La propuesta conocida como “Make E-Verify Great Again” fue modificada en un comité de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, eliminando uno de sus cambios más significativos: la reducción de 25 a cinco empleados del mínimo requerido para que una empresa utilice el sistema federal E-Verify.
Según el proyecto de ley HB 1214, las empresas privadas seguirían sujetas a utilizar E-Verify únicamente si tienen 25 empleados o más.
Sin embargo, la medida conserva varias disposiciones que ampliarían las facultades de supervisión del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte, entre otros cambios.
El representante republicano Karl E. Gillespie es el principal patrocinador de la medida. Los representantes republicanos Neal Jackson, Ben T. Moss y Bill Ward también patrocinan el proyecto de ley.
Qué se mantiene: auditorías, sanciones y denuncias
La medida conserva la autoridad del Comisionado del Departamento de Trabajo para llevar a cabo investigaciones por denuncias.
También le da autoridad de realizar controles de cumplimiento mediante revisiones aleatorias de una muestra de empleadores y auditoria de registro laborales.
Estas revisiones deberán realizarse de manera neutral y no discriminatoria. El proyecto establece además que cada empleador no podrá ser objeto de un control aleatorio más de una vez por año.
El texto también limita el alcance de estas inspecciones a la revisión de documentación requerida por ley. No autoriza inspecciones físicas a propiedades privadas sin consentimiento o una orden legal.
Además, la propuesta mantiene la obligación del Comisionado de notificar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y a las agencias policiales locales cuando, durante una investigación, exista una “probabilidad razonable” de que una persona esté trabajando sin autorización migratoria.
Multas y cumplimiento
El proyecto conserva y reorganiza el sistema de sanciones para empleadores que incumplan los requisitos de E-Verify, estableciendo un esquema escalonado de penalidades:
- Primera violación: hasta $1,000 por cada verificación no realizada, con un máximo de $3,000.
- Segunda violación: entre $2,000 por cada verificación omitida, hasta un máximo de $10,000.
- Tercera o violaciones posteriores: hasta $5,000 por cada verificación omitida, con un tope de $25,000.
El Comisionado del Departamento de Trabajo también mantiene la facultad de remitir casos al Fiscal General para posibles acciones adicionales de cumplimiento.
Asimismo, la medida preserva disposiciones que protegen a los empleados que denuncien posibles violaciones de buena fe, prohibiendo represalias por parte de los empleadores.
Recursos y aplicación de la ley
La versión modificada reduce el financiamiento inicialmente propuesto.
Ahora asigna solamente $90,000 al Departamento de Trabajo estatal para la contratación de un empleado encargado de apoyar la aplicación de la ley bajo esta medida.
¿Cuál es el proceso legislativo?
La medida avanza en la Asamblea General como una versión sustitutiva propuesta por comité (PCS, en inglés), tras ser modificada en su paso por comités legislativos.
El Comité Judicial 2 y el Comité de Agricultura y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes le dieron un reporte favorable a la propuesta.
Mason Barefoot, en representación del Departamento de Trabajo de Carolina del Norte, y Kevin Wilkinson, en nombre de la Asociación de Contractores y Contratistas de las Carolinas, hablaron a favor de la medida durante estos comités.
Ahora, la iniciativa pasa al Comité de Reglas, Calendario y Operaciones y de recibir, también un reporte favorable, irá a votación final al pleno de la Cámara de Representantes.
De ser aprobado en esta cámara, pasaría al Senado para seguir el proceso legislativo antes de llegar al escritorio del gobernador Josh Stein.
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