Un viaje en familia o con amigos a la playa en Carolina del Norte o en Carolina del Sur podría convertirse en una pesadilla para los inmigrantes indocumentados si, durante el trayecto, son detenidos por las autoridades en un condado o municipalidad que tenga un acuerdo con Inmigración.
Para viajar a destinos playeros tan populares como Wilmington y los Outer Banks en Carolina del Norte, o Myrtle Beach y Charleston en Carolina del Sur, hay que atravesar condados donde los alguaciles o la policía local operan el programa 287(g).
Qué es el 287(g)
El 287(g) es una herramienta del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que sirve para delegar en las agencias policiales estatales y locales la revisión del estatus migratorio de las personas que entran en las cárceles e incluso de aquellas detenidas durante paradas en la calle, dependiendo de la modalidad del programa.
Según datos compilados por The Markup y cotejados con informes oficiales actualizados del ICE al 18 de marzo de 2026, en Carolina del Norte hay un total de 29 acuerdos 287(g).
En tanto, en Carolina del Sur, un estado más pequeño, hay 44 acuerdos, lo que la convierte en uno de los 10 estados del país con más acuerdos con el ICE.

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Aumento exponencial del 287(g)
Varios de los acuerdos fueron firmados durante el primer gobierno del presidente Donald Trump, pero su expansión ha sido exponencial en este segundo gobierno.
Enlace Latino NC conversó con Dulce López, estratega de Abogacía de Derechos de los Inmigrantes de ACLU en Carolina del Sur, para conocer cómo ha sido la situación en un estado donde hay tantos acuerdos con ICE.
“Estos acuerdos se han ido incrementando de manera exponencial. El año pasado solo teníamos tres acuerdos en todo el estado y actualmente vemos un aumento de más de 10 veces, lo cual es muy preocupante”, dijo López.
Esto significa que viajar por autopistas y calles de las Carolinas, ya sea para ir a la playa o por cuestiones de trabajo, implica un riesgo que los inmigrantes indocumentados deben tener en cuenta.
“Una persona indocumentada que está viajando por las carreteras tiene un riesgo significativo y real de ser detenida y posiblemente deportada”, advirtió López.
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¿Qué tipos de acuerdos 287(g) existen?
Hay tres tipos de acuerdos 287(g):
- Modelo de Ejecución en las Cárceles (Jail Enforcement Model)
- El Modelo del Funcionario de Servicio para Órdenes Judiciales (Warrant Service Model)
- Modelo del Grupo Operativo (Task Force Model), considerado el más agresivo.
Modelo del Grupo Operativo (Task Force Model) (el mayor poder)
Varios condados y departamentos de policía de municipalidades de ambos estados cuentan con la modalidad “Task Force”, considerada la más agresiva de las tres modalidades del programa 287(g).
De los 29 acuerdos que tiene Carolina del Norte, dos condados y cuatro municipalidades tienen la modalidad “Task Force”, mientras que de los 44 acuerdos con ICE en Carolina del Sur, 9 condados y 17 municipalidades la tienen. Además, en Carolina del Sur, dos agencias estatales cuentan con este modelo 287(g); es decir, les permite aplicarlo en todo el estado.
El ICE describe este tipo de acuerdo como “un multiplicador de la fuerza” que les permite a las agencias policiales estatales y locales realizar detenciones migratorias en el marco de sus labores policiales de rutina.
“Este modelo, la forma más amplia y profunda de la complicidad con ICE, esencialmente vuelve a los agentes de la policía en agentes de ICE”, dice ACLU de Carolina del Norte en su sitio web.
“Vacacionar a la playa puede ser algo peligroso”
El Modelo de Grupo Operativo 287(g) fue descontinuado bajo el presidente Obama tras abusos reiterados y documentados contra los derechos civiles asociados al programa, incluida la caracterización racial. ICE resucitó el modelo en 2025.
“Bajo esta modalidad, una infracción menor de tránsito puede escalar rápidamente a una verificación del estatus migratorio y a la transferencia a la custodia del ICE. En la práctica, ir a vacacionar a la playa puede ser algo peligroso para una persona indocumentada”, señaló López.
En Carolina del Norte
Oficinas del alguacil de los condados de Onslow y Columbus (2).
Municipalidades en departamentos de policía de: Robbins (condado Moore), Newland (condado Avery), Beulaville (condado Duplin) y Brookford (condado Catawba) (4).
