Para una madre de tres hijos que vive en Charlotte, la incertidumbre migratoria se suma a otra preocupación urgente: cómo sostener a su familia. Las dificultades económicas la han obligado a mudarse, a quedarse sin automóvil y a recurrir a la ayuda para cubrir necesidades básicas, según relató en el estudio “Vivir bajo un control migratorio más estricto“, publicado por el Urban Institute.
“Nos ha tocado mudarnos por no poder pagar en un lugar, tener que buscar otro”, contó. A la búsqueda de una vivienda se añade el temor de que la documentación se convierta en una barrera para conseguir dónde vivir.
La ayuda llegó en forma de una despensa de alimentos y de una donación de dinero. “Gracias a Dios, pudimos pagar la luz, la renta y demás”, relató. Aunque logró cubrir esos gastos, explicó que los atrasos la obligaron a pagar cargos por mora.
Su testimonio forma parte de las 34 entrevistas que el equipo de investigación del Urban Institute realizó con madres y padres de familias latinas con estatus migratorio mixto en Chicago y Charlotte a mediados de 2026.
Para entonces, los operativos migratorios de gran visibilidad habían disminuido en ambas ciudades, pero persistía la amenaza de nuevas acciones de control migratorio.
El temor a la separación familiar
Las entrevistas exploraron cómo los adultos y los niños viven en un entorno de mayor control migratorio y los efectos de dicho control sobre la estabilidad económica, la educación de los hijos y la salud física y mental de las familias.
También abordaron los cambios en las rutinas diarias, el acceso a asistencia legal y la preparación familiar ante una emergencia.
El estudio examinó, además, las medidas y los apoyos que han ayudado a las familias inmigrantes, así como aquellos que aún necesitan para afrontar los desafíos persistentes.
Entre ellos, las acciones de integrantes de la comunidad, organizaciones comunitarias, escuelas, proveedores de atención médica y autoridades locales.
En todas las entrevistas, la amenaza de un encuentro con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que pudiera separar a un padre o una madre indocumentada de su familia marcaba la vida cotidiana de todos los integrantes del hogar, incluidos los hijos con ciudadanía estadounidense.
Chicago y Charlotte: operativos migratorios
Chicago y Charlotte vivieron operativos migratorios de gran visibilidad a finales de 2025, pero las familias inmigrantes enfrentaron esos despliegues bajo marcos de protección distintos, según el Urban Institute.
En Illinois, las políticas estatales y de Chicago promueven la integración de los inmigrantes y limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales.
También se han implementado medidas de protección en escuelas, hospitales, tribunales y centros de cuidado infantil.
En Charlotte, las iniciativas locales de acogida conviven con leyes estatales que exigen una mayor colaboración con ICE.
Aunque Mecklenburg terminó su acuerdo 287(g) en 2018, la Asamblea General aprobó medidas que obligan a los alguaciles a cooperar con la agencia federal y a determinadas agencias estatales a asumir funciones de control migratorio en virtud de dichos acuerdos.
Cambios en el empleo y el temor por ICE
Casi la mitad de las madres participantes en el informe reportaron cambios en su empleo a raíz del operativo migratorio realizado en su ciudad.
Las mujeres atribuyeron estos cambios al temor a salir a espacios públicos y a exponerse a un posible encuentro con el ICE.
Entre quienes reportaron cambios, la mayoría redujo su jornada laboral o dejó su empleo.
“Sí, pues las horas de trabajo disminuyeron un poco y, aparte, pues antes también había fines de semana, y ahorita pues ya no hay mucho”, dijo una madre de dos niños residente en Chicago.
“Mi pareja a veces iba a trabajar en otros lugares; o sea, tenía como un part-time en algunos lugares, o eso, y también ya se terminó todo eso, ya no hay”, señaló.
Algunas dejaron de trabajar temporalmente y regresaron con jornadas más cortas cuando disminuyó la intensidad de los operativos.
Solo una madre aumentó sus horas laborales tras la detención de su esposo y la consecuente caída de los ingresos familiares.
