Aunque las leyes de inmigración son competencia exclusiva del gobierno federal, los estados tienen facultades para legislar sobre seguridad pública, empleo, acceso a beneficios estatales y funcionamiento de las agencias locales. En Carolina del Norte, esas atribuciones se han usado en los últimos años para impulsar medidas consideradas antiinmigrantes. Se trata de leyes que fortalecen la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), amplían los mecanismos de verificación migratoria y endurecen requisitos para empleadores y organismos públicos.
El resultado no es una única ley migratoria, sino un conjunto de normas aprobadas en distintos momentos que, en conjunto, ponen en riesgo la calidad de vida y la seguridad de los inmigrantes en el estado.
A continuación, las principales leyes aprobadas por la Asamblea General y qué significan para la comunidad inmigrante.
HB 10: la ley que convirtió en obligatoria la cooperación entre cárceles e ICE
La HB 10, sancionada en 2024, marcó un punto de inflexión en Carolina del Norte. Antes de su entrada en vigor, la cooperación entre los alguaciles y ICE dependía, en gran medida, de la política adoptada por cada oficina del sheriff: algunos condados colaboraban activamente con la agencia federal, mientras que otros limitaban esa cooperación.
Con la HB 10, esa discrecionalidad desapareció para determinados casos. La ley, vigente desde el 1 de diciembre de 2024, obliga a los alguaciles a verificar el estatus migratorio de las personas arrestadas por ciertos delitos y, cuando corresponda, notificar al ICE. También exige cumplir las solicitudes de detención administrativa (“detainers”) emitidas por la agencia federal.
En la práctica, si una persona es arrestada por alguno de los delitos contemplados en la ley y el alguacil no puede confirmar que es ciudadana estadounidense o que tiene estatus migratorio legal, debe comunicarse con el ICE. Si la agencia emite un detainer, la cárcel debe seguir un procedimiento judicial que puede derivar en que la persona permanezca detenida hasta 48 horas adicionales mientras el ICE decide si la toma bajo su custodia.
La legislación no aplica a cualquier arresto. Entre los delitos incluidos se encuentran determinados delitos relacionados con drogas, armas, agresiones, delitos sexuales, violencia doméstica y conducir bajo la influencia del alcohol o las drogas.
Una de las preguntas más frecuentes desde que se aprobó la ley fue qué ocurre con las infracciones menores de tránsito. La HB 10 no obliga a los alguaciles a verificar el estatus migratorio cuando una persona es arrestada únicamente por infracciones menores o por delitos que no figuran en la lista de la legislación. Sin embargo, organizaciones defensoras de inmigrantes y abogados recuerdan que, incluso antes de esta ley, algunas personas terminaron en procesos migratorios tras haber sido detenidas inicialmente por infracciones menores, especialmente durante la vigencia de antiguos acuerdos 287(g).
HB 318: una expansión de la cooperación con ICE
Menos de un año después, la Asamblea General fue un paso más allá. El Senado aprobó la HB 318. Aunque el gobernador Josh Stein la vetó por considerarla inconstitucional, el bloque republicano de la Asamblea General anuló ese veto y la ley entró en vigor el 1 de octubre de 2025.
La HB 318 no reemplaza a la HB 10: la amplía. Extiende los casos en los que los alguaciles deben colaborar obligatoriamente con el ICE y reduce aún más el margen de decisión de las autoridades locales. El abogado de inmigración William Vásquez, entrevistado por Enlace Latino NC, resumió la diferencia:
“La HB 318 básicamente está forzando a todos los alguaciles a tener que respetar una orden de detención de ICE frente a delitos que antes no generaban esa obligación. Ya no tienen ningún tipo de discreción”.
La ley incorpora nuevas conductas a la lista de la HB 10, entre ellas otros delitos graves y determinados casos de agresión sexual. Otro cambio importante es que la cooperación puede activarse desde el momento del arresto, no después de una condena: basta con que una persona sea arrestada por alguno de los delitos contemplados para que el proceso se active, sin importar cómo termine después el caso penal. Ese punto es uno de los más cuestionados por abogados de inmigración.
Vásquez adviertió que esto puede tener consecuencias delicadas cuando hay errores policiales o denuncias falsas: “Lamentablemente, la ley no hace excepciones por errores. El sistema migratorio no pregunta si fue justo o no, solo si hay un detainer. Esa es la parte más oscura de esta ley: un error puede convertirse en la separación de una familia”.
