Carolina del Norte, Raleigh- Durante los próximos meses o incluso semanas, el Senado de Carolina del Norte se dispondrá a votar el proyecto HB 10, una iniciativa que obliga a los alguaciles a cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
A diferencia de lo que sostuvo su principal patrocinador, el representante republicano Destin Hall, la norma no propone poner en proceso de deportación únicamente a personas que cometieron delitos graves como asesinatos o violaciones. En cambio, el propio texto de la ley ordena a los alguaciles poner a disposición de autoridades migratorias a “cualquier persona acusada de un delito” que se encuentre detenida.
En otras palabras, como explicó a Enlace Latino NC el abogado Adriel Orozco, del Centro de Justicia de Carolina del Norte, si se aprueba la HB 10 “podrían terminar deportando a gente que ha sido arrestada por delitos menores como infracciones de tránsito”.
¿Por qué la HB 10 es tan peligrosa?
Tal como indicó Orozco, el proyecto republicano pretende forzar a los alguaciles a cooperar con inmigración a través de dos modalidades distintas.
En primer lugar, obliga a los alguaciles a informar a ICE cada vez que arrestan a una persona acusada de cometer ciertos delitos. Dentro de esa lista de delitos, se encuentran algunos muy graves como asesinatos o violaciones, y otros menores, que no incluyen violencia.
“No es cierto que todos los delitos mencionados en la HB 10 sean considerados graves. Por ejemplo, están mencionados los `asaltos menores´, que son simplemente amenazas que no llegan a concretarse y tienen penas inferiores a un año. También incluye incumplimientos a órdenes civiles de protección o cuestiones vinculadas con drogas, que históricamente se han utilizado para criminalizar y deportar a poblaciones de bajos recursos que cometen actos no violentos”, afirmó el abogado.
En segundo lugar, el proyecto contiene un apartado que apunta a cualquier persona detenida en una cárcel, independientemente del delito que haya cometido.
Se trata del inciso b1, donde se menciona a “cualquier persona acusada de un delito penal confinada por cualquier período en una cárcel”.
Afecta a personas acusadas de cometer delitos muy menores
Como aclara Orozco, “el inciso b1 dice que si ICE hace una solicitud –llamada `detainer´– para mantener a una persona en custodia con la finalidad de recogerla e iniciarle un proceso migratorio, el alguacil está obligado a cumplirla”. Sin importar cuál fue el motivo que llevó a la persona a prisión.
Frente a esos casos, los alguaciles deben detener a la persona durante 48 horas o hasta que sea recogida por ICE, lo que ocurra primero.
Se trata de una gran diferencia con la situación actual. Ahora los alguaciles cuentan con la posibilidad de decidir si desean cumplir o no con esa orden.
En palabras de Stefania Arteaga, activista de Carolina Migrant, las personas recogidas por ICE serán trasladadas a un centro de detención. “Y allí ya no estarían peleando los cargos por los que entraron en primer lugar, como por ejemplo una infracción de tránsito, sino que estarían peleando su proceso de deportación”.
Fractura en el vínculo de la comunidad latina con los alguaciles
La HB 10, en resumen, incluye dos obligaciones hacia los alguaciles. Una “activa”, que consiste en informar a ICE la detención de personas acusadas de cometer ciertos delitos. Y otra “pasiva”: cumplir con la detención de 48 horas extra de personas acusadas de cometer cualquier clase de delito cuando ICE lo solicite.
Según informa Arteaga, en condados como Mecklenburg, una iniciativa similar a la HB 10 llamada 287 (g), que funcionó entre 2006 y 2018, dejó un saldo de 15,000 personas puestas en proceso de deportación. Dos de cada tres de esas personas habían sido detenidas por delitos menores, como infracciones de tránsito.
No obstante, más allá del flagelo de la deportación de personas trabajadoras y la separación de familias, estudios han demostrado el tremendo impacto de esta clase de programas en toda la comunidad.
“Muchas investigaciones muestran que cuando los alguaciles colaboran con ICE las comunidades inmigrantes no se sienten cómodas de buscar apoyo en la policía”, sostuvo Arteaga.
Las consecuencias de la falta de confianza en las fuerzas de seguridad han provocado que víctimas de delitos no se atrevan a hacer las denuncias correspondientes. También han hecho que testigos de crímenes no se acerquen a declarar.
Impacto en la comunidad
“Incluso hubo muchos estudios en el condado de Mecklenburg que mostraron que familias latinas sufrían hambre. No iban a comprar comida por temor a ser arrestadas mientras conducían”, relató Arteaga.
Investigaciones de la universidad de Duke también demostraron que el 287 (g) afectó la salud de los recién nacidos. La investigación estableció que el programa condujo a una disminución de las consultas médicas prenatales de las madres inmigrantes. Lo cual derivó en una disminución del peso de los bebés al nacer.
La doctora Felicia Arriaga, especialista en criminalización de inmigrantes, recordó las situaciones abusivas que se vivieron durante la vigencia del 287 (g).
“En algunos lugares del estado se utilizó para abusar de la comunidad. Vimos casos en los que los alguaciles se estacionaban en la puerta de lugares donde se reunían inmigrantes. No queremos regresar a eso”, manifestó Arriaga con preocupación.
Proyecto innecesario
Proyectos de ley como el HB 10 también son innecesarios, ya que, bajo el Estatuto general de Carolina del Norte, los alguaciles ya deben de consular y notificar al ICE en relación con las personas indocumentadas.
"Por lo tanto", señaló en un comunicado de prensa publicado en febrero, el alguacil del condado de Garry Mecklenburg, "todos los alguaciles, por la ley, ya están obligados a cooperar con ICE. Con o sin HB 10 y SB 50".
¿Cuándo puede convertirse en ley la HB 10?
A pesar de la oposición de los alguaciles de Wake, Mecklenburg y 9 condados, la HB 10 ya ha sido aprobada en la Cámara.
Para convertirse en ley, aún falta que sea votada en el Senado. Tanto Arteaga como Orozco aseguran que eso puede ocurrir en breve. Tan pronto como la próxima semana, o eventualmente antes de que finalice la sesión legislativa en junio.
Si bien el gobernador Roy Cooper, perteneciente al Partido Demócrata, ha vetado iniciativas similares en el pasado, actualmente la situación es diferente. Los republicanos cuentan con supermayoría en ambas cámaras, lo cual les permitiría revertir cualquier veto del gobernador.
Más temprano que tarde, coinciden los especialistas, la HB 10 se convertirá en ley y la comunidad latina se encontrará desprotegida frente a un sistema migratorio cruel e injusto.
Consulte aquí el texto completo de la Ley HB 10