Los Ángeles, (EFE) – La mayoría de las familias inmigrantes todavía enfrentan confusión y miedo a raíz de la derogada política de “carga pública” del Gobierno del hoy expresidente Donald Trump. Lo anterior según reveló este jueves una encuesta realizada por la coalición Protecting Immigrant Families (PIF).
Bajo esa política los inmigrantes que solicitaran asistencia social para vivienda, alimentación o cuidado de la salud, podían ser excluidos de la obtención de la residencia permanente; también conocida como “tarjeta verde” o «green card»
Cambios anulados
El sondeo fue auspiciado por la organización No Kid Hungry. Un hallazgo fue que 3 de cada 4 familias inmigrantes desconocían que los cambios a la regla de carga pública se anularon este año. Anulación realizada a principios de año por el gobierno del Presidente Joe Biden.
Sin embargo, Texas y otros 13 estados han iniciado litigios judiciales para restaurarlo.
Solo 22 % de las familias encuestadas «han escuchado mucho» sobre los cambios más recientes a la política de «carga pública».
Temor e impacto
El temor causado por la política hizo que 46 % de las familias inmigrantes no solicitaran asistencia durante la pandemia de covid-19. La razón por la cual lo hicieron fueron preocupaciones sobre su estatus migratorio.
Los investigadores consideraron que los hallazgos muestran que “la desinformación y el miedo sobre las consecuencias migratorias continúan impidiendo que estos programas lleguen tanto a los niños inmigrantes elegibles como a los ciudadanos estadounidenses; ello contribuye a un aumento del hambre entre las familias de color”.
En Estados Unidos más de 18 millones de niños, casi 25 % de los menores del país, viven en hogares donde al menos uno de los adultos es inmigrante.
Latinos más afectados por la norma de carga pública
Tras confirmarle a los encuestados que la “carga pública” había sido derogada, 50 % de los encuestados dijeron que ahora son más propensos a utilizar programas de redes de seguridad.
Los investigadores advirtieron que revertir la norma de carga pública fue un primer paso importante. No obstante que no es suficiente.
“Debemos redoblar el alcance culturalmente receptivo para las familias inmigrantes elegibles para que tengan información sobre los programas para los que califican”. Según destacó el informe.
La encuesta fue realizada a 1.000 personas en todo el país.
La mayoría latinos o asiático-americanos/isleños del Pacífico, los dos grupos étnicos/raciales de inmigrantes más afectados por la norma de carga pública.