Uno de los cambios más relevantes es que la HB 318 obliga a todos los condados del estado a seguir el mismo procedimiento, incluidos aquellos cuyos alguaciles antes optaban por limitar la cooperación con el ICE. Como explicó Vásquez: “Estas leyes son muy específicas en forzar a que todos los condados operen de la misma manera. No hay discreción. Donde sea que lo arresten, van a hacer lo mismo”.
El impacto de la HB 318 va más allá de lo jurídico. El abogado advirtió que también puede aumentar el temor de las personas inmigrantes a interactuar con las autoridades, incluso cuando son víctimas de un delito: “Si yo soy víctima de un crimen, ahora no sé si quiero llamar a la policía”. Ese miedo, señaló, podría traducirse en menos denuncias y, en consecuencia, en mayores niveles de impunidad.
SB 153: la ley migratoria estatal más amplia hasta ahora
Si la HB 10 y la HB 318 modificaron la relación entre las cárceles y el ICE, la SB 153 (conocida como “North Carolina Border Protection Act”) representa un cambio mucho más amplio, que reúne en un solo texto medidas sobre cooperación policial, beneficios públicos, vivienda, universidades y políticas santuario.
Su trámite fue el más largo de todas estas leyes: aprobada por el Senado el 10 de junio de 2025, fue vetada por el gobernador Stein diez días después, junto con la HB 318. Mientras el veto a la HB 318 se anuló en julio de 2025, el de la SB 153 quedó pendiente casi un año: la Asamblea General recién anuló el veto el 24 de junio de 2026, fecha en la que la ley entró en vigor de forma inmediata. Varias de sus disposiciones, sin embargo, todavía requieren reglamentos y procedimientos internos antes de poder aplicarse plenamente.
La primera parte de la ley obliga a cuatro agencias estatales a firmar acuerdos 287(g) con el ICE:
- Departamento de Seguridad Pública
- Departamento de Correccionales para Adultos
- Patrulla Estatal de Carreteras (North Carolina Highway Patrol)
- Buró Estatal de Investigaciones (SBI)
Los agentes que participen deberán recibir capacitación del ICE y actuar bajo supervisión federal. Uno de los aspectos que más incertidumbre genera es cómo se implementará esa obligación: la ley ordena desarrollar políticas internas, pero no aclara si una parada de tránsito constituye automáticamente que una persona está “bajo supervisión” de la Patrulla Estatal, en qué momento podrán verificarse datos migratorios, ni qué tipo de acuerdo 287(g) firmará cada agencia. Consultado por Enlace Latino NC sobre cuándo firmaría la Patrulla de Carreteras su acuerdo, el presidente de la Cámara, Destin Hall, respondió: “Imagino que tan pronto como puedan organizarlo razonablemente”, y aclaró que dependerá del memorando de entendimiento que acuerden ambas partes.
De todas formas, la SB 153 no otorga a los agentes estatales facultades para deportar personas. La deportación sigue siendo competencia exclusiva del gobierno federal. Lo que la ley hace es aumentar el intercambio de información con el ICE y fortalecer los mecanismos de cooperación, lo que puede incrementar las posibilidades de que una persona termine dentro del sistema migratorio federal.
La segunda parte de la legislación se concentra en los beneficios públicos. Aunque los inmigrantes indocumentados ya estaban excluidos de la mayoría de los programas financiados por el estado, la SB 153 ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos revisar los criterios de elegibilidad y desarrollar mecanismos adicionales de verificación migratoria antes de conceder ciertos beneficios: Medicaid (salvo emergencias), subsidios para el cuidado infantil, asistencia para vivienda y alquiler, programas de energía para familias de bajos ingresos, Work First, programas para refugiados y algunos programas de salud mental y apoyo comunitario.
Los acuerdos 287(g): la otra pieza clave del panorama migratorio
Las leyes aprobadas por la Asamblea General no son el único mecanismo que ha ampliado la cooperación migratoria en Carolina del Norte. En los últimos años, el estado también se consolidó como uno de los que más acuerdos 287(g) mantiene entre agencias locales y el ICE.
El programa 287(g) permite al gobierno federal delegar ciertas funciones migratorias en agencias locales o estatales, cuyos oficiales reciben capacitación del ICE y actúan bajo supervisión federal. En Carolina del Norte existen tres modelos:
- Jail Enforcement Model (JEM): permite a oficiales capacitados dentro de cárceles locales verificar el estatus migratorio de personas arrestadas por delitos estatales o locales y emitir retenciones para el ICE. Solo tres condados —Cabarrus, Gaston y Henderson— mantienen este modelo.
- Warrant Service Officer (WSO): autoriza a oficiales locales a servir órdenes administrativas de arresto de ICE contra personas que ya están bajo custodia. Es más limitado que el JEM, porque no habilita entrevistas migratorias ni patrullajes en la calle. Es el modelo más extendido en el estado.
