Legisladores republicanos de Carolina del Norte presentaron este jueves un proyecto de ley que busca ampliar el uso de E-Verify, un sistema para verificar el estatus migratorio de los empleados.
La propuesta, HB 1214 titulada “Make E-verify Great Again” reduciría de 25 a cinco empleados el mínimo requerido para que una empresa verifique el estatus migratorio de los potenciales trabajadores antes de contratarlos.
Actualmente, en Carolina del Norte, las empresas con 25 empleados o más están obligadas a usar E-Verify.
La pieza legislativa, además, otorgaría al Comisionado del Departamento de Trabajo nuevas facultades de inspección, investigación y reporte a las autoridades federales en casos de posible empleo de trabajadores sin autorización migratoria.
El representante republicano Karl E. Gillespie es el principal patrocinador de la medida. Los representantes republicanos Neal Jackson, Ben T. Moss y Bill Ward también patrocinan el proyecto de ley.
Una medida similar, presentada en 2019, avanzó en la Cámara de Representantes hasta su primera lectura y en los comités, pero no llegó a ser sometida a votación en el pleno.
¿Qué significaría para inmigrantes indocumentados?
De ser aprobada, esta medida podría limitar oportunidades laborales para personas sin autorización migratoria, ya que más empleadores estarían obligados a verificar documentos antes de contratar a un empleado.
El requisito de E-Verify solo aplicaría a empleados recién contratados a partir del 1 de octubre de 2026, fecha en que entraría en vigor la medida.
Sin embargo, la provisión que permitiría al Comisionado de Trabajo realizar inspecciones aleatorias o basadas en el riesgo para verificar el cumplimiento no define con claridad el alcance de los registros que pueden revisarse.
El Comisionado deberá notificar a Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a las agencias policiales locales si, durante una investigación, existe una “probabilidad razonable” de que un trabajador sea un inmigrante no autorizado.
La medida también requeriría que las agencias estatales, los municipios, los condados, las universidades y los sistemas escolares locales cumplieran formalmente con las nuevas disposiciones del programa. Estas entidades ya están obligadas a utilizar E-Verify conforme a la ley vigente.
Inspecciones y auditorías
El proyecto permitiría al Comisionado del Departamento de Trabajo realizar:
- investigaciones por denuncias,
- auditorías aleatorias,
- y revisiones basadas en riesgos.
La legislación señala que las inspecciones deberán realizarse de manera “neutral y no discriminatoria”.
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Multas más severas para empleadores
La medida incrementa significativamente las sanciones para empresas que no utilicen E-Verify correctamente.
Las multas propuestas incluyen:
- Hasta $1,000 por cada verificación omitida en una primera infracción.
- Entre $2,500 y $10,000 para una segunda violación.
- Hasta $25,000 por violaciones repetidas.
El Comisionado del Departamento del Trabajo también puede remitir el asunto al Fiscal General para que se tomen las medidas de cumplimiento correspondientes.
Protección para empleados denunciantes
El proyecto también protege a los trabajadores que denuncien presuntas violaciones relacionadas con E-Verify.
Los empleadores no podrían despedir ni tomar represalias contra empleados que presenten denuncias o colaboren con investigaciones de buena fe.
Fondos para aplicación de la ley
La propuesta asignaría $448,195 al Departamento de Trabajo estatal para contratar cinco empleados dedicados a reforzar la aplicación de la ley.
¿Cuál es el proceso legislativo?
La Asamblea General deberá realizar una primera lectura como primer paso. Luego, se envía a los comités correspondientes de la Cámara de Representantes, donde se analiza y se discute, y pueden proponerse enmiendas. Tras ese proceso, la medida puede pasar a votación en el pleno de la Cámara de Representantes.
Si la Cámara de Representantes aprueba esta medida, entonces pasa al Senado, donde sigue un proceso similar: evaluación en comités y, finalmente, votación en el pleno.
De ser aprobada en la Asamblea General, el gobernador Josh Stein puede decidir si vetar la medida, firmar o dejarla convertir en ley sin su firma.
La Constitución de Carolina del Norte exige que tres quintas partes de los miembros de ambas cámaras estén de acuerdo para anular un veto.
Actualmente, los republicanos cuentan con la mayoría necesaria en el Senado. Sin embargo, en la Cámara de Representantes necesitan al menos un voto más.
Esto podría lograrse mediante la ausencia o el apoyo de un legislador demócrata para alcanzar el número requerido.
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