Representantes demócratas en Carolina del Norte presentaron hoy tres proyectos de ley enfocados en temas de inmigración, educación y colaboración entre autoridades locales y federales.
En conferencia de prensa celebrada hoy, martes 28 de abril, en la Asamblea General, integrantes de la ACLU de Carolina del Norte y de Education Justice Alliance se unieron a legisladores al introducir el proyecto de ley HB 1061 “Plyler Educational Protections Act”, que dispone diferentes protecciones para todos los estudiantes sin importar su estatus migratorio.
Estudiantes, maestros y padres afectados por las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Carolina del Norte, también compartieron su sentir y experiencias.
“Este proyecto de ley, junto con otras iniciativas legislativas que presentamos en esta sesión, busca garantizar la protección de aquellos a quienes se nos ha confiado el liderazgo”, mencionó Julia Greenfield, sobre el proyecto “Plyler Educational Protections Act”, en conferencia de prensa.
“Las decisiones que tomamos no se limitan a establecer políticas; moldean nuestra identidad como comunidad y determinan si ejercemos el liderazgo con decencia y confianza”, agregó.
¿De qué se trata el Plyler Educational Protections Act?
Busca reforzar el derecho de todos los niños a asistir a la escuela pública sin importar su estatus migratorio, al tiempo que establece protecciones adicionales para mantener a las escuelas como espacios seguros.
De aprobarse, impediría que:
- Nieguen la inscripción a estudiantes por su estatus migratorio
- Excluyan a estudiantes o padres de actividades escolares
- Implementen políticas que discriminen directa o indirectamente
Además, el proyecto establece que las escuelas no podrán preguntar ni exigir información sobre el estatus migratorio de estudiantes o sus familias, ni compartir datos como lugar de nacimiento o nacionalidad con autoridades migratorias, salvo en casos específicos requeridos por ley, por ejemplo en los que no se tiene orden judicial o citación válida.
Escuelas, espacios seguros
Cada escuela deberá crear un plan de acción en caso de que agentes de inmigración intenten ingresar al campus o solicitar información. Este plan incluye:
- Designar a una persona encargada de interactuar con autoridades migratorias
- Verificar órdenes judiciales antes de permitir acceso
- Notificar a las familias dentro de 24 horas si ocurre una intervención
- Acompañar y documentar cualquier interacción con agentes
También se requerirá capacitar al personal escolar y publicar estos protocolos para que las familias conozcan sus derechos.
Un caso histórico
El nombre de la iniciativa lleva el nombre de la decisión histórica de la Corte Suprema en el caso Plyler v. Doe, en junio 1982, que estableció que los estados no pueden negar educación pública de jardín de infantes hasta el segundo grado a niños indocumentados.
“Este proyecto de ley adopta un enfoque integral y práctico para convertir ese principio en acción. Reafirma el compromiso de que todo niño debe tener pleno acceso a la educación pública, desde el aula hasta las actividades extracurriculares, independientemente de su estatus migratorio”, dijo Greenfield.
Asimismo, el máximo tribunal, determinó que hacerlo viola la Cláusula de Igual Protección de la Constitución (Enmienda 14).
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El miedo tras las operaciones de ICE en Carolina del Norte
Durante la operación “Charlotte’s Web”, cuando ICE y la Patrulla Fronteriza irrumpió en Charlotte, aproximadamente 27.000 estudiantes faltaron a clases debido al miedo.
“27.000, esa es la cantidad de estudiantes que estuvieron ausentes en un solo día escolar el pasado noviembre en mi ciudad natal, Charlotte, después de que llegaran los agentes federales”, explicó Greenfield.
Esto quiere decir que, en un día, uno de cada cinco estudiantes del sistema escolar de Charlotte-Mecklenburg no asistieron a la escuela.
“Estas ausencias no se debieron a enfermedades ni a días de nieve, ocurrieron porque las familias tenían demasiado miedo de enviar a sus hijos a la escuela. Esa es la realidad con la que estas familias han estado viviendo día tras día desde que comenzaron las operaciones de ICE y la CBP en nuestras comunidades aquí en Carolina del Norte el otoño pasado”, agregó la representante.
Emilio Hidalgo, estudiante de Orange High School, mencionó que muchos de sus compañeros creían, de forma casi inconsciente, que el ICE no llegaría al estado y que la comunidad estaba a salvo del miedo y la violencia que se reportaban en otras partes del país.
“Sabíamos que esa sensación de seguridad no duraría, y no duró”, dijo Hidalgo.