En Carolina del Sur
Oficinas del Alguacil de los condados: Beauford, Berkeley, Chester, Laurens, Georgetown, Jasper, Kershaw, Pickens y Union (9).
Municipalidades en departamentos de policía de: Clinton (Laurens), *Coward (Florence), Duncan (Spartanburg), *Elloree (Orangeburg), *Eutawville (Orangeburg), *Gaston (Lexington), Harleyville (Dorchester), *Holly Hill (Orangeburg), Jamestown (Berkeley), *North Police (Orangeburg), *Olanta (Florence), *Pelion (Lexington), *Perry (Aiken), Ridgeway (Fairfield), *Salley (Aiken), *Santee (Orangeburg), *Scranton (Florence) (17).
*Hay varias municipalidades en el mismo condado.
Agencias estatales: Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Sur (SCDPS) y División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SCLED).

Modelo de Ejecución en las cárceles (Jail Enforcement Model) (más poder, solo en las cárceles)
Bajo este modelo, ICE delega ciertas autoridades migratorias a las agencias policiales estatales y locales para identificar a inmigrantes en custodia estatal y local y posicionarlos en los procedimientos migratorios.
Los funcionarios penitenciarios en las cárceles locales, bajo la supervisión de ICE, son apoderados por el gobierno federal para sustituirlo e interrogar a las personas en su custodia sobre su estado migratorio y canalizarlas a la vía directa de la deportación.
“Los acuerdos 287(g) de ejecución en las cárceles ponen la ejecución de leyes migratorias en el centro de las cárceles locales, delegando en los funcionarios penitenciarios tareas para las cuales están mal preparados y aumentando la probabilidad de errores y abusos”, señala ACLU de Carolina del Norte.
ACLU explica que estos acuerdos normalmente se acompañan de contratos para alquilar espacio en la cárcel y para detener a migrantes en procedimientos de remoción o a quienes esperan ser deportados, lo que les permite a los condados aprovecharse monetariamente de la crueldad presente en la detención de migrantes.
Según ICE, este modelo está diseñado para identificar y procesar a los extranjeros deportables —con cargos penales o pendientes— que son arrestados por agencias policiales estatales o locales. Luego, los oficiales autorizados pueden presentar una solicitud de retención administrativa ante el ICE para retener a la persona hasta 48 horas después de que, de otro modo, sería liberada, lo que permite a los oficiales de ICE recoger al individuo. (Similar a la ley HB 318 de Carolina del Norte).
En Carolina del Norte
Oficinas del Alguacil de los condados: Person, Henderson, Gaston y Cabarrus (4).
En Carolina del Sur
Oficinas del Alguacil de los condados: Hurry, Lexington y York (3).

Modelo del Funcionario de Servicio para Órdenes Judiciales (Warrant Service Model (poderes limitados)
Este tipo de acuerdo le permite a ICE capacitar, certificar y autorizar a agentes locales de la policía para servir y ejecutar órdenes judiciales y administrativas sobre inmigración a la gente que ya está bajo custodia en la cárcel de su agencia.
El gobierno federal creó esta versión del acuerdo en el 2019 y a veces se le llama “287(g)-lite” porque ha requerido menos entrenamiento y ha delegado menos responsabilidades a la policía local.
En Carolina del Norte
Oficinas del Alguacil de los condados: Catawba, Carteret, Union, Onslow, Cherokee, Craven, Columbus, Brunswick, Avery, Yancey, Duplin, Lincoln, Randolph, Alamance, Albemarle, Caldwell, Nash, Cleveland y Rockingham (19).
En Carolina del Sur
Oficinas del Alguacil de los condados: Anderson, Berkeley, Charleston, Chester, Dorchester, Georgetown, Greenville, Lancaster, McCormick, Newberry, Oconee, Pickens, Spartanburg y Union (14).
¿Qué hacer si se encuentra en una jurisdicción 287(g)?
Todas las personas en los Estados Unidos, sin importar su estatus de ciudadanía o de inmigración, tienen derechos garantizados por la Constitución.
ACLU recomienda “Conocer sus Derechos” para que la persona se proteja a sí misma y a sus seres queridos. Pero además de conocer sus derechos, las personas indocumentadas deben seguir ciertas recomendaciones al conducir un vehículo.
