¿Qué es la SB 153?
Es una nueva ley estatal, conocida como North Carolina Border Protection Act, que amplía la cooperación entre algunas agencias estatales y el ICE. También ordena revisar si se otorgan beneficios públicos a personas sin estatus migratorio, refuerza las restricciones a las políticas de santuario y prohíbe que las universidades públicas del sistema UNC adopten medidas que limiten la cooperación con las autoridades migratorias federales.
¿Cuándo entra en vigor?
La ley fue aprobada hoy, 24 de junio, y entra en vigor de inmediato tras la anulación del veto del gobernador Josh Stein por parte de la Asamblea General. Sin embargo, varias de sus disposiciones requieren que las agencias desarrollen políticas y procedimientos antes de implementarlas por completo, lo cual se desconoce hasta ahora.
¿A quién afecta?
La ley puede afectar a:
- Personas inmigrantes sin estatus migratorio legal.
- Personas que estén bajo custodia o supervisión de agencias estatales.
- Gobiernos locales.
- Universidades públicas del sistema UNC.
La ley tiene 6 partes; algunas ya son leyes aprobadas previamente, como las políticas de santuario.
PARTE 1: Cooperación de agencias con el ICE
¿Qué cambia?
La legislación exige que 4 agencias estatales firmen acuerdos 287(g) con el ICE para permitir que agentes designados desempeñen determinadas funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias. Los oficiales que participen deberán recibir capacitación de ICE y actuar bajo supervisión federal.
Las agencias son:
- Departamento de Seguridad Pública.
- Departamento de Correccionales para Adultos.
- Patrulla Estatal de Carreteras, conocida como la NC Highway Patrol.
- Buró Estatal de Investigaciones (SBI).
¿Qué es un acuerdo 287(g)?
Es un convenio que permite a ciertos agentes estatales recibir capacitación de ICE y colaborar en funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias bajo supervisión federal. Hay varios tipos de acuerdo: uno que funciona dentro de las cárceles, cuando las personas ya han sido arrestadas, y otro es el Task Force, en el que los oficiales del orden actúan como el ICE en las calles, lo cual incluye paradas de tránsito.
¿Qué deberán hacer estas agencias?
Las agencias deberán:
- Intentar determinar si una persona bajo su custodia o supervisión es ciudadana o residente legal.
- Consultar y compartir información con ICE cuando determinen que una persona no es ciudadana ni residente legal.
- Cooperar con ICE en la máxima medida permitida por la ley.
¿La Patrulla Estatal podrá preguntar sobre el estatus migratorio durante una parada de tráfico?
No está claro.
La ley no establece expresamente que los agentes puedan o deban preguntar por el estatus migratorio durante una parada rutinaria de tráfico. Tampoco aclara si una parada de tráfico constituye estar “bajo supervisión” según el lenguaje de la ley.
El texto habla de personas que estén “bajo custodia o supervisión” de las agencias cubiertas por la ley, pero no especifica cómo se aplicará esa disposición en situaciones cotidianas ni qué procedimientos seguirán los agentes.
¿Se sabe cómo se implementará esta parte?
La ley no lo dice expresamente.
La ley ordena a las agencias que desarrollen políticas internas, pero estas aún no se han publicado.
Ese es uno de los principales vacíos.
El texto habla de personas bajo “custodia o supervisión”, pero no explica:
- Si una parada de tráfico constituye automáticamente estar bajo supervisión.
- Si los agentes podrán hacer preguntas migratorias en controles rutinarios.
- Si las consultas a ICE ocurrirán únicamente después de arrestos o también en otras circunstancias.
Todavía no se sabe:
- Cuándo se verificará el estatus migratorio.
- Qué información se compartirá con ICE.
- Cuánto tiempo podría durar una verificación.
- Qué tipo de acuerdo 287(g) adoptará cada agencia.
- Cómo funcionará el proceso durante arrestos o investigaciones
Tampoco se sabe:
- Qué modelo de acuerdo 287(g) firmará cada agencia.
