gobierno para recibir apoyo. Examinarán todos los factores individuales del inmigrante: su edad, su educación y habilidades, el apoyo de sus familiares, etc. para ver si podrá mantenerse a sí mismo”, indicó la abogada. 

De acuerdo con la abogada, las autoridades migratorias verán si ha usado beneficios en el pasado, pero solo el SSI, TANF y Medicaid para institucionalización/hospitalización a largo plazo.

“No buscarán ningún otro programa de beneficio público, ni siquiera preguntarán sobre ellos. Solamente, considerarán los beneficios que el solicitante inmigrante ha utilizado, no los beneficios utilizados por sus hijos o familiares”, indicó. 

Cabe recalcar, que, si el inmigrante es generalmente capaz de mantenerse a sí mismo sin el uso de SSI o TANF, y sus declaraciones juradas de apoyo de los miembros de su familia, debe “aprobar” la evaluación de carga pública.

Woomer-Deters dejó en claro, que “la gran, gran mayoría (esencialmente el 100%) de los inmigrantes que solicitan el estatus migratorio nunca habían usado SSI o TANF porque no eran elegibles para recibirlos antes de tener la green card.

“Entonces, esencialmente no hay ningún inmigrante cuyo uso de los programas TANF o SSI cuente en su contra, porque los inmigrantes que aún no tienen tarjetas verdes no son elegibles y no las usan”, puntualizó.  

Qué llevó a cambiar el reglamento

La regulación de “carga pública” emitida por Trump, entró en efecto solo semanas antes de que el Covid-19 llegara a Estados Unidos. 

La regla modificada propuso negar la residencia a quienes hubiesen recibido subsidios de vivienda o alquiler, atención médica y cupones de comida, y otros servicios sociales, durante más de 12 meses. 

Así mismo, autorizó a los oficiales de USCIS, a analizar otros criterios como la edad y la salud de las personas. También el tamaño de las familias, su nivel educativo y de inglés. Todo ello para determinar si podrían convertirse en una “carga pública”. 

Temor entre los inmigrantes

Un estudio de Urban Institute publicado en 2021 reportó, que, el cambio del reglamento fue especialmente grave durante la pandemia. Provocó temor entre los inmigrantes.

Uno de cada siete adultos en familias inmigrantes evitó buscar asistencia como Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños o subsidios de vivienda, ante la posibilidad de futuras aplicaciones de residencia. 

“Los continuos efectos escalofriantes experimentados por las familias inmigrantes en 2020 son alarmantes en el contexto de la pandemia, durante la cual las personas de color, muchas de ellas de familias inmigrantes, han experimentado dificultades económicas y de salud de forma desproporcionada”, indicó el reporte.

Norma de Trump bloqueada por juez federal

La norma de Trump fue bloqueada por un juez federal de Chicago en noviembre del 2020, por considerar que no era clara. También por violar la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Posteriormente, Trump llevó el caso a la Corte Suprema, pero una vez Biden asumió el poder, su gobierno desistió del reclamo. 

A comienzos de 2021 el presidente Biden dejó de aplicar los criterios impuestos por Trump, y anunció que anularía la norma.

Periodista multimedia de origen colombiano, con más de 14 años de experiencia en medios de comunicación escritos en Carolina del Norte. Su trabajo periodístico ha sido reconocido con 16 Premios José...

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