Legisladores demócratas de la Asamblea General de Carolina del Norte presentaron varios proyectos de ley para ampliar el apoyo y la protección a la comunidad inmigrante, que incluyen medidas sobre la privacidad de los datos, apoyo a los trabajadores y defensa legal, entre otras.
El avance de estas propuestas en la legislatura no está garantizado debido a que la mayoría republicana de la Asamblea General podría impedir su aprobación.
Enlace Latino NC ha recopilado una lista de las propuestas legislativas y la actualizará conforme se presenten nuevas medidas o estas avancen durante la denominada sesión corta legislativa.
Proyectos de ley presentados hasta el 30 de abril de 2026:
En el Senado estatal se presentaron cuatro proyectos de ley que favorecen a la comunidad inmigrante, mientras que en la Cámara de Representantes se presentaron un total de 7 propuestas.
HB 1183: Defiende a NC
El proyecto de ley HB 1183, titulado “Defend NC”, combina medidas sobre inmigración, economía y financiamiento estatal. Su eje más relevante, sin embargo, se encuentra en la prohibición de cooperación local con autoridades migratorias federales.
La medida, presentada por el representante demócrata Zack Hawkins, prohíbe que agencias policiales locales y oficinas del sheriff colaboren con autoridades federales de inmigración. En concreto, impediría que participen en arrestos por violaciones migratorias o en la ejecución de órdenes de deportación.
El proyecto también establece que los oficiales no podrán ser delegados por agencias federales para realizar funciones de inmigración, y deja sin efecto cualquier acuerdo existente que entre en conflicto con esta prohibición.
Esto incluiría a los acuerdos 287(g), que permiten a autoridades locales colaborar directamente con ICE en la aplicación de leyes migratorias.
Además, la medida incluye disposiciones económicas y de salud, como la suspensión temporal del impuesto sobre ventas a ciertos productos, y expresa la intención de mantener el acceso a Medicaid para ciudadanos elegibles.
El proyecto también ordena estudios sobre la pérdida de fondos federales y plantea la posible creación de un fondo estatal para compensar esos recortes.
Inicialmente, 50 mil dólares serían asignados para establecer este fondo, sujeto a los resultados de los estudios requeridos.
¿Dónde está en el proceso legislativo?
La propuesta se presentó hoy, 30 de abril, y aún no ha pasado su primera lectura en la Cámara de Representantes.
La mayoría de las disposiciones, específicamente las relacionadas con inmigración, entrarían en vigor inmediatamente al convertirse en ley.
HB 1188: Límites a los centros de detención de inmigrantes
El proyecto de ley HB 1188, titulado “Limits on Immigration Detention Facilities” prohíbe que agencias locales, estatales o del sheriff mantengan contratos con el gobierno federal o con empresas privadas para operar o mantener centros de detención de inmigrantes con fines de custodia civil.
En la práctica, esto impediría que cárceles o instalaciones en Carolina del Norte sean utilizadas como centros de detención migratoria bajo acuerdos con el gobierno federal.
El proyecto, presentado por las representantes demócratas Pricey Harrison, Deb Butler, Maria Cervania y Amanda P. Cook, junto con el apoyo de Tracy Clark, también establece que las autoridades estatales no podrán operar instalaciones dedicadas específicamente a la detención de personas por motivos migratorios civiles.
Además, el Departamento de Seguridad Pública tendría la obligación de recopilar datos sobre las personas detenidas en estos centros y presentar un informe anual a la Asamblea General con información sobre su estatus, procesos legales y resultados de sus casos.
Se asignarían 50 mil dólares para ser utilizados en los costos administrativos asociados con la implementación del proyecto de ley.
¿Dónde está en el proceso legislativo?
La propuesta se presentó hoy, 30 de abril, y aún no ha pasado su primera lectura en la Cámara de Representantes.
De aprobarse, entraría en vigor el 1 de diciembre de 2026.
SB 890: Mantener el talento inmigrante en Carolina del Norte
El proyecto de ley SB 890, titulado “Keep Immigrant Talent in NC”, busca retener el talento inmigrante altamente calificado en Carolina del Norte mediante la creación de un fondo estatal de apoyo económico.
