Carolina del Norte, Raleigh - El proyecto antiinmigrante de ley SB 101 que requiere que los alguaciles de Carolina del Norte y los administradores de centros penitenciarios en el estado a colaboren con el ICE, será discutido mañana 28 de junio, en el Comité Judicial 4 de la Cámara de Representantes.
La iniciativa, rescata en esencia, el espíritu de la propuesta antiinmigrante HB 370, aprobada en 2019 por la Asamblea General y vetada por el Gobernador Roy Cooper, por considerarlo inconstitucional y populista.
Si el proyecto recibe un reporte favorable, pasaría a la Comité de Reglas y Operaciones de la Cámara Baja. Si recibe luz verde iría al pleno de la Cámara de Representantes para su votación en el pleno.
Según la agenda legislativa, el Comité Judicial 4 se reunirá a las 2:00 p.m. en el salón 1228.
Proyecto parado desde marzo 2021
La propuesta SB 101 fue aprobada en el Senado estatal el 11 de marzo 2021 con una votación que siguió la línea partidista, con 27 votos de los republicanos a favor y 20 demócratas en contra.
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La iniciativa fue modificada levemente con la aprobación de dos enmiendas.
La primera de ella, la A1, eliminó una parte de la propuesta donde se castigaba con un delito de Clase 3, a los alguaciles y administradores de las cárceles locales que se negaran a informar al ICE sobre el arresto de inmigrante. Lo que deberían hacer durante las primeras 48 horas.
La segunda enmienda, la A2, clarificó el tipo de ofensas por las cuales se debe de verificar el estatus migratorio de los arrestados.
De este modo, el SB 101 aclara que esto debe suceder en los casos donde las ofensas que motivaron el arresto están relacionadas con delitos graves, entre otros:
- Pandillas
- Venta, producción y distribución de documentos falsos
- Homicidio
- Violación
- Ofensas sexuales
- Tráfico Humano
¿Qué más dice la propuesta que busca que los alguaciles colaboren con el ICE en Carolina del Norte?
De acuerdo con la SB 101, las personas detenidas tienen 48 horas para demostrar que son ciudadanos americanos, residentes legales o que tienen una condición migratoria legal en el país.
Caso contrario, los administradores de las cárceles de los condados deberán comunicarse con el ICE para que las autoridades migratorias emitan una orden de detención.
La persona recupera su libertad en caso de que el ICE no los tome bajo su custodia.