- Task Force Model (TFM): permite a oficiales locales colaborar en investigaciones y arrestos en la comunidad, fuera del entorno carcelario. Es el modelo más amplio y también el más cuestionado, porque traslada la cooperación migratoria a espacios cotidianos como una parada de tránsito o una investigación policial, sin que la persona esté necesariamente detenida.
Según datos compilados por The Markup y cotejados por Enlace Latino NC con documentos oficiales, en septiembre de 2025 había 23 acuerdos activos en el estado, todos firmados durante los gobiernos de Donald Trump. Pero el panorama volvió a cambiar rápido: desde entonces, seis agencias adoptaron el modelo Task Force, el más agresivo y hasta entonces inédito en Carolina del Norte, elevando el total a 29 acuerdos hacia marzo de 2026. La cifra ubica a Carolina del Norte entre los 15 estados con más acuerdos 287(g) del país.
Ese salto en el modelo Task Force es relevante porque, a diferencia del JEM o el WSO, que están limitados a personas ya detenidas en una cárcel, permite que oficiales locales hagan cumplir leyes migratorias en la calle: durante una parada de tránsito, una investigación o un retén. Organizaciones defensoras de inmigrantes consideran que este modelo puede aumentar el miedo a reportar delitos, conducir, acudir a instituciones públicas o interactuar con la policía, incluso cuando una persona necesita ayuda.
Cabe recordar que, a diferencia de la HB 10, la HB 318 o la SB 153, firmar un acuerdo 287(g) sigue siendo una decisión discrecional de cada alguacil o departamento de policía, salvo, ahora, para las cuatro agencias estatales que la SB 153 obliga a suscribirlo. Esto significa que el resultado de una elección local puede determinar si un condado se suma al programa, permanece en él o se retira.
Leyes que afectan a los inmigrantes en Carolina del Norte: derribando mitos
Una de las consecuencias de este tipo de legislación es la circulación de rumores o información incompleta. Por eso conviene aclarar qué hacen y qué no hacen estas normas.
No cambian quién puede obtener una visa, una residencia permanente, asilo, TPS, DACA o la ciudadanía estadounidense. Esas decisiones siguen dependiendo del gobierno federal. Tampoco autorizan a las autoridades estatales o locales a deportar personas por cuenta propia, la deportación sigue siendo una facultad federal.
Lo que sí hacen es aumentar las situaciones en las que autoridades estatales o locales deben verificar información migratoria, compartir datos con el ICE o retener a una persona por un período adicional cuando la agencia federal emite una solicitud de detención.
E-Verify: más controles para los empleadores
A diferencia de las leyes anteriores, esta iniciativa todavía no se convirtió en ley: es un proyecto en discusión en la Cámara de Representantes.
En mayo de 2026, legisladores republicanos presentaron el proyecto conocido como “Make E-Verify Great Again” (HB 1214), que originalmente buscaba ampliar de forma considerable el número de empresas obligadas a utilizar el sistema federal E-Verify, reduciendo de 25 a cinco empleados el umbral mínimo para que una empresa tuviera que usarlo. En junio de 2026, tras modificaciones en comité, ese cambio fue eliminado: de convertirse en ley con la versión actual, el requisito seguiría aplicándose únicamente a empresas privadas con 25 empleados o más, como ocurre hoy.
Aunque ese punto se eliminó, la iniciativa mantiene otras disposiciones con impacto potencial sobre los empleadores. Entre ellas, nuevas facultades para el Departamento de Trabajo de Carolina del Norte, que podría realizar auditorías aleatorias para verificar el cumplimiento de E-Verify y revisar documentación laboral. El proyecto también mantiene la obligación de que el Departamento de Trabajo notifique al ICE y a las agencias policiales cuando exista una “probabilidad razonable” de que una persona esté trabajando sin autorización migratoria.
Si el proyecto avanza en su forma actual, la mayoría de sus disposiciones entrarían en vigor el 1 de octubre de 2026. A diferencia de la HB 10 o la HB 318, esta iniciativa no modifica la cooperación entre autoridades estatales y el ICE respecto de personas arrestadas: su objetivo es reforzar la supervisión sobre empleadores y el cumplimiento del sistema federal de verificación laboral.
PODCAST
Después de la tormenta
Hace un año, el huracán Helene golpeó al oeste de Carolina del Norte. La comunidad latina respondió con algo más fuerte que la tormenta: solidaridad.
🎧 En este episodio, conoce cómo las organizaciones latinas transformaron la crisis en resiliencia.
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