Carolina del Norte, Raleigh- Por 71 votos contra 44, la Cámara de Representantes de Carolina del Norte votó a favor del proyecto que busca obligar a los alguaciles a cooperar con ICE para averiguar el estatus migratorio de personas detenidas por ciertos delitos.
Tres demócratas - los representantes Tricia Cotham(Mecklenburg), Cecil Brockman (Guilford) y Michael Wray (Halifax, Northampton, Warren) - se unieron a los republicanos para apoyar el proyecto de ley.
Mientras que dos legisladores demócratas, Marvin Lucas, (Cumberland), y Carla Cunningham, Mecklenburg, no emitieron voto alguno, ni a favor ni en contra de la medida.
Tras pasar sin sobresaltos por los comités Judicial y de Reglas y Operaciones, el HB 10 tampoco encontró mayores obstáculos en el pleno de la Cámara este martes 28 de marzo por la tarde.
A pesar de la resistencia de los propios alguaciles y de grupos defensores de las personas migrantes, el proyecto quedó un paso más cerca de convertirse en ley. Para que eso ocurra, no obstante, aún debe ser aprobado en el Senado y sortear un eventual veto del gobernador.
El representante Destin Hall, republicano de Lenoir y uno de los principales patrocinadores del proyecto de ley, dijo antes de la votación que la gran mayoría de los 100 alguaciles del estado ya hacen voluntariamente lo que la HB 10 les obligaría a hacer.
Sin embargo, la razón principal por la que el proyecto de ley es necesario, dijo, es el pequeño número de alguaciles en los condados principalmente urbanos como Wake y Mecklenburg, donde los alguaciles han prometido no cooperar con el ICE.
"Hay un pequeño número de alguaciles en nuestro estado que han dejado completamente de trabajar con el ICE, y en muchos casos, dejó de comunicarse con el ICE de ninguna manera significativa", dijo Hall.
¿Qué propone el proyecto de ley?
El proyecto HB 10: "Exigir a los alguaciles que cooperen con el ICE" obliga a los 100 alguaciles en el estado a consultar al Servicio de Inmigración y Aduanas por el estatus migratorio de una persona detenida y acusada de ciertos delitos.
Si la persona está indocumentada, les exige a los alguaciles cumplir con una orden de detención o "detainer" (que actualmente es voluntaria), manteniéndola detenida hasta por 48 horas adicionales después de su fecha de liberación, o hasta que el ICE responda a esta orden. De este modo los agentes pueden tomar su custodia y comenzar el proceso de deportación.
Se trata de una iniciativa similar al programa 287(g), que entre 2006 y 2018 provocó la deportación de alrededor de 30,000 inmigrantes en Carolina del Norte. Muchas de esas personas fueron inicialmente detenidas por delitos menores, como infracciones de tránsito.
¿Para qué tipo de delitos los alguaciles estarían obligados a cooperar con ICE?
Según el proyecto, los alguaciles deberán contactar a ICE en casos de personas detenidas que estén acusadas de haber cometido los siguientes delitos:
- Delitos graves relacionados con la Ley de Sustancias Controladas (no simple posesión u otros delitos menores).
- Un delito grave bajo como: homicidio, violación y otros delitos sexuales, secuestro y rapto, trata de seres humanos, y delitos de bandas criminales de Carolina del Norte.
- Un delito menor de Clase A1(abuso de niños, sexual, cyberbullying, por ejemplo) o un delito grave de agresión, que incluiría agresión a una mujer y los otros delitos menores más graves, pero no una simple agresión.
- Violación de una orden de protección contra víctimas de violencia doméstica.
Contactar a senadores
Tras la aprobación de la propuesta HB 10 en la Cámara de Representantes organizaciones y grupos proinmigrantes reaccionaron: "Seguiremos luchando para que este proyecto de ley no avance en el Senado", dijo a Enlace Latino NC Antelo Salazar, presidente de El Colectivo NC, una coalición de organizaciones y grupos de base en el estado.
"Le pedimos a la comunidad que se comuniquen con sus senadores y le pidan que voten en contra cuando esta propuesta se vote allí. Los senadores deben hacer lo correcto y proteger a las familias, no deportarlas.
La HB 10 pone en riesgo a toda la comunidad
Por su parte El Centro Hispano condenó el avance de los proyectos de ley antiinmigrantes, HB 10/SB 50.
Para la organización sin fines de lucro, estos proyectos de ley ponen en riesgo la seguridad de la población y socavan las relaciones de confianza y cooperación existentes con las autoridades locales.
"Durante muchos años, hemos trabajado muy duro para construir puentes y relaciones basadas en la confianza y el entendimiento mutuo entre la comunidad inmigrante y las autoridades locales", dijo Pilar Rocha-Goldberg, presidenta y directora general de El Centro Hispano.
"Las propuestas HB 10/SB 50 erosionan los esfuerzos realizados hasta la fecha, que han contribuido significativamente a crear comunidades más seguras y condiciones para una participación e inclusión reales. Carolina del Norte no necesita leyes cargadas de prejuicios, ignorancia y racismo", señaló Rocha-Goldberg.
Ataque a la democracia
La "HB 10 no se trata de seguridad comunitaria", dijo en una declaración de prensa Iliana Santillán, directora ejecutiva de la organización el Pueblo. "Se trata de atacar a la comunidad inmigrante, de difundir el miedo entre las fuerzas del orden público y nuestra comunidad".
Santillán señaló que esta propuesta de ley se originó como "represalia" contra los alguaciles afroamericanos elegidos por los norcarolinos en el 2018 y reelegidos en el 2022. La "HB 10 es un ataque contra la democracia", indicó.
Los alguaciles que optaron por terminar los acuerdos del programa de deportación 287(g), entre sus oficinas y el ICE son los de los condados de Wake, Durham, Buncombe, Mecklenburg y Forsyth.
El Pueblo está pidiendo a los miembros de la comunidad que se opongan a este proyecto de ley firmando su petición: https://bit.ly/3jbEVWc y contactando a sus legisladores.
¿Qué chances hay de que el proyecto que obliga a los alguaciles a cooperar con ICE se convierta en ley?
Tras la aprobación en la Cámara de Representantes, el HB 10 debe ser votado en el Senado. Actualmente en el Senado avanza un proyecto similar bajo el número SB 50. Eso podría reducir los tiempos de debate y acelerar el trámite. Dado que el Senado también cuenta con mayoría republicana, el partido al que pertenecen los impulsores del proyecto, casi con seguridad logrará un voto positivo.
Una vez que el proyecto reciba el visto bueno en el Senado, deberá pasar por la oficina del gobernador, Roy Cooper, quien tendrá la opción de firmarlo, vetarlo o dejarlo que se convierta en ley, sin su firma.
El año pasado, Cooper vetó un proyecto similar que ordenaba a los alguaciles cooperar con ICE. Teniendo en cuenta ese precedente, es probable que vuelva a vetarlo. Sin embargo, tras la última elección, los republicanos ganaron numerosos curules en la Asamblea General y quedaron a apenas un senador de la supermayoría. Es decir, de poder revertir un eventual veto del gobernador.
En ese contexto, si un senador demócrata decide no votar con su bloque o simplemente se ausenta de una votación por el motivo que fuera, los republicanos lograrían imponer el HB 10 aunque el gobernador se oponga.