Por Paola Jaramillo y Mario Alfaro
paola@enlacelatinonc.org, mario@enlacelatinonc.org
Carolina del Norte, Raleigh- Un grupo de Senadores republicanos presentaron un proyecto de ley que busca que los alguaciles de Carolina del Norte y los administradores de centros penitenciarios en el estado colaboren con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
La nueva versión del proyecto antiinmigrante HB 370, "Requerir la Cooperación con las Órdenes de Detención del ICE 2.0", se tramitó en la Asamblea General bajo el número de propuesta SB 101.
La iniciativa fue firmada y presentada en una rueda de prensa realizada hoy, 15 de febrero, en el edificio legislativo estatal, por los senadores Chuck Edwards (Henderson), Norman W. Sanderson (Pamlico) y Danny Earl Britt, Jr (Robeson).
¿Qué dice la propuesta?
El proyecto busca que se verifique el estatus migratorio de una persona que haya sido arrestada por delitos como producción, venta o distribución de drogas o sustancias ilícitas, homicidio, rapto, abuso sexual, asalto a un menor, tráfico humano y uso de material explosivo. Además, por conducir en estado de ebriedad.
En los casos en los que la policía local determine que la persona detenida es indocumentada o no puede demostrar su estatus migratorio, deberá notificar a las autoridades migratorias federales durante las siguientes 48 horas.
La persona tiene el derecho de presentar pruebas de su residencia legal o ciudadanía durante el mismo periodo de tiempo y quedar en libertad si lo demuestra.
Si los administradores de los centros de detención se rehúsan a notificar o acatar una orden de detención generada por el ICE, podrían ser acusados de un delito menor de Clase 1. Es decir, recibir multas y pasar hasta 120 días en prisión.
La pieza legislativa también señala que comenzando el 1 de octubre del 2022, los encargados de la ceacel deberán entregar un reporte sobre:
●El número de veces que la facilidad contactó al ICE,
●El número de veces que la agencia les respondió,
●La cantidad de veces que la agencia envió un orden de detención,
●El número de veces que un detenido permaneció por las 48 horas,
●La cantidad de veces que a un detenido se le deja en libertad al demostrar prueba de su ciudadanía o residencia,
●El número de veces que ICE tomo bajo custodia a un individuo.
La nueva propuesta es una mezcla de los proyectos HB 370 y SB 341, ambos del 2019.
La HB 370 fue aprobada en el 2019 por la Asamblea General y vetada por el Gobernador Roy Cooper, quien calificó la iniciativa de populista e inconstitucional en ese momento.
Pequeños cambios
El senador Sanderson, promotor del nuevo texto, explicó a Enlace Latino NC que la nueva versión del HB 370, tiene "cambios sustantivos" con respecto a la versión original del 2019. Por ejemplo, eliminaron la posibilidad de despedir a los alguaciles de sus cargos -funcionarios electos por voto popular- por incumplir la ley.
“Si leen el veto, las diferentes razones que dio (el Gobernador Cooper) para vetarlo (el HB 370) en 2019, podrán ver que revisamos y corregimos cada una de ellas. Él estaba muy preocupado por la posibilidad de remover oficiales electos popularmente. Ahora, si la persona (funcionario) sabe lo que tiene que hacer, pero se rehúsa a hacerlo, solo puede ser acusada por incumplimiento de deberes”. Lo anterior fue explicado por Sanderson.
Cooperar con las autoridades federales
Los senadores republicanos hablan de cooperar con el ICE, de generar mecanismos de apoyo y control con las autoridades federales. La policía, afirman, solo actuaría cuando se trate de personas detenidas por infringir la ley y que no puedan demostrar la legalidad de su estatus migratorio.
Lowell Griffin, alguacil del condado de Henderson, participó en la conferencia de prensa organizada por los senadores republicanos. Ante una consulta de Enlace Latino NC, el funcionario se manifestó a favor de la iniciativa de ley.
“En mi opinión, creo que la nueva redacción debería ser apoyada”. Respondió Griffin.
Griffin es cuidadoso con sus palabras. No quiere que se interprete como una política antiinmigrante. Política que pueda ser utilizada para perseguir a la comunidad migrante indocumentada y a los funcionarios que no quieran colaborar con el ICE.
“Yo no criminalizo a las personas por no tener documentos. Yo no determino que alguien es ilegal hasta que no comete un crimen. La gente (población migrante) viene aquí porque quiere algo mejor para sus familias. Totalmente comprensible. Nuestra economía podría colapsar sin los inmigrantes y entiendo su importancia. Esta gente es maravillosa y solo quiere una vida mejor”, señaló el alguacil de Henderson.
Griffin dijo que la policía requiere trabajar de forma conjunta con las autoridades federales para sacar a los criminales de las comunidades. La misma población latina, afirma, llama a las autoridades para denunciar a sujetos peligrosos en sus comunidades.
“Necesitamos trabajar con el gobierno federal para mantener la seguridad en nuestras ciudades. De eso se trata. No se trata de buscar a nadie. No tenemos jurisdicción para preguntar o determinar la nacionalidad de ninguna persona en las calles. Ni siquiera podemos preguntar eso”, agregó el funcionario.
Esta es la cuarta propuesta antiinmigrante presentada hasta el momento en la Asamblea Legislativa de Carolina del Norte a poco más de un mes de haber asumido la sesión del 2021.
Apoyo para policías
Durante la misma rueda de prensa, los senadores republicanos, en compañía de miembros de las asociaciones de policía, presentaron la propuesta SB 100: "Police Protection Fund Act", que pretende garantizar el financiamiento de los cuerpos policiales que se han visto afectados por el incremento de crímenes violentos.
“No queremos ver a la policía desfinanciada, no queremos que reduzcan sus presupuestos”, manifestó el senador Sanderson.
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