Carolina del Norte, Charlotte – La Corte Suprema de Justicia estadounidense, acordó que escuchará los argumentos en contra y a favor de la política del gobierno de Donald Trump la cual negó las tarjetas de residencia a inmigrantes que se han beneficiado del gobierno y serían una carga pública.
La Corte Suprema anunció el viernes 29 de octubre que escuchará los argumentos sobre la denominada “regla de carga pública” de Trump, que entró en efecto en el 2019 y fue anulada por el presidente Joe Biden en 2021.
¿Qué hace la ‘regla de carga pública’?
La regla prohíbe que ciertos inmigrantes reciban la residencia legal permanente si han recibido asistencia del gobierno en un período de 12 meses en un lapso de 36 meses.
También afecta a extranjeros que soliciten cualquier otro beneficio migratorio disponible y no demuestren que tienen solvencia económica.
Los estados demandantes buscan revertir la regla
La demanda fue interpuesta por un grupo de 14 estados gobernados por republicanos quienes defienden la regla de carga pública aprobada durante el gobierno de Trump; como parte de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, solicitaron al máximo tribunal, la Corte Suprema, revisarla y revertirla.
De acuerdo con la abogada, Kate Woomer Deters, del Centro de Justicia de Carolina del Norte, la decisión de la Corte Suprema es de procedimiento. Sólo sobre si los estados pueden insistir en que el gobierno federal siga una regla que tenía en vigor la administración presidencial de Donald Trump.
“Básicamente, los estados que apoyaron la antigua regla de carga pública (de Trump) quieren que se mantenga en su lugar», explicó.
«Entonces, la Corte Suprema está decidiendo si los estados tienen el poder de «obligar» al gobierno federal a usar cierta regulación o no», agregó.
¿Cuáles son los estados qué demandaron?
Los estados demandantes son: Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Sur, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Montana, Ohio, Oklahoma, Texas y West Virginia.
En respuesta a una serie de demandas, los tribunales inferiores estaban divididos sobre si la regla revisada violaba la ley federal.
Pero su aplicación finalmente se bloqueó, por lo que la administración de Donald Trump apeló.
Luego, la administración Biden decidió que ya no defendería la ley.
Woomer Deters señala, que el caso no se trata realmente de la regla de carga pública real y lo que dice.
El tribunal inferior de California dijo que los estados no tienen el poder de presentar una demanda como ésta. Tampoco de obligar al gobierno a seguir una vieja regla federal.
Argumentan ahorro de dinero a los estados
Pero el grupo de 14 fiscales generales estatales republicanos instó a la Corte Suprema a considerar si podían hacerse cargo de la defensa de la ley.
Dijeron que la regla podría ahorrar a todos los estados alrededor de $1,000 al año.
El gobierno federal ha tenido durante mucho tiempo la autoridad para negar la residencia permanente legal a los inmigrantes que probablemente se convertirían en cargas públicas. Pero el término nunca se ha definido formalmente.
La política de Donald Trump propuso llenar ese vacío, agregando beneficios no monetarios y otros factores como la edad, los recursos financieros, el historial laboral, la educación y la salud.
Dijo que la expansión reforzaría «los ideales de autosuficiencia y responsabilidad personal. Aseguraría que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito aquí en Estados Unidos».
Es probable que la Corte Suprema escuche el caso en la primavera con una decisión en junio.
No tendría ningún impacto inmediato en los inmigrantes
Según la abogada, este caso de la Corte Suprema es solo un paso en lo que probablemente será un caso judicial largo.
“Este caso probablemente no tendrá ningún impacto inmediato en la capacidad de las personas para acceder a los beneficios, y habría muchos más litigios involucrados».
Además, Woomer Deters, apuntó que no se tiene idea de lo que sucederá entre ahora y el final de este caso judicial en términos de si la administración Biden instituirá una regulación completamente nueva.
«Sabemos que la administración Biden está interesada en trabajar en eso. Por lo tanto, hay muchas incógnitas sobre lo que podría ocurrir en el futuro”, mencionó.
Carga Pública: muy poco impacto
Para la experta, la antigua regla de Donad Trump, que estuvo en vigor entre 2019 y 2021 tuvo muy poco impacto en la capacidad de los inmigrantes para acceder a los beneficios.
“Si el resultado de este largo litigio fuera que la antigua regla de Trump volviera a entrar en vigor, casi no tendría ningún impacto en la capacidad de los inmigrantes para acceder a los beneficios”, señaló.
La abogada explicó, que la actual decisión de la Corte Suprema no revertiría la regulación, y que es simplemente una decisión de procedimiento sobre si los estados pueden incluso participar en esta demanda judicial o no.
“Por lo tanto, el caso está muy lejos de resolverse. Hay muchas incógnitas potenciales y otros factores que podrían entrar en juego; por lo que la gente no debería preocuparse de que la regla carga pública de Trump «regrese» en el corto plazo, aunque teóricamente es posible un largo camino en el futuro”, puntualizó.