Washington, (EFE)- El Supremo de EE.UU. dictaminó este miércoles que trece estados conservadores no pueden intervenir en defensa de una política del expresidente Donald Trump que limitaba la posibilidad de los inmigrantes de obtener la residencia legal permanente al considerarlos una “carga pública”.
Esos estados son encabezados por Arizona. Todos ellos tienen gobernadores republicanos; habían apelado al Supremo en su intento por hacer perdurable la interpretación ampliada de la regla establecida Trump en 2019.
Orden ejecutiva
Por medio de una orden ejecutiva Trump autorizó a los funcionarios en las agencias de inmigración para que negaran la residencia legal permanente a las personas que, a su criterio, pudieran en el futuro recibir asistencia de programas federales.
El gobierno del republicano (2017-2021) amplió la definición para incluir beneficios que no se obtienen en efectivo como el subsidio de cuidado de la salud en el programa Medicaid, los cupones de alimentos y el subsidio de la vivienda.
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Con esa definición de “carga pública” cualquier persona que pudiese necesitar esos tipos de asistencia por más de 12 meses en un período de tres años podría incluirse en la definición ampliada.
Querellas
Quienes abogan por los migrantes iniciaron querellas judiciales contra esa norma. Alegan que su aplicación haría que muchos migrantes se rehusaran a pedir la ayuda que necesitaban por temor a que en el futuro eso les impidiese obtener la residencia legal permanente.
El gobierno del presidente Joe Biden cambió de curso y optó por abandonar sus apelaciones a las decisiones de cortes sobre el caso.
El Supremo, en su dictamen de hoy, no se pronunció sobre los méritos de los argumentos de los estados demandantes; sino a si “debió permitirse” que los 13 estados que apoyan la norma intervinieran en este litigio.
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