La Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte pidió a los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado estatal, eliminar el contenido actual de las propuestas antiinmigrantes HB 370 y SB 637, y propone un nuevo contenido.
“Después de un análisis cuidadoso y una consideración exhaustiva, la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte presentó un texto legislativo acerca de las órdenes de detención del ICE, para la consideración de la Asamblea General de Carolina del Norte”, indicaron en la propuesta legislativa fechada el 24 de abril, y que Enlace Latino conoció esta tarde.
¿Qué proponen los alguaciles?
En su propuesta, la asociación pide que se eliminen, por completo, todos los puntos incluidos en los actuales proyectos HB 370 y SB 637 y sean reemplazados por lo siguiente:
1.Los oficiales del alguacil deberán informar a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), acerca de cualquier persona arrestada con un cargo criminal (lo que incluye infracciones menores de tránsito).
Este aviso se deberá hacer aunque las personas sean elegibles para quedar en libertad.
Los oficiales del alguacil deberán informar al ICE antes de que sean liberadas.
Actualmente, la ley exige que se haga esta notificación si la persona ha sido arrestada por un delito grave y/o por conducir en estado de ebriedad.
2. Si el DHS emite una orden de detención de inmigración administrativa en contra del inmigrante en custodia, este deberá ser llevado ante un funcionario judicial estatal, junto con el documento del ICE.
“La orden de detención del ICE creará una presunción refutable de que existe una causa probable para creer que el inmigrante en cuestión está indocumentado en Estados Unidos, y por lo tanto, está sujeto a hacer detenido y deportado”, indican en el documento.
Según la propuesta de los alguaciles, esto sería suficiente para que el magistrado valide la orden de detención del ICE, ordenando que el inmigrante permanezca bajo custodia sin condición de libertad.
3.El ICE tendrá hasta 96 horas, desde el momento en que el magistrado autorizó la detención del inmigrante, para recogerlo. En caso de no hacerlo, la orden del magistrado estatal quedará sin validez y el indocumentado deberá ser dejado en libertad, a menos que exista otro proceso legal en su contra. (Basados en lineamientos operativos actuales del ICE y tal como lo plantea la HB 370 y la SB 637, las órdenes de detención son por 48 horas).
“Esta propuesta está diseñada para proteger el derecho al debido proceso de la Cuarta Enmienda de la persona bajo custodia y al mismo tiempo brinda la máxima seguridad pública a la comunidad”, indican en el propuesta. “El período de tiempo de 96 horas refleja las realidades de las operaciones de aplicación de la ley y es idéntico al período de tiempo en la ley existente para proporcionar a una persona bajo custodia una “primera comparecencia” ante un funcionario judicial”, señalan.
4. Ningún funcionario o agencia de cumplimiento de la ley estatal o local tendrá responsabilidad penal o civil por cualquier acción tomada por un magistrado en cumplimiento de esta ley.
“Por estas razones”, indican, la asociación apoya esta propuesta como “alta prioridad”. Además incitan a la Asamblea General de Carolina del Norte a aprobarla.
Propuestas actuales
Actualmente, en la Asamblea General de Carolina del Norte se han presentado al menos ocho propuestas de ley antiinmigrantes, entre ellas la HB 370 y la SB 637. La primera ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y espera ser debatida en el Senado.
En resumen, la HB 370 obliga a los alguaciles a cooperar con Inmigración, además de cumplir con las órdenes de detención de 48 horas emitidas por la agencia federal para retener a los indocumentados, aunque estos tengan derecho de quedar el libertad. Asimismo expone a las ciudades, los condados y las agencias de leyes a ser demandadas por cualquier persona que cree que están impidiendo la cooperación con ICE.
Por su parte, la SB 637 que fue presentada en el Senado estatal y hasta el momento no se ha movido. Esta medida requiere que se retengan, por 48 horas, a los individuos que han sido arrestado y han recibido cargos por ciertos delitos. Esta propuesta también busca castigar con cárcel y grandes multas a los oficiales de la ley que lo incumplan.
