El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el 20 de julio una regla final que elimina las regulaciones de carga pública establecidas en 2022. La medida otorga a los funcionarios de inmigración mayor discreción para evaluar cada caso.
La nueva política entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. Protecting Immigrant Families (PIF) publicó una comparación que detalla los principales cambios.
¿Qué es la carga pública?
En el contexto de la ley de inmigración de los Estados Unidos, la carga pública (public charge) es un criterio de inadmisibilidad utilizado para determinar si una persona que solicita ingresar al país o ajustar su estatus a residente permanente (obtener la Green Card) dependerá principalmente del gobierno para su manutención.
Si las autoridades de inmigración (USCIS o el Departamento de Estado) consideran que un solicitante es o podría convertirse en una carga pública, pueden denegar la visa o la residencia.
¿A quiénes se aplica la carga pública?
Según el PIF, la evaluación se aplica a las personas que solicitan la green card a través de un familiar. También se aplica a personas con residencia permanente que salen de Estados Unidos por más de 6 meses.
¿Cuándo comienzan a aplicarse los cambios?
La nueva política entra en vigor el 18 de septiembre de 2026.
La regla de DHS se aplicará a las solicitudes de admisión presentadas a partir de esa fecha. También se aplicará a las solicitudes de ajuste de estatus enviadas por correo o electrónicamente desde el 18 de septiembre.
¿Qué cambia con los beneficios públicos?
Este es uno de los principales cambios. De acuerdo con Protecting Immigrant Families (PIF), bajo la regla de 2022, los funcionarios consideraban dos tipos de beneficios. Una era la asistencia monetaria federal o estatal para mantener los ingresos.
El otro era la institucionalización a largo plazo pagada por el gobierno. En términos más sencillos, se refiere a vivir por un periodo prolongado en una institución de cuidados cuando el gobierno paga esa atención.
PIF identifica estas dos categorías como las que se consideraban bajo la regla de 2022.
A partir del 18 de septiembre, los funcionarios ya no estarán limitados a esos tipos de beneficios, según PIF.
DHS señala que la nueva política dará a los funcionarios mayor discreción. Esto les permitirá considerar los hechos pertinentes al evaluar cada caso.
¿Qué pasa con los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre?
La fecha en que se recibieron los beneficios es importante.
Para beneficios utilizados antes del 18 de septiembre de 2026, los funcionarios podrán considerar los dos tipos incluidos en la regla de 2022.
Después de esa fecha, la nueva política permite considerar otros programas de asistencia social, según PIF.
La regla de DHS también aborda los beneficios sujetos a criterios de ingresos recibidos antes de su entrada en vigor. Estos serán considerados de acuerdo con la regla de 2022.
¿Pueden considerar los beneficios que recibe un familiar?
Hay un cambio importante en este punto.
Bajo la regla de 2022, no se consideraba el uso de programas de asistencia por parte de un familiar.
Con la nueva política, los funcionarios podrán considerar los beneficios que recibe un dependiente. Según PIF, esa información puede servir como evidencia de los ingresos y la situación financiera del solicitante.
Esto no significa que esos beneficios se consideren como si los hubiera recibido directamente el solicitante. PIF señala que pueden usarse como evidencia al evaluar sus ingresos y su situación financiera.
¿Qué pasa con la declaración jurada de patrocinio económico?
La declaración jurada de patrocinio económico sigue siendo obligatoria para los inmigrantes patrocinados. Sin embargo, cambia la manera en que los funcionarios pueden considerarla.
Bajo la regla de 2022, PIF señala que tener un patrocinador aumentaba las probabilidades de cumplir con la evaluación de carga pública.
Con la nueva política, la declaración sigue siendo obligatoria. Sin embargo, los funcionarios no deben considerarla un factor positivo.
¿Qué otros factores pueden considerar los funcionarios de inmigración?
PIF menciona varios factores que pueden formar parte de la evaluación. Entre ellos están la edad, los ingresos, la educación, las habilidades, el empleo y la salud. También pueden considerarse la declaración jurada de patrocinio económico y los programas de beneficios.
Con la nueva política, los funcionarios podrán considerar otros factores a su discreción.
DHS señala que este cambio da a los funcionarios mayor discreción para evaluar los hechos pertinentes de cada caso.
¿Recibir beneficios significa automáticamente que una persona será considerada carga pública?
No. La regla final no establece que recibir un beneficio determine por sí solo el resultado de la evaluación.
DHS señala que los funcionarios tendrán mayor discreción para evaluar los hechos pertinentes de cada caso.
¿Qué es lo más importante que hay que recordar?
La fecha clave es el 18 de septiembre de 2026.
A partir de ese día habrá varios cambios. Según PIF, los funcionarios ya no estarán limitados a los mismos tipos de beneficios incluidos en la regla de 2022.
También podrán considerar los beneficios que recibe un dependiente como evidencia de la situación financiera del solicitante. Además, tendrán discreción para considerar otros factores.
Sin embargo, PIF señala que no cambia quién está sujeto a la evaluación de carga pública.
Este artículo utiliza información de Protecting Immigrant Families, publicada en julio de 2026, y de la regla final sobre la carga pública del Departamento de Seguridad Nacional.
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