Un día, cuenta Hidalgo, uno de sus amigos llegó tarde a clase con ojeras visibles; al preguntarle, el le explicó que se había levantado a las 6 a.m. para llevar a su familia al trabajo por miedo a que ICE los detuviera.
“Había sacrificado su tiempo y su educación por la seguridad de su familia, una realidad que muchos ciudadanos estadounidenses no tienen que enfrentar,” agregó.
El impacto del Plyler Educational Protections Act
El miedo, según legisladores y asistentes, es uno de los principales factores de ausencias escolares, y por eso el Plyler Educational Act busca contrarrestarlo, impulsar el cambio y fortalecer las comunidades.
Maria Isabel Gonzalez, hija de inmigrantes y madre de familia, dijo a Enlace Latino NC que pese meses después de que agentes estuvieron presentes en Charlotte, el miedo aún persiste en su comunidad del condado de Wilson.
“Ese miedo me acompaña todos los días. Y es realmente difícil ver a todos a tu alrededor consumidos por este miedo y no saber qué hacer al respecto”, explicó Gonzalez.
“Así que, el hecho de estar aquí hoy es simplemente mi manera de intentar marcar la diferencia, de hacer que cada día sea un poco más fácil para ellos y, con suerte, aliviar parte de ese miedo”.
Gonzalez, como muchos, espera que más representantes aboguen por los derechos de los estudiantes inmigrantes.
“Realmente desearía que más representantes se pusieran de pie. Pero, con esperanza, y tal como hice al venir aquí a hablar, no vine solo por mi familia ni, como padre, por mis hijos, sino también para servir como vehículo para las voces de otros: para las voces de los latinos y los hispanos”, dijo Gonzalez.
¿De qué se tratan las otras dos propuestas?
HB 1060: AG Investigations/Certain ICE & CBP Incidents
El Fiscal General debe investigar todos los incidentes en el estado que involucren:
- Agentes del ICE
- Oficiales de la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés)
- Policías locales o estatales que colaboren con inmigración bajo el programa 287(g)
Esto aplica cuando haya:
- Lesiones corporales graves o
- Muerte de cualquier persona
Reportes públicos
El proyecto también establece que el Fiscal General deberá hacer públicos los hallazgos y recomendaciones de cada investigación, así como entregar un informe a los líderes legislativos del estado.
Estos resultados deberán presentarse dentro de los siete días posteriores a la finalización de la investigación, aunque se permite proteger la identidad de las víctimas y de menores de edad mediante la omisión de datos personales.
HB 1062: Immigration Cooperation Agreements
Busca establecer límites y condiciones antes de que agencias locales colaboren con autoridades federales en operativos migratorios.
La propuesta requeriría que cualquier acuerdo entre agencias locales y federales —como los programas que permiten a policías locales actuar en funciones migratorias— incluya reglas claras para proteger a la comunidad.
Entre ellas, que agentes de inmigración identifiquen previamente a los oficiales que participarán en operativos, cumplan con las leyes estatales y eviten realizar acciones en lugares sensibles como escuelas, iglesias o tribunales.
Además, el proyecto plantea que las autoridades migratorias no puedan ingresar a viviendas, solicitar información general sobre personas ni realizar operativos sin una orden judicial válida, salvo en casos relacionados con delitos penales.
También se establecen restricciones al uso de tecnología de vigilancia —como reconocimiento facial o drones— en operativos migratorios, a menos que se trate de personas condenadas por delitos graves.
Asimismo, dispone que las autoridades migratorias deben abstenerse de llevar a cabo acciones de control migratorio dentro de un radio de 500 yardas de cualquier centro de votación durante el horario electoral, incluyendo una hora antes de que abran y una hora después de que cierren.
¿Qué sigue para estos proyectos de ley?
Las tres propuestas de ley pasaron la primera lectura y fueron remitidas a la Comité de Reglas y Operaciones de la Cámara de Representantes el 28 de abril.
Con pocas probabilidades de avanzar, Greenfield dijo a Enlace Latino NC que busca sentar bases para retomarlos si cambia la composición legislativa.
“Siempre mantengo la esperanza de que puedan llegar a un comité, ser escuchados y avanzar en el proceso legislativo. Sin embargo, la realidad es que, probablemente, no lo logren”, explicó la representante.
“Cuando logremos que más demócratas ocupemos nuestros escaños en noviembre, tendremos una oportunidad mucho, muchísimo mejor de cambiar el rumbo de las cosas”, agregó.
PODCAST
Después de la tormenta
Hace un año, el huracán Helene golpeó al oeste de Carolina del Norte. La comunidad latina respondió con algo más fuerte que la tormenta: solidaridad.
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