Hijos que trabajan para sostener a sus familias
Algunas madres entrevistadas para el estudio señalaron que sus hijos adolescentes y adultos jóvenes comenzaron a trabajar o buscar empleo para ayudar a pagar la renta, los servicios y los alimentos.
La mayoría eran ciudadanos estadounidenses y enfrentaban un menor riesgo de detención migratoria que sus padres.
“Tuvimos que hacer como un plan [de] familia de que mi hijo, el mayor, y mi hija tenían que trabajar para ellos seguir con los gastos adelante, porque aquí pagamos renta, pagamos biles, para la comida”, mencionó una madre de tres hijos en Chicago.
Para esta madre, el impacto en toda la familia fue muy grande, ya que la vida de sus hijos tuvo que cambiar drásticamente.
“A mi hija, la de 20 años, tuvo que dejar su colegio para enfrentar esta vida, para que ella tuviera que trabajar más y poder cubrir los gastos de la casa”, afirmó.
En algunos casos, buscar trabajo fue una medida preventiva ante una posible detención de sus padres.
En otros, respondió a la reducción de las horas de trabajo, a la detención o a la deportación de uno de ellos. Una madre relató que, tras la deportación de su esposo, su hija dejó la universidad para contribuir al sustento de la familia.
Búsqueda para ayuda de necesidades básicas
La mayoría de los padres y madres consultados reportaron dificultades económicas relacionadas con el control migratorio, que provocaron retrasos en el pago de la renta y de los servicios.
La caída de los ingresos y el aumento del precio de los alimentos agravaron la situación.
Algunas familias enfrentaron desalojos o tuvieron que mudarse a apartamentos más pequeños o a una sola habitación.
Las madres recurrieron a bancos de alimentos, iglesias, escuelas y organizaciones comunitarias para conseguir comida.
En algunos casos, recibieron las donaciones en sus hogares para evitar exponerse a posibles encuentros con agentes migratorios.
Muchas familias también recibieron ayuda de organizaciones comunitarias para pagar la vivienda, el gas, la electricidad y el agua.
Otras agotaron sus ahorros o fondos de emergencia, y algunas vendieron sus vehículos para afrontar los gastos.
Freno al acceso a ayudas para los hijos
Pese a las dificultades económicas, la mayoría de las madres que compartieron su testimonio, expresaron temor a solicitar Medicaid o el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para sus hijos elegibles, destaca el informe.
Les preocupaba que sus datos se utilizaran para el control migratorio o que recibir ayuda afectara futuros trámites bajo el criterio de “carga pública”.
Aun con esas inquietudes, la mayoría mantuvo a sus hijos nacidos en Estados Unidos en Medicaid, al considerar la atención médica un derecho básico y una necesidad prioritaria.
Con la ayuda alimentaria, la respuesta fue diferente: más de la mitad de las madres consideró que participar en SNAP representaba un riesgo migratorio y optó por no hacerlo.
Cinco madres cuyos hijos habían perdido recientemente ese beneficio no volvieron a solicitarlo por esas preocupaciones.
Algunas de quienes seguían recibiéndolo señalaron que necesitaban la ayuda para alimentar a sus hijos, pese al temor.
El miedo a ICE y la atención médica
El temor constante a ser separadas de sus hijos afectó gravemente la salud mental de las madres participantes en el estudio.
Entre los esfuerzos por evitar posibles encuentros con ICE y las dificultades para cubrir las necesidades familiares, muchas relegaron su propio bienestar.
Casi la mitad reportó haber faltado a citas médicas por miedo a encontrarse con agentes migratorios.
Nueve de ellas padecían enfermedades crónicas que suelen requerir atención continua, como la diabetes, la hipertensión, las afecciones cardíacas o el cáncer.
Algunas también pospusieron exámenes ginecológicos y mamografías, mientras que otras necesitaban atención por nuevos problemas de salud, pero temían salir de casa.
En Chicago, algunos consultorios ofrecieron transporte a pacientes que habían faltado a varias citas.
Sin embargo, el temor también llevó a algunas familias a evitar los hospitales, incluso en situaciones que finalmente requirieron cirugía u hospitalización. Para otras madres, una emergencia de sus hijos las obligó a salir pese al miedo, al considerar que la salud de los menores era la prioridad.
