Una de las prioridades del paquete fiscal “One Big Beautiful Bill” es la inversión de 170 mil millones hasta el año 2029 para reforzar la vigilancia migratoria, la detención y la deportación de inmigrantes en todo el país.
Este gasto sin precedentes busca impulsar la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump.
La ley, que el presidente Trump firmó el viernes pasado, está dirigida a implementar gran parte de su agenda de política interna.
Desglose de gastos en inmigración:
Algunos de los gastos relacionados a inmigración más significativos son:
- 45 mil millones destinados a la construcción del muro fronterizo y gastos relacionados.
- 45 mil millones para expandir la capacidad de detención de inmigrantes que se encuentran bajo custodia.
- 30 mil millones para la contratación, capacitación y otros recursos operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).
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Más detenciones, más deportaciones
Uno de los cambios es la expansión de la capacidad de detención del ICE.
Se ha destinado financiamiento para triplicar el número de camas disponibles. El American Immigration Council estima que los nuevos fondos podrían ampliar la capacidad de detención a “al menos 116,000 camas” para personas en proceso de deportación o en espera de decisiones migratorias.
Además, se contempla la construcción de nuevos centros de detención y la ampliación de la infraestructura fronteriza, incluyendo segmentos adicionales del muro en la frontera sur.
10,000 nuevos oficiales de ICE y más
ICE recibirá fondos para ofrecer bonos de firma de 10,000 dólares a nuevos empleados, con el objetivo de contratar a 10,000 oficiales y agentes.
Como parte del fortalecimiento operativo, también esperan reclutar 5,000 oficiales de aduanas y 3,000 agentes de la patrulla fronteriza.
Además, la medida permite otorgar “bonos por desempeño” a los agentes que demuestren un “servicio ejemplar” y “bonos de retención” a quienes se comprometan a trabajar dos años adicionales.
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Aumentan costos de proceso migratorio
A la par del incremento en la vigilancia, el plan también impone mayores barreras económicas a los inmigrantes.
La ley aumentará las tarifas de solicitudes migratorias, incluyendo aquellas para protecciones humanitarias como asilo, estatus de protección temporal (TPS), y programas de reunificación familiar.
También impone nuevas tarifas elevadas para trámites comunes en cortes migratorias.
Entre los cambios más destacados se encuentran:
- Tarifa anual de asilo: Al menos $100 para cada solicitante de asilo, la cual deberá pagarse por cada año que la solicitud permanezca pendiente.
- Tarifas por renovación de permisos de trabajo: Tarifa mínima de $275 para cualquier persona con parole que solicite la renovación o extensión de la autorización de empleo. Estas tarifas aumentarán anualmente según la inflación.
- Nuevas tarifas judiciales: Los inmigrantes que busquen ajustar su estatus a residente permanente deberán pagar $1,500, y quienes soliciten una exención por causales de inadmisibilidad deberán pagar $1,050.
Ninguna de estas tarifas podrá ser exonerada, incluso en casos de extrema necesidad económica, según lo estipula la ley.
Se espera que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia publiquen reglamentos para implementar estas y otras tarifas antes del inicio del año fiscal 2025.
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Preocupación por violación de derechos
Organizaciones defensoras de migrantes alertan sobre la rapidez y volumen de deportaciones sin garantías de debido proceso.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) dijo que esta medida financia “un aumento dramático y permanente en un aparato de detención y deportación de inmigrantes que niega el debido proceso y viola los derechos humanos”.
“En lugar de frenar los abusos de ICE, el Congreso le está entregando miles de millones más para aterrorizar a nuestras comunidades”, añadieron.
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