- Cuántos agentes serán capacitados.
- Cuándo se harán las verificaciones migratorias
- Cómo afectará las paradas de tráfico.
- Si habrá nuevas directrices para arrestos o retenciones.
¿Qué es lo más importante que todavía no se sabe?
Aunque la ley ya está vigente, todavía no se conocen muchos detalles sobre su aplicación práctica. Las agencias deberán redactar políticas y procedimientos internos para implementar varias de sus disposiciones. Por ahora, no está claro exactamente cómo se realizarán las verificaciones migratorias, qué alcance tendrán los acuerdos 287(g) ni cómo afectarán las interacciones cotidianas entre la comunidad y las agencias estatales
¿Podrán los agentes estatales deportar personas?
No. La SB 153 no otorga autoridad para deportar.
La deportación sigue siendo una facultad exclusiva del gobierno federal. Lo que hace la ley es aumentar la colaboración y el intercambio de información con ICE. Y ese es el primer paso hacia una posible deportación.
¿Podría aumentar el riesgo de que una persona termine en manos de ICE?
Sí, potencialmente.
Si una persona es arrestada o queda bajo custodia de una de estas agencias y se determina que no tiene estatus legal, la ley exige compartir información con el ICE y mantener la cooperación con la agencia federal.
PARTE 2: Beneficios públicos
Aunque en Carolina del Norte los indocumentados NO tienen acceso a beneficios públicos como seguro de desempleo, vivienda, subsidios de vivienda, Medicaid (solo en casos de emergencia), etc., las siguientes partes de la ley establecen que:
La segunda parte de la SB 153 ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (DHHS) tomar medidas para impedir, en la medida permitida por la ley federal, que personas que residan en Estados Unidos sin autorización legal reciban beneficios financiados por el estado.
La ley exige que el departamento revise y actualice los criterios de elegibilidad de los programas estatales y desarrolle mecanismos para verificar el estatus migratorio de los solicitantes que no sean ciudadanos antes de otorgar beneficios.
Entre los programas que deberán revisarse se encuentran:
Medicaid, subsidios para cuidado infantil, asistencia para vivienda y alquiler, programas de energía para familias de bajos ingresos, Work First, programas para refugiados y algunos servicios de salud mental y de apoyo comunitario.
PARTE 3: Vivienda pública
Las agencias estatales y las autoridades locales de vivienda deberán revisar la elegibilidad para los programas de vivienda pública y crear mecanismos para verificar el estatus migratorio de ciertos solicitantes.
¿Qué programas incluye?
- Asistencia para alquiler.
- Housing Choice Voucher (Sección 8).
- Vivienda subsidiada.
- Programas de compra de vivienda.
- Programas de vivienda asequible.
¿Se sabe cómo harán esas verificaciones?
No. La ley ordena crear los mecanismos, pero todavía no explica cómo funcionarán.
PARTE 4: Beneficios por desempleo
Antes de recibir beneficios por desempleo, los solicitantes deberán ser verificados para confirmar que están legalmente autorizados a residir en Estados Unidos.
¿Cuándo debe implementarse?
La fecha inicial estaba establecida para el 15 de enero de 2026, pero tras la anulación del veto, hasta hoy no hubo actualización de esta fecha.
PARTE 5: Políticas Santuario
¿Qué cambia para ciudades y condados?
La ley refuerza la prohibición de las políticas de santuario, ya existentes por ley en el estado. Además, establece que las ciudades o condados que incumplan la ley podrían perder ciertas protecciones legales frente a demandas civiles.
PARTE 6: Universidades públicas
¿Qué cambia para las universidades del sistema UNC?
Las universidades públicas no podrán adoptar políticas que limiten la aplicación de las leyes migratorias federales más allá de lo permitido por la ley federal.
>>> Consulte el texto completo de la nueva ley migratoria North Carolina Border Protection Act
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