El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) presentó una propuesta regulatoria que podría limitar significativamente la obtención y renovación de permisos de trabajo para ciertos grupos de inmigrantes que actualmente pueden acceder a ellos mediante categorías discrecionales.
La medida, que aún no ha entrado en vigor, se encuentra en un período de comentarios públicos de 60 días, iniciado el 5 de junio, y ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes y las comunidades afectadas.
La abogada de inmigración, Yesenia Polanco, de Polanco Law, explicó a Enlace Latino NC que la propuesta busca endurecer los criterios que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) utiliza para aprobar solicitudes de autorización de empleo basadas en discreción administrativa.
Cambios propuestos
Según detalló la abogada, actualmente algunas personas pueden solicitar permisos de trabajo en categorías que dependen de una determinación discrecional del gobierno. Con la nueva regla, USCIS tendría que evaluar factores adicionales antes de aprobar o renovar dichas autorizaciones.
“Entre los factores que DHS propone considerar están la necesidad económica, razones humanitarias, antecedentes penales, el cumplimiento de las leyes migratorias y otros elementos relacionados con la seguridad pública”, indicó Polanco.
La propuesta ampliaría los requisitos de verificación y evaluación para numerosas solicitudes, lo que podría dificultar obtener o mantener una autorización de empleo.
La propuesta introduce un escrutinio más estricto del historial penal, estableciendo que los arrestos, condenas o pruebas de vínculos con bandas o con el terrorismo generalmente descalificarían a los solicitantes, a menos que exista un interés público apremiante, como la cooperación con las fuerzas del orden.
Además, contempla reducir la duración de muchos permisos a un máximo de un año y exigir que quienes soliciten renovaciones trabajen para empleadores inscritos en el sistema federal E-Verify.
Conozca más sobre la acción diferida
La acción diferida es una discreción administrativa del gobierno de EE. UU. que pausa temporalmente el proceso de deportación de un inmigrante indocumentado. Aunque no otorga un estatus legal permanente, permite a la persona permanecer en el país y solicitar un permiso de trabajo. Esta medida se otorga caso por caso.
¿Quiénes serían los afectados?
De acuerdo con Polanco, la regulación impactaría principalmente a inmigrantes que actualmente pueden solicitar permisos de trabajo debido a beneficios discrecionales, como quienes recibieron parole humanitario, acción diferida (deferred action), excepto DACA, o quienes permanecen en el país bajo una orden de supervisión tras una orden final de deportación.
Datos del DHS indican que durante el año fiscal 2024 se procesaron 978,308 solicitudes de autorización de empleo en las categorías afectadas, incluyendo:
- 792,130 solicitudes relacionadas con parole humanitario.
- 153,154 solicitudes de acción diferida.
- 33,024 solicitudes vinculadas a órdenes de expulsión.
Polanco aclaró que la propuesta no eliminaría automáticamente los permisos vigentes. Sin embargo, advirtió que quienes actualmente cuentan con una autorización de empleo válida podrían enfrentar dificultades cuando llegue el momento de renovarla si no cumplen con los nuevos criterios establecidos.
Los permisos de trabajo del DHS, conocidos como Documento de Autorización de Empleo (EAD), se solicitan ante el USCIS mediante la presentación del Formulario I-765. Estos permisos permiten a los inmigrantes elegibles trabajar legalmente en el país.
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Aún no es una regla definitiva
La especialista subrayó que la propuesta se encuentra en una etapa preliminar y que todavía existe la posibilidad de que sea modificada.
“Esta regulación aún no ha entrado en vigor. Bajo el procedimiento administrativo federal, las agencias deben publicar las regulaciones propuestas y permitir que el público, organizaciones, abogados, empresas, académicos y personas afectadas presenten comentarios escritos”, explicó.
Durante los próximos 60 días, DHS recibirá observaciones tanto a favor como en contra de la propuesta. Posteriormente, la agencia estará obligada a revisar y responder a los argumentos significativos antes de emitir una regla final.
Polanco señaló que, tras analizar los comentarios recibidos, DHS podría adoptar la regulación tal como fue presentada, modificar algunos de sus componentes o incluso retirar partes de la propuesta.
Posibles efectos en el sistema migratorio
Polanco dijo, que, de aprobarse la medida, aumentaría considerablemente el nivel de discrecionalidad de los oficiales de USCIS, lo que podría traducirse en una reducción del número de inmigrantes autorizados para trabajar legalmente dentro de estas categorías.
“Para muchos solicitantes, obtener o renovar un permiso de trabajo se volvería más difícil e incierto. Desde la perspectiva de los inmigrantes, esto podría generar mayores periodos sin autorización de empleo, pérdida de ingresos y una mayor dependencia económica de familiares o patrocinadores”, advirtió.
Asimismo, desde la perspectiva administrativa, el USCIS tendría que realizar análisis más complejos, caso por caso, lo que podría traducirse en tiempos de procesamiento más largos y en un aumento de litigios que impugnen las denegaciones de permisos de trabajo.
Impacto económico
La propuesta ha generado preocupación entre expertos y organizaciones defensoras de inmigrantes, que creen que la restricción de los permisos de trabajo podría aumentar la vulnerabilidad económica de las personas afectadas y obligarlas a recurrir a mercados laborales informales.
“Amenazar los permisos de trabajo de decenas de miles de trabajadores legales crearía y agravaría problemas para las empresas, las comunidades y la economía estadounidense. Esta norma restringiría aún más la inmigración legal y podría exacerbar la escasez de mano de obra, perturbar la estabilidad económica y obstaculizar el crecimiento en sectores que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante”, dijo Jennie Murray, presidenta del National Immigration Forum, en un comunicado.
El mismo DHS estima que la propuesta podría generar impactos económicos de entre $9,100 y $27,900 millones durante los próximos diez años, debido a la pérdida de ingresos de los trabajadores afectados, a mayores costos administrativos y a posibles dificultades para que las empresas cubran vacantes.
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Una tendencia más restrictiva
Polanco destacó que esta propuesta difiere de otra propuesta presentada por el DHS en febrero de 2026 para restringir los permisos de trabajo a los solicitantes de asilo. Sin embargo, considera que ambas iniciativas reflejan la misma orientación política.
“Las dos propuestas muestran una tendencia de la administración actual hacia una interpretación más restrictiva de la autorización de empleo para personas que no cuentan con un estatus migratorio permanente”, indicó.
La abogada recomendó a las personas que podrían verse afectadas que se mantuvieran informadas y consultaran a profesionales de inmigración para evaluar cómo un posible cambio regulatorio podría afectar sus casos particulares.
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