Carolina del Norte, Raleigh- Una caravana con más de 60 vehículos circuló y se hizo escuchar en los alrededores del edificio de la Asamblea General de Carolina del Norte contra la agenda antiinmigrante que impulsan los legisladores republicanos.
Líderes comunales y religiosos, representantes de organizaciones sociales y miembros de la comunidad latina, expresaron su rechazo a los proyectos antiinmigrantes SB 101 y HB 62.
Las personas que se sumaron a la manifestación convocada por El Colectivo NC, organización que aglutina a grupos de base de la comunidad latina en Carolina del Norte, se trasladaron desde diferentes condados y ciudades hasta la capital del estado.
Piden el veto del gobernador
La manifestación de fuerza y el mensaje fueron dirigidos, estratégicamente, a los legisladores demócratas locales y a Roy Cooper, gobernador de Carolina del Norte, a quien solicitan, en caso de llegar a su escrito, vetar las dos iniciativas antiinmigrantes aprobadas la semana anterior.
Los legisladores republicanos son mayoría y controlan ambas cámaras, así como los comités donde se tramitan los proyectos de ley.
La agenda antiinmigrante avanza a paso acelerado y es poco lo que pueden hacer los bloques demócratas para frenarla.
Los representantes de la comunidad latina reconocen que la única forma de detener las iniciativas antiinmigrantes es por medio de Cooper y la eventual defensa del veto.
Protesta en movimiento
Desde sus vehículos, con pancartas y sin dejar de circular, los manifestantes exigieron respeto. También, reclamaron consideración por el trabajo esencial que realiza la población indocumentada en el estado, así como su aporte a la economía local y el desarrollo estatal.
Antelmo Salazar, presidente de El Colectivo NC, calificó los proyectos de ley de “racistas y antiinmigrantes”.
Salazar dijo a Enlace Latino NC que los grupos organizados y la comunidad en general están a la expectativa de lo que pueda suceder en la Asamblea General en los próximos días y las decisiones que tome el gobernador Roy Cooper.
“¡Basta ya! La fuerza está en la comunidad, no está en los políticos. Nosotros no queremos ser parte de juegos políticos”.
Trabajo colectivo
Anna Ilarraza-Blackburn, copresidenta de la organización Poor People’s Campaign en Carolina del Norte, conversó con Enlace Latino NC al finalizar la jornada.
Ilarraza-Blackburn dijo sentirse contenta y satisfecha con la respuesta de la comunidad latina, donde participaron personas indocumentadas, ciudadanos y residentes que, como explicó la líder comunal, “entienden que esto es inmoral”.
“Estas son las caras de la gente que están oprimiendo y perjudicando. Seguimos trabajando para cambiar la percepción sobre nuestra comunidad. Todos somos uno. Trabajando juntos podemos tumbar el racismo y esto es trabajar juntos”.
La importancia de entender a nuestra comunidad
Por su parte, Eliazar Posada, director ejecutivo de El Centro Hispano, subrayó la necesidad de vetar las propuestas de ley antiinmigrantes.
“Trabajamos y estamos aquí para que reconozcan la importancia de nuestra comunidad hispana, latina e inmigrante. Es importante que nuestros oficiales electos entiendan que nuestra comunidad y su trabajo son la base de Carolina del Norte”.
Acabar con el racismo
El reverendo Anthony Spearman, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color en Carolina del Norte, conocida por sus siglas en Inglés NAACP, participó en la conferencia de prensa que ofrecieron los representantes del movimiento y legisladores demócratas en la Asamblea General.
El líder religioso fue contundente contra el proyecto SB101, el cual tildó como “una de las tomas de poder más odiosas de nuestro tiempo”, porque propone represalias contra los alguaciles electos popularmente, es decir, “anular preventivamente los votos del pueblo”.
“Este intento de eliminar la discrecionalidad en los asuntos dirigidos a detener inmigrantes es una táctica que sale directamente de las páginas del libro de jugadas de la supremacía blanca nacional y denunciamos sus prácticas".
Apoyo de legisladores estatales
Las voces de Spearman y los líderes comunales contra la agenda antiinmigrante se sumaron a los mensajes de apoyo y el compromiso asumido por el representante Ricky Hurtado y el senador estatal Wiley Nickel contra la denominada agenda antiinmigrante.
Tanto Hurtado como Nickel recordaron que los bloques demócratas fueron consecuentes y votaron la semana anterior contra las iniciativas HB 62 y SB 101.
Voces latinas
"Estamos cansados de que presenten proyectos de ley antiinmigrantes, como el SB101, que separaría muchas familias. A la policía local no le corresponde asumir el trabajo de las autoridades de inmigración. ¡No más separación de familias!”.
“Venimos a pedirle al gobernador Cooper que vete el proyecto SB 101 para que la policía no colabore con el departamento de Inmigración y las familias se sientan seguras en Carolina del Norte”.
“No queremos estos proyectos, son incorrectos. Solicitamos el apoyo de las comunidades en Carolina del Norte. La economía necesita de nuestro trabajo. Si no nos dejan trabajar, ¿cómo vamos a sobrevivir? Saben que les hacemos falta”.
¿Qué plantean las iniciativas de ley?
El HB 62 anula y deja sin efecto cualquier política, ordenanza o procedimiento aprobado por los gobiernos locales que limiten o restrinjan las leyes federales migratorias, es decir, que favorezca a la población migrante indocumentada.
Además, el texto aprobado impone castigos o sanciones a las ciudades y condados que incumplan con la ley HB 318.
La HB 318 fue firmada por el exgobernador republicano Pat McCrory en octubre del 2015.
Asimismo, esta prohíbe las denominadas “ciudades santuario” en el estado.
También, la HB 62 le permite a cualquier persona -ciudadanos americanos y residentes legales- interponer demandas contra los gobiernos locales.
Esto es que, a su juicio, estén incumpliendo la ley estatal, sin necesidad de demostrar que se haya visto afectada.
Control sobre los alguaciles
El SB 101 plantea que:
Las personas indocumentadas detenidas por la policía en Carolina del Norte, sospechosas o acusadas de cometer ciertos delitos graves serían puestas a las órdenes de las autoridades federales migratorias.
Las personas detenidas tendrían 48 horas para demostrar que son ciudadanas, residentes legales o su condición migratoria les permite estar en el país.
Caso contrario, permanecerán bajo arresto a la espera del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
El proyecto ordena a los alguaciles y a los administradores de centros penitenciarios en el estado a colaborar con el ICE.
Si los funcionarios se rehúsan a notificar o acatar una orden de detención, podrían enfrentar procesos administrativos y sanciones.
Tras su aprobación, el HB 62 pasa al Senado y el SB 101 a la Cámara de Representantes.
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