*Vea la Guía de Inmigración de Enlace Latino NC
“Siempre recomendamos que la persona trate de manejar en el límite, que tenga todos los documentos disponibles en regla, la aseguranza del auto, la placa al día y todo en el carro en buen funcionamiento”, comentó López.
Pero si la persona es detenida por alguna razón mientras conduce o es pasajera, debe conocer sus derechos.
“Lo primero que les recomendamos es no responder preguntas sobre su estatus migratorio, no firmar ningún documento sin asesoría legal, tener un plan de emergencia y tener listos poderes notariales para un familiar o un abogado. Es tener y tomar medidas para reducir los riesgos”, explicó López.
López también dijo, que por lo general las familias inmigrantes tienen estatus migratorios mixtos, lo que significa que en una familia puede haber ciudadanos, residentes permanentes e indocumentados.
“En esta situación se recomendaría que la persona que es ciudadana o residente legal usara esos privilegios y derechos de tener una licencia de manejar y lo tomara como un deber de proteger a su familia”, indicó.
“Otras familias no tienen a nadie con estatus migratorio, así que es decisión de cada persona asumir el riesgo. Aunque una de las cosas que pueden eliminar ese riesgo es abstenerse de manejar o viajar a lugares donde hay políticas migratorias riesgosas”, agregó.
Estos acuerdos crean temor e incertidumbre en las comunidades
En un clima de incertidumbre actual en Estados Unidos, debido al endurecimiento de las políticas migratorias y al riesgo para los inmigrantes indocumentados derivado del incremento de los operativos de las autoridades del ICE, la expansión de programas como el 287(g) en las Carolinas aumenta el temor en las comunidades.
“Es un hecho que nuestro estado se ha convertido en un lugar crítico para la expansión de este tipo de acuerdos, en un número desproporcionado, lo que ha generado un clima de miedo e incertidumbre entre las comunidades migrantes”, asegura López.
López contó, que los rumores de actividad de inmigración ocasionan que las personas se llenen de pánico y paren de realizar sus actividades diarias.
“La gente no lleva a sus niños a la escuela; evita ir al pediatra si llega a la clínica y ve a la policía cerca, o a trabajadores que abandonan las áreas de construcción porque imaginan que vieron a inmigración merodeando”, mencionó. “Estas políticas afectan la vida diaria de las personas de formas inimaginables”, añadió.
Esta situación pudo evidenciarse de primera mano durante el operativo de una semana “Charlotte’s Web” realizado en noviembre por la Patrulla Fronteriza (CBP) en el área de Charlotte y el Triángulo, que dejó, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al menos 425 detenidos.
López dijo, que ACLU a nivel nacional ha recolectado datos específicos para su reporte extensivo de 77 páginas “Deputized for Disaster” “Delegado para el Desastre”, sobre el impacto de los acuerdos 287(g).
“Estos acuerdos violan los derechos civiles de las personas, tienen un costo significativo para las personas que pagan impuestos y causan la pérdida de la confianza en las policías locales. Estos acuerdos no son positivos para la comunidad inmigrante ni para la comunidad en general”, apuntó.
Leyes estatales que incrementan el poder de ICE
En Carolina del Norte entró en vigor la Ley HB 318 en octubre, que profundiza el alcance de la colaboración de los alguaciles con ICE y reforza la HB 10, vigente desde diciembre de 2024. Esta ley obliga a todas las oficinas del alguacil de los 100 condados a colaborar con ICE.
La HB 10 sólo requería esta notificación para algunos delitos graves. Ahora, con la HB 318, la lista de delitos es mucho más amplia.
En Carolina del Sur está avanzando el proyecto de ley HB 4764 que exigiría que todas las agencias policiales locales y del condado con un centro de detención participen en uno de los tres modelos del programa 287(g).
A dónde acudir
Puede ir al sitio web de la ACLU de Carolina del Norte para obtener información sobre cómo conocer sus derechos como inmigrante, reportar violaciones a los derechos civiles o conocer las organizaciones que cuentan con líneas directas de defensa comunitaria.
El sitio web de la ACLU de Carolina del Sur también ofrece información sobre “Cómo Conocer sus Derechos”. También puede obtener más detalles sobre los acuerdos 287(g) en los sitios de la ACLU de Carolina del Norte y de Carolina del Sur, donde encontrará buscadores de estos programas por condado y municipio.



