Carolina del Norte, Raleigh- Una propuesta de ley que busca que los alguaciles de Carolina del Norte verifiquen el estatus migratorio de los inmigrantes arrestados por ciertos delitos ,avanzó hoy al pleno del Senado estatal.
El Comité de Reglas y Operaciones del Senado dio un reporte favorable a la propuesta SB 101 en su reunión de esta mañana. Dicho Comité está dominado por los republicanos.
Según pudo conocer Enlace Latino NC la propuesta SB 101 sería votada en el pleno del Senado. Lo anterior sucedería inicialmente la tarde de hoy, pero el liderazgo lo pospuso probablemente para la sesión de mañana 11 de marzo.
“Esta propuesta no hace más segura a nuestras comunidades”. Lo anterior fue manifestado por Stefanía Arteaga estratega regional de derechos de los inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), durante la sesión de comentarios públicos.
“Miren lo que pasó en el condado de Alamance donde el alguaciles usaron perfil racial contra los latinos. Además, en medio de esta pandemia se sacarán fondos estatales y locales para implementar esta ley”, señaló.
“Esta propuesta es peligrosa porque los agentes del orden no se informan y crean una daño. La comunidad se siente desprotegida por un sistema que separa familias”. Fueron comentarios de Griselda Alonso.
Entre tanto, el senador Norman Sanderson, autor de la SB 101, dijo a Enlace Latino NC sentirse satisfecho con la propuesta de ley, ya que según él, está enfocado en personas violentas y criminales, y no en separar familias como se expuso durante el debate.
¿Qué dice la SB 101?
El texto final de la propuesta SB 101 busca que los alguaciles de Carolina del Norte o administradores de cárceles locales verifiquen el estatus de inmigración de los inmigrantes detenidos por ciertos delitos.
Con los cambios aprobados, cualquier persona indocumentada detenida por la fuerza policial local en Carolina del Norte, acusada de cometer delitos relacionados a control de sustancias ilícitas, homicidio, violación y otros delitos sexuales, agresión, tráfico de personas y pandillas serán puesta a las órdenes de las autoridades de ICE.
Las personas detenidas tienen 48 horas para demostrar que son ciudadanos, residentes legales o que tienen una condición migratoria legal.
Caso contrario, los administradores de las cárceles de los condados deberán comunicarse con ICE para que las autoridades migratorias emitan una orden de detención.
La persona recupera su libertad cuando no lo hagan.
Se penalizará con un delito menor clase 3 cuando los alguaciles a cargo de las cárceles de los condados no den aviso al ICE.
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