Organizaciones de derechos civiles realizaron una conferencia de prensa el 17 de junio en oposición a una amplia propuesta de cambios electorales en Carolina del Norte.
La medida HB 958 cambiaría el proceso de registro de votantes, prohibiría que los funcionarios electorales promuevan la participación de los votantes, aumentaría los cargos de designación política en la Junta Estatal de Elecciones y ampliaría el papel del auditor estatal en la investigación de procesos electorales, entre otros cambios.
La iniciativa fue presentada en la Asamblea General de Carolina del Norte por los representantes republicanos Hugh Blackwell y Sarah Stevens, junto con otros coauspiciadores.
Proceso legislativo
La conferencia de prensa se realizó un día después de que se retirara la medida de la agenda del Comité de Reglas y Operaciones de la Cámara de Representantes.
Los opositores atribuyeron esta decisión a la presión pública y a las preocupaciones planteadas respecto de varias disposiciones del proyecto.
“Creo firmemente que el poder de la gente puede lograr que los políticos, si se esfuerzan lo suficiente, escuchen y desaceleren un proyecto de ley perjudicial y antielectores”, dijo Brooks Fuller, director de política de Common Cause.
El proyecto puede ser reconsiderado en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes en futuras sesiones programadas los lunes, martes o jueves.
Impacto para votantes naturalizados
Miroslava Colan, directora de Política y Activismo de North Carolina and Americans Together, señaló cambios que afectarían a las personas naturalizadas. Es decir, ciudadanos estadounidenses que obtuvieron la ciudadanía después de nacer en otro país.
La medida, explicó, requeriría comprobaciones adicionales de su estatus en bases de datos estatales y federales. En algunos casos, podrían tener que aportar documentación adicional si no es posible confirmar automáticamente su naturalización.
“Estas son restricciones que dañan la democracia y la posibilidad de celebrar elecciones libres y justas”, dijo Colan. También criticó disposiciones que permitirían la recopilación y la compartición de datos, como los números de Seguro Social, con las autoridades federales.
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Auditor estatal obtiene nuevas facultades electorales
El proyecto de ley otorga al auditor estatal republicano, Dave Boliek, la autoridad para realizar auditorías posteriores a las elecciones generales en condados seleccionados a su discreción, una vez certificada la elección.
Las auditorías podrán revisar listas de votantes, equipos de votación, boletas ausentes y provisionales, registros de cadena de custodia, procesos de mantenimiento de registros electorales y el cumplimiento de las leyes electorales estatales y federales.
Aunque el auditor podrá ampliar el alcance de las revisiones, el proyecto establece que los hallazgos no podrán utilizarse para impugnar ni alterar los resultados electorales ya certificados.
Los condados, la Junta Estatal de Elecciones y el Departamento de Transporte deberán facilitar el acceso a los materiales, equipos y registros necesarios para las auditorías y, en caso de hallarse errores o fallas, presentar planes de corrección.
Cambios en voto militar y en el extranjero
El proyecto también revisa disposiciones relacionadas con el voto militar y de ciudadanos en el extranjero, ajustando requisitos de elegibilidad y documentación para ciertos votantes.
La legislación autoriza exigir documentación que confirme una conexión previa con Carolina del Norte, como la residencia previa en el estado.
El proyecto también ajusta los plazos para el envío, la recepción y el procesamiento de boletas militares y de votantes en el extranjero, modificando los calendarios administrativos que rigen la votación por correo en estas categorías.
Elegibilidad de candidatos
La legislación incrementa el requisito de afiliación a un partido político para presentarse en una primaria partidista de 90 a 365 días.
El cambio incluye una excepción que permite a los comités estatales de los partidos otorgar dispensas caso por caso.
Cambios en financiamiento de campañas
La propuesta ajusta varios umbrales de divulgación y registro de contribuciones:
- Eleva de 50 a 100 dólares el umbral para reportar ciertos gastos y donaciones menores.
- Aumenta el límite de contribuciones en efectivo o mediante métodos verificables.
- Incrementa de 1,000 a 2,000 dólares el umbral para reportes acelerados de contribuciones recibidas cerca de una elección o referendo.
También reduce ciertas exigencias de identificación para donaciones pequeñas y ajusta las reglas sobre cómo se registran los gastos menores en los informes oficiales.
La Junta Estatal de Elecciones mantendría autoridad para actualizar algunos umbrales en función de la inflación.
Uso obligatorio del censo federal para distritos
El proyecto de ley exige que condados, ciudades y juntas escolares usen únicamente datos del censo federal decenal al establecer o ajustar límites de distritos, y prohíbe el uso de estimaciones alternativas de población.
La medida permite cambios en distritos solo para reflejar anexiones o exclusiones territoriales o para corregir desequilibrios poblacionales identificados por el censo federal.
También establece que los límites distritales no podrán revisarse nuevamente hasta la publicación de un nuevo censo federal decenal, salvo para dar cumplimiento a órdenes judiciales o a cambios territoriales.
Otras disposiciones
El proyecto incluye además:
- Ajustes en las reglas de conteo de boletas provisionales y de ausentes, especialmente en los condados grandes.
- Cambios en los procedimientos de notificación y corrección de boletas con deficiencias.
- Modificaciones a los requisitos de auditoría de resultados electorales por muestreo aleatorio.
- Ajustes en el uso de datos del censo para la redistribución de distritos.
Entrada en vigor
Distintas partes del proyecto entrarían en vigor entre diciembre de 2026 y enero de 2027. Mientras que otras disposiciones comenzarían a aplicarse de inmediato una vez convertidas en ley.
El proyecto continúa su tramitación legislativa y podría modificarse antes de una votación final.
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Convocan a una manifestación
Las organizaciones sin fines de lucro anunciaron que realizarán una movilización el lunes 22 de junio a las 5 p.m. en el Halifax Mall de Raleigh.
Los organizadores señalaron que el objetivo es mantener la atención pública sobre el proyecto y ampliar la participación ciudadana en el debate legislativo.
“Lo más importante que pueden hacer los ciudadanos de Carolina del Norte es alzar su voz y votar”, dijo Fuller. “Hay que proteger a los vecinos, a los amigos y a las comunidades cuyo voto intentan suprimir”.
Los grupos indicaron que continuarán organizándose durante el resto de la sesión legislativa, mientras el proyecto permanezca pendiente.
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