Alguaciles cambian de opinión
En momentos en que la HB 370 se debatía en los comités legislativos de la Cámara de Representantes estatal, la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte se manifestó en contra de la propuesta y pidió tiempo para dialogar y buscar otra salida. “Después de un cuidadoso análisis y una minuciosa consideración, la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte se opone a la HB 370 (tal y como está escrita actualmente)”, indicaron el 3 de abril. “Entendemos que la mayoría de los alguaciles de Carolina del Norte honran las órdenes de detención del ICE. Sin embargo, la ley federal no obliga a los alguaciles a hacerlo”, indicaron.
Sin embargo, tras una reunión sostenida hace pocos días en la ciudad de Wilmington cambiaron de opinión. “En la reciente reunión de primavera, la Asociación adoptó el texto legislativo propuesto para su consideración por la Asamblea General en lugar del lenguaje que se encuentra en los proyectos de la Cámara y el Senado presentados anteriormente en esta sesión legislativa”, indicó a Enlace Latino NC, Eddie Caldwell presidente de la Asociación. Caldwell indicó que el texto sería entregado esta semana a los líderes legislativos en ambas cámaras.
Caldwell no respondió cuando se le preguntó acerca de los motivos que tuvieron los alguaciles para cambiar de opinión y favorecer un proyecto de ley de este tipo.
¿Qué dice el gobernador?
En caso de que la HB 370 modifique su lenguaje y adopte lo sugerido por la Asociación de Alguaciles se desconoce si, de ser aprobada en ambas cámaras, sea o no vetada por el gobernador Cooper.
A comienzos de esta semana un grupo de miembros de la comunidad latina y del Consejo Asesor de Asuntos Hispanos y Latinos sostuvieron una reunión con el mandatario estatal donde abordaron, entre otras cosas, el tema de la HB 370, a lo que Cooper dijo sentirse “preocupado”, pero no se comprometió a tomar ningún tipo de acción. “No dijo que sí, pero tampoco lo contrario”, indicó a Enlace Latino NC, Angeline Echeverría directora ejecutiva de la organización El Pueblo, presente en el encuentro realizado el 23 de abril.
Por su parte, la oficina del gobernador indicó a Enlace Latino NC que Cooper no tomaría determinación alguna con al respecto a la HB 370, hasta no tener la propuesta final en su escritorio.
No obstante, algunas fuentes consultadas por este medio y que han tenido conversaciones sobre el tema con el gobernador y que pidieron mantener el anonimato, indicaron a este medio que, en este caso, habría una alta posibilidad de que no la vetaría. “Al tener el apoyo de los alguaciles y eliminar los castigos y multas creemos que no la vetaría”, indicaron.
¿Y los alguaciles?
Quien sí se manifestó con relación a la propuesta fue el alguacil del condado de Alamance, Terry Johnson, quien abiertamente se ha mostrado en contra de los indocumentados y estuvo involucrado en un litigio tras ser demandado por el Departamento de Justicia por perfil racial en contra de los latinos.
“Apoyo la propuesta legislativa acerca de las órdenes de detención del ICE. Apoyo la cooperación entre los alguaciles y las agencias de la ley local, estatal y federal”, señaló en un comunicado.
Consulado sobre el tema por este medio, el jefe de prensa del alguacil del condado de Wake, Gerald Baker, indicó que el próximo lunes enviará un comunicado al respecto.
La comunidad rechaza la propuesta
Para Andrew Garcés, organizador comunitario de Siembra NC, la propuesta de la asociación de alguaciles es “extrema”. “Ni los estados más duros como Georgia y Alabama se ha visto este tipo de propuestas, que violan todos los derechos constitucionales de una persona deteniéndolos por 96 horas”, señaló a Enlace Latino NC.
Garcés mencionó que este tipo de propuestas además será un enorme gasto de recursos y los alguaciles deberán dedicar muchísimo tiempo para trasladar a miles de personas antes un juez y luego regresarlos a la cárcel. “No producirá la disminución de la seguridad y confianza con las autoridades. Será todo lo contrario ¿Quién va a reportar algo si lo primero que le van a preguntar es si naciste en Estados Unidos?”, indicó.
Por otro lado, un reciente informe del Centro de Justicia de Carolina del Norte elaborado para analizar el impacto de la HB 370, estimó que en la última década los contribuyentes en Carolina del Norte han pagado $ 81.7 millones por los programas que permiten mantener detenidos en las cárceles locales a inmigrantes indocumentados, y que funcionan por la colaboración entre las oficinas de los alguaciles y el Servicio de Inmigración.