Proyectos de ley Carolina del Norte
Senador demócrata Wiley Nickel en su exposición contra la SB 101 en el pleno del Senado/Enlace Latino NC

Carolina del Norte, Raleigh. – La Asamblea General de Carolina del Norte aprobó esta semana dos proyectos de ley que afectan de forma directa a la población migrante indocumentada.

La HB 62, “Cumplimiento de inmigración del gobierno / Ordenanzas obligatorias”, fue aprobada por la Cámara de Representantes (68-50).

En tanto, la SB 101, “Requerir cooperación con el ICE 2.0”, recibió el visto bueno del Senado (27-20).

¿Qué plantena las iniciativas de ley?

La HB 62 anula y deja sin efecto cualquier política, ordenanza o procedimiento aprobado por los gobiernos locales que limiten o restrinjan las leyes federales migratorias.

Es decir, que favorezca a la población migrante indocumentada.

Además, el texto aprobado impone castigos o sanciones a las ciudades y condados que incumplan con la ley HB 318, aprobada en el 2018 en Carolina del Norte.

¿Control sobre los alguaciles?

La SB 101 busca que los alguaciles de Carolina del Norte o administradores de cárceles locales verifiquen el estatus de inmigración de los inmigrantes detenidos por los ciertos delitos, como los antes mencionados.

Las personas detenidas tienen 48 horas para demostrar que son ciudadanos, residentes legales o que tienen una condición migratoria legal.

Caso contrario, los administradores de las cárceles de los condados deberán comunicarse con ICE para que las autoridades migratorias emitan una orden de detención.

La persona recupera su libertad en caso de que el ICE no los tome bajo su custodia.

Impacto en las comunidades

El debate de la SB 101 en el pleno del Senado de Carolina del Norte, se centró en el impacto que tendría la propuesta de ley en las comunidades. Así como también en la población inmigrante indocumentada.

El senador republicano Chuck Edwards (Henderson),  patrocinador de la SB 101, dijo  que la intención del proyecto es “cooperar con las autoridades federales” y sancionar a los alguaciles que “se rehúsan a cumplir con sus deberes”.

Edwards,  negó que el texto tenga un carácter racista o pretenda separar a las familias de indocumentados como lo denunciaron senadores demócratas.

Por medio de un comunicado de prensa, los senadores republicanos señalaron que el proyecto solamente “exige que los alguaciles dejen de albergar a "ilegales" delincuentes violentos en Estados Unidos” y “requiere que las ciudades santuario cooperen con ICE”.

Sin perjuicio racial

Durante su exposición ante el pleno del Senado, el legislador republicano Norman W. Sanderson (Pamlico), también autor de la SB 101, reiteró que la propuesta de ley apunta hacia las personas detenidas sospechosas de cometer delitos graves, sin importar el color de su piel, su religión, nacionalidad u origen.

“Cuando se comete un crimen, hay consecuencias. La familia de las víctimas es quien sufre y se separa".

Sanderson, indicó que esta ley, por la SB 101, ayudará a mantener a los criminales violentos fuera de nuestros barrios.

"Se trata de las víctimas de los crímenes”.

"Mensaje equivocado"

El tercer patrocinador de la SB 101, el senador republicano Danny Earl Britt, Jr. (Robeson), dijo a Enlace Latino NC que ya inició conversaciones con los miembros republicanos de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, a fin de explicar y promover el proyecto de ley.

Britt, insistió en que se está dando un mensaje equivocado a la comunidad, en tanto el proyecto apunta hacia “personas violentas” y sospechosas de cometer crímenes graves.

“Los derechos de las víctimas deben ser protegidos porque así lo establece la Constitución. No queremos dar un mensaje equivocado a la comunidad. El proyecto no pretende molestar a las familias (población indocumentada), el ICE no irá detrás de ellas”.

Temor y desconfianza

Los legisladores demócratas señalaron durante el debate que el proyecto solo generará mayor temor y desconfianza en la población migrante indocumentada y la policía local.

En materia de seguridad, el senador Wiley Nickel (Wake) dijo que, en muchos casos, la población indocumentada se resiste a reportar los crímenes en sus comunidades a la policía local por temor a ser deportados.

“Este proyecto de ley es perjudicial para las comunidades de inmigrantes. Erosionará la confianza entre los inmigrantes y las fuerzas del orden locales".

Nickel, afirmó que la SB 101 desalentará a la "población inmigrante a contactar a la policía cuando necesiten ayuda, lo que conducirá a comunidades menos seguras”.

"Solo estimulo el temor"

Igual criterio tiene el senador demócrata Mujtaba A. Mohammed (Mecklenburg), hijo de inmigrantes indios, quien dijo a Enlace Latino NC que el proyecto de ley aprobado contribuye poco con la seguridad en las comunidades, ya que solo estimula el temor.

Mohammed, afirmó en su discurso que la discusión del SB 101 genera una “división innecesaria”.  Mencionó  que sus promotores recurren a “las tácticas del miedo, ignorando la legislación y las políticas para mejorar la vida” de los electores.

“Desde mi experiencia legal personal y a partir de conversaciones con comunidades y con expertos, esta legislación reduce la confianza y la cooperación con las fuerzas del orden, ayuda a los acusados ​​de delitos a evadir el enjuiciamiento por delitos estatales, y bloque la justicia para las víctimas de delitos en Carolina del Norte”.

Ataque a los alguaciles

El senador demócrata Jay Chaudhuri (Wake) calificó el proyecto de ley como “antiamericano”. También lo calificó como un ataque directo hacia los alguaciles, quienes son funcionarios electos mediante voto popular.

Chaudhuri dijo que el Senado no podía “caer presa de la política del miedo y la división”.

“Este proyecto se trata de forzar a los alguaciles afroamericanos que están respetando su juramento y el deber de proteger sus comunidades, incluyendo todas las etnias".

El senador, mencionó que el país y el estado funcionan mejor cuando "todos nosotros -blancos, negros, latinos, musulmanes, hindúes y cristianos- trabajamos juntos”.

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Periodista Político en Enlace Latino NC. Productor ejecutivo y asesor en comunicación política, con más de quince años de trayectoria profesional.

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