La propuesta presentada por las senadoras demócratas Natalie Murdock y Sophia Chitlik establece un “Fondo de Retención de Talento Altamente Calificado” dentro del Departamento de Comercio de Carolina del Norte.
Este fondo otorgaría subsidios de reembolso a trabajadores elegibles para cubrir costos relacionados con su estatus migratorio laboral, como las tarifas de renovación de visas H-1B, O-1 y TN, los trámites de ajuste de estatus y los gastos legales asociados a la autorización de trabajo.
Aunque esta agencia también definirá los criterios de elegibilidad detallados, el programa estaría dirigido a trabajadores altamente calificados que vivan y trabajen en Carolina del Norte.
Esto incluiría personas con títulos universitarios avanzados, empleados en ocupaciones especializadas o de alta demanda, o trabajadores con habilidades difíciles de reemplazar en el mercado laboral.
El proyecto asigna 1 millón de dólares anuales a partir del año fiscal 2026-2027 para financiar el programa, con un máximo del 5% destinado a costos administrativos. Los fondos no utilizados no expirarían al final del año fiscal.
¿Dónde está en el proceso legislativo?
La propuesta pasó la primera lectura y se encuentra en el Comité de Apropiaciones y Presupuesto del Senado.
De aprobarse, entraría en vigor de inmediato al convertirse en ley.
SB 888: Privacidad de datos migratorios
El proyecto de ley titulado “Immigration Data Privacy”, busca limitar la divulgación de datos relacionados con inmigración por parte de agencias del estado de Carolina del Norte.
La propuesta SB 888 establece que ninguna agencia, departamento o institución estatal podrá compartir información migratoria con entidades federales, estatales o locales con fines de aplicación de las leyes de inmigración civil.
La medida, presentada por los senadores demócratas Natalie Murdock y Caleb Theodros, determina dos excepciones:
- Si la persona afectada da su consentimiento
- Si existe una orden judicial válida, una citación o una orden de registro emitida por un tribunal
Cuando se entregue información bajo una orden legal, solo se podrá compartir lo específicamente solicitado. Además, la agencia que reciba la solicitud deberá notificar a la persona afectada dentro de tres días hábiles, indicando la entidad que solicitó la información.
El proyecto también exige que todas las agencias estatales registren y reporten anualmente al fiscal general las solicitudes de datos migratorios recibidas. Estas incluirían el número de solicitudes, la agencia solicitante, el resultado y la base legal utilizada.
¿Dónde está en el proceso legislativo?
La medida pasó la primera lectura y se encuentra en el Comité de Apropiaciones y Presupuesto del Senado.
De ser aprobada, entraría en vigor de inmediato al convertirse en ley.
SB 917: Apoyo a la defensa legal de inmigrantes
El proyecto de ley SB 917, titulado “MELT Act: Support Immigrant Legal Defense”, busca revertir políticas previas de cooperación con las autoridades migratorias federales y asignar fondos a servicios legales de inmigración de base comunitaria.
La propuesta, presentada por los legisladores demócratas Caleb Theodros, Mujtaba A. Mohammed y Sophia Chitlik, busca derogar la ley “Criminal Illegal Alien Enforcement Act” (HB 318), adoptada durante la Sesión 2025-85. Esta ley amplió la cooperación entre las cárceles locales y las autoridades federales de control de la inmigración y, según hallazgos legislativos, generó desconfianza entre la policía local y las comunidades inmigrantes.
Más allá, la propuesta también limitaría la colaboración entre autoridades locales con funcionarios estatales de inmigración al prohibir que agencias estatales o locales:
- Detengan a alguien solo por una orden administrativa de ICE
- Mantengan a personas por más tiempo del permitido por ley estatal
- Entreguen a personas a ICE sin orden judicial
- Permitan el acceso a áreas no públicas de cárceles para operativos migratorios sin orden
La iniciativa exigiría que las autoridades federales obtuvieran una orden judicial antes de hacer cumplir las leyes de inmigración en el estado. Esto significa que ICE o la Patrulla Fronteriza no podría arrestar, detener, entrar a viviendas ni realizar operativos en el estado sin una orden judicial firmada por un juez.