El costo dificulta el acceso a la asistencia legal
Más de la mitad de los padres y madres participantes en el estudio señalaron que no contaban con acceso a asistencia legal.
Aunque casi la mitad había hablado brevemente con un abogado —para una consulta migratoria, preparar documentos de tutela o responder a la detención de un familiar—, el costo dificultaba obtener o mantener sus servicios.
Para muchas familias, pagar a un abogado estaba fuera de su alcance mientras intentaban cubrir la renta y otros gastos básicos.
Algunas tampoco sabían cómo encontrar profesionales confiables o tenían horarios laborales incompatibles con las consultas.
“No tengo una referencia confiable. No tengo el dinero, obvio, para hacer una consulta”, relató una madre de tres hijos en Charlotte.
Algunas familias también dudaban de la utilidad de contratar representación legal ante los cambios en las políticas migratorias.
Otras señalaron que abogados les habían indicado que no calificaban para determinadas opciones de alivio migratorio o de asistencia legal.
Miedo y ansiedad
El temor y el estrés derivados del aumento del control migratorio afectaron el bienestar emocional de las madres consultadas.
Algunas habían recibido o recibían apoyo psicológico, principalmente a través de organizaciones sin fines de lucro cercanas a sus hogares.
Dos expresaron que necesitaban más sesiones tras concluir la atención inicial.
Entre quienes no habían recibido consejería, algunas manifestaron interés en acceder a ella y señalaron que sus parejas y otros familiares también podrían beneficiarse.
Sin embargo, el costo, la falta de seguro médico y las dificultades para acceder a la ayuda limitaban el acceso.
Algunas también se sentían abrumadas por la cantidad de información.
“Estoy como sola guardando muchas cosas”, relató una madre de cuatro hijos en Chicago, quien expresó su necesidad de contar con alguien con quien hablar y recibir apoyo.
El impacto continúa después de los operativos
Para las madres participantes en el estudio de Urban Institute, la disminución de los operativos migratorios en sus ciudades no significó recuperar la tranquilidad.
Meses después, el temor a un encuentro con ICE y a la separación de sus hijos seguía condicionando sus decisiones cotidianas: salir a trabajar, acudir al médico o buscar asistencia legal.
Los hallazgos muestran cómo ese miedo puede convertirse en una cadena de dificultades.
Trabajar menos reduce los ingresos; esa reducción dificulta el pago de la vivienda y los alimentos, mientras que las necesidades médicas y legales quedan relegadas.
Además, sobre las madres recae la presión emocional de sostener el hogar y atender a sus hijos, advierte el estudio.
Las familias han encontrado formas de enfrentar estas circunstancias. Han recurrido a organizaciones comunitarias, familiares, vecinos y voluntarios, han reorganizado sus rutinas y, en algunos casos, han buscado apoyo psicológico.
Sin embargo, los autores advierten que agotar los ahorros, pedir dinero prestado o vender un vehículo no son recursos que puedan sostenerlas indefinidamente. Tampoco está garantizada la continuidad de las donaciones ni de los programas de ayuda.
Qué significan estos hallazgos para las familias
Para quienes atraviesan situaciones similares, el estudio permite reconocer que las dificultades económicas, el aislamiento y la ansiedad forman parte de un problema compartido por otras familias.
También identifica los apoyos que las participantes consideraron valiosos: organizaciones comunitarias de confianza, escuelas, clínicas comunitarias y servicios de consejería.
Los autores plantean tres prioridades para fortalecer esa respuesta:
- Ayuda económica y legal accesible. Reforzar a las organizaciones que brindan alimentos, renta y servicios, y ampliar la asistencia jurídica gratuita o de bajo costo antes de que una detención provoque una crisis.
- Atención física y emocional. Ampliar los servicios asequibles y acordes con el idioma y el contexto cultural de las familias, además de ofrecer transporte para facilitar las consultas.
- Acompañamiento para preparar un plan familiar. Contar con personas que orienten, paso a paso, sobre los documentos esenciales, las conexiones con servicios legales y los trámites necesarios ante una posible separación.
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