Carolina del Norte, Raleigh- El proyecto de ley que busca que los alguaciles de Carolina del Norte y los administradores de centros penitenciarios en el estado colaboren con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), tendrá su primera prueba de fuego mañana martes 23 de febrero.
El Comité Judicial del Senado será el primer paso del debate del proyecto de ley SB 101 “Requerir la Cooperación con las Órdenes de Detención del ICE 2.0”.
El comité es presidido por Norman W. Sanderson (Pamlico) y Danny Earl Britt, Jr (Robeson), dos de los tres senadores republicanos autores de la medida.
Además, el Comité Judicial, tiene como miembro a Chuck Edwards (Henderson), el tercer senador republicano coautor de la iniciativa.
Aprobación garantizada
El Comité Judicial cuenta con un total de 16 miembros, diez senadores republicanos, y seis demócratas.
La mayoría de los senadores republicanos integrantes de este comité también apoyan el proyecto de ley SB 101, por lo se espera un reporte favorable.
¿Qué dice la propuesta?
El proyecto de ley busca que se verifique el estatus migratorio de una persona que haya sido arrestada por delitos como producción, venta o distribución de drogas o sustancias ilícitas, homicidio, rapto, abuso sexual, asalto a un menor, tráfico humano y uso de material explosivo. Además, por conducir en estado de ebriedad.
En los casos en los que la policía local determine que la persona detenida es indocumentada o no puede demostrar su estatus migratorio, deberá notificar a las autoridades migratorias federales durante las siguientes 48 horas.
Incluso si la corte de Carolina del Norte está lista para liberar a una persona hasta su fecha de audiencia, la cárcel tendría que retenerla durante 48 horas más para darle tiempo a ICE para arrestarla.
Según la ley federal, las órdenes de retención de ICE son voluntarias.
La persona tiene el derecho de presentar pruebas de su residencia legal o ciudadanía durante el mismo periodo de tiempo y quedar en libertad si lo demuestra.
Si los administradores de los centros de detención se rehúsan a notificar o acatar una orden de detención generada por el ICE, podrían ser acusados de un delito menor de Clase 1. Es decir, recibir multas y pasar hasta 120 días en prisión.
La pieza legislativa también señala que comenzando el 1 de octubre del 2022, los encargados de la cárcel deberán entregar un reporte sobre:
●El número de veces que la facilidad contactó al ICE,
●El número de veces que la agencia les respondió,
●La cantidad de veces que la agencia envió un orden de detención,
●El número de veces que un detenido permaneció por las 48 horas,
●La cantidad de veces que a un detenido se le deja en libertad al demostrar prueba de su ciudadanía o residencia,
●El número de veces que ICE tomo bajo custodia a un individuo.
La nueva propuesta del proyecto de ley es una mezcla de los proyectos HB 370 y SB 341, ambos del 2019.
El Comité Judicial del Senado se reunirá mañana a las 11:00 a.m. en el salón 544.
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