Los legisladores también solicitan 4 millones de dólares para ampliar el acceso a abogados, ya que este no está garantizado en las cortes migratorias.
Los fondos se otorgarían a organizaciones comunitarias para atender casos de inmigración, incluyendo representación en procedimientos de deportación, solicitudes de asilo, talleres de “Conozca sus derechos” y apoyo con visas (U y T), VAWA y TPS.
¿Dónde está en el proceso legislativo?
La medida pasó la primera lectura y se encuentra en el Comité de Apropiaciones y Presupuesto del Senado.
De aprobarse, entraría en vigor el 1 de julio de 2026.
HB 1112: Estabilidad de la fuerza laboral y protección económica de NC
El proyecto de ley HB 1112, titulado “NC Workforce Stability and Economic Protection”, se enfoca en medir el impacto económico de las acciones federales de inmigración en Carolina del Norte, mas no busca cambiar directamente la aplicación de las leyes migratorias.
La propuesta exige al Estado que realice un estudio anual sobre cómo las acciones migratorias inciden en la economía estatal. Este evaluaría pérdidas de ingresos fiscales, caída del producto estatal, impacto en los servicios públicos y cierres de negocios.
El proyecto de ley también dispone nuevas obligaciones para los empleadores, al exigirles que notifiquen a sus trabajadores.
Es decir que si una empresa recibe una auditoría migratoria, por ejemplo, inspecciones de formularios I-9, esta debe notificar a sus empleados en 72 horas y hacerlo en el idioma principal del trabajador. La notificación debe incluir el nombre de la agencia involucrada y los documentos solicitados.
Los empleadores que no cumplan con estas disposiciones recibirán multas de 500 dólares por la primera violación y de hasta mil dólares por las violaciones adicionales.
El proyecto de ley también otorgaría 100 mil dólares para realizar estos estudios económicos, y pondría al Fiscal General en un rol más activo. Este se encargaría de monitorear operativos federales y evaluar si estos afectan los derechos civiles o el comercio estatal.
Las representantes demócratas Deb Butler, Pricey Harrison, Marcia Morey y Amanda P. Cook, presentaron la medida, junto con el apoyo de la representante demócrata Renée A. Price.
¿Dónde está en el proceso legislativo?
La medida pasó la primera lectura y se encuentra en el Comité de Reglas y Operaciones de la Cámara de Representantes.
De aprobarse, entraría en vigor inmediatamente al convertirse en ley.
HB 1064: Linea de asistencia de derechos civiles
Un proyecto de ley titulado “Civil Rights Health Line” establecería una línea directa gratuita 24/7 de asistencia dentro del Departamento de Justicia de Carolina del Norte. El fin es recibir, documentar e investigar quejas por violaciones de derechos civiles.
Esta medida, HB 1064, además, crearía una plataforma digital en la que las personas afectadas o sus familiares podrían reportar incidentes relacionados con la actuación de las agencias del orden federal, incluidas las operaciones de inmigración.
La propuesta fue presentada por los representantes demócratas Tracy Clark, Mary Harrison, Marcia Morey y Julia Greenfield. La medida cuenta con el apoyo de otros legisladores, incluido el representante Nasif Majeed, quien recientemente se desafilió del Partido Demócrata.
La Oficina del Fiscal General estatal estaría a cargo de administrar una base de datos segura de los reportes y de publicar un reporte anual con los datos recopilados. La información personal será confidencial.
El Fiscal General también deberá realizar al menos una audiencia pública anual para presentar los hallazgos del informe.
El proyecto de ley asigna 3 millones de dólares para su implementación.
¿Dónde está en el proceso legislativo?
La medida pasó la primera lectura y se encuentra en el Comité de Reglas y Operaciones de la Cámara de Representantes.
De aprobarse, entraría en vigor el 1 de julio de 2026.
Otras medidas presentadas
Las iniciativas HB 1060, HB 1061 y HB 1062 presentadas el 27 de abril abordan la protección de la comunidad inmigrante en las escuelas y añadirían la supervisión de la cooperación con las autoridades federales.
Las tres medidas, presentadas por la representante demócrata Julia Greenfield, pasaron la primera lectura y están en el Comité de Reglas y Operaciones de la Cámara de Representantes.
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