La administración Trump está poniendo fin al estatus de protección temporal (TPS) para cerca de 80,000 hondureños y nicaragüenses, que durante 25 años han podido vivir y trabajar en Estados Unidos tras el devastador huracán que azotó Centroamérica, según informó el gobierno federal.
El TPS para ambas nacionalidades expiró el 5 de julio, y los avisos indican que la protección se terminará 60 días después de su publicación oficial en el Registro Federal.
Esta medida llega en un momento en que la Casa Blanca impulsa políticas para hacer que más inmigrantes en EE. UU. sean elegibles para la deportación.
Estos anuncios forman parte de un esfuerzo más amplio de la actual administración para cumplir promesas de campaña orientadas a llevar a cabo deportaciones masivas.
Esto se ha hecho no solo persiguiendo a personas que están en el país sin documentación o que han cometido delitos que las hacen deportables, sino también eliminando protecciones que beneficiaban a cientos de miles, muchos de los cuales ingresaron bajo la administración Biden.
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¿Qué es el Estatus de Protección Temporal (TPS)?
El TPS es una protección temporal otorgada por el secretario de Seguridad Nacional a personas de ciertas nacionalidades que ya se encuentran en EE. UU. Este estatus impide su deportación y les permite trabajar legalmente. Sin embargo, no les otorga un camino hacia la ciudadanía y debe ser renovado regularmente, generalmente cada 18 meses.
La administración Trump ha buscado agresivamente eliminar esta protección, lo que haría que más personas sean deportables.
La administración dice que las condiciones han cambiado
El lunes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó en el Registro Federal —en un aviso que se oficializará el martes— que la secretaria Kristi Noem revisó las condiciones en Honduras y Nicaragua, y concluyó que la situación ha mejorado lo suficiente desde la decisión inicial en 1999 como para que quienes están protegidos bajo esas designaciones temporales puedan regresar a sus países.
El departamento estimó que aproximadamente 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses están actualmente protegidos por el TPS que expirará en unos dos meses.
No obstante, la Alianza TPS, que defiende los derechos de estos inmigrantes, estima que unos 40,000 hondureños se verán realmente afectados, ya que muchos han obtenido residencia legal a través de otros canales migratorios.
Cuando el estatus expire, los hondureños y nicaragüenses actualmente cubiertos por el TPS podrán ser deportados y sus permisos de trabajo serán cancelados si no encuentran otra vía legal para permanecer en el país.
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Críticas: “Lo temporal se volvió permanente”
Los críticos afirman que administraciones sucesivas —especialmente la de Biden— renovaron estos beneficios sin mayor revisión, lo que permitió que personas con un estatus “temporal” permanecieran en EE. UU. durante décadas.
La administración Trump ya ha terminado el TPS para aproximadamente 350,000 venezolanos, 500,000 haitianos, más de 160,000 ucranianos, y miles de personas provenientes de Afganistán, Nepal y Camerún.
Algunos, como venezolanos, haitianos y ucranianos, tienen demandas pendientes en cortes federales.
Actualmente, otros 250,000 venezolanos siguen protegidos hasta septiembre, al igual que miles de sirios.
El TPS para etíopes expirará en diciembre; para yemeníes y somalíes, en marzo de 2026; y para salvadoreños, en septiembre de 2026.
Durante el gobierno de Biden, el número de personas protegidas bajo TPS creció significativamente: casi un millón de venezolanos y haitianos fueron admitidos bajo esta protección.
José Palma, codirector de la Alianza Nacional TPS, dijo que esta cancelación afectará a personas que han vivido en EE. UU. durante casi tres décadas.
“Han formado familias, hecho inversiones. Es una comunidad que se ha sometido a controles de antecedentes cada año y ha demostrado todas sus contribuciones a este país”, dijo Palma. “Lo que está ocurriendo es cruel”.
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Litigios habían retrasado el fin del TPS
Las protecciones temporales para Honduras y Nicaragua fueron otorgadas originalmente en 1999 tras el paso del huracán Mitch en 1998. La primera administración Trump intentó cancelarlas, pero permanecieron vigentes debido a litigios legales.
El DHS escribió en el aviso del Registro Federal que Honduras ha “experimentado cambios significativos en los 26 años desde la destrucción causada por el huracán Mitch”.
“Honduras ha logrado avances importantes en su recuperación y ahora es un destino turístico y de inversión inmobiliaria”, señaló el departamento. Además, mencionó que en enero el gobierno hondureño lanzó el programa “Hermano, Vuelve a Casa”, destinado a ayudar a los deportados con apoyo económico y búsqueda de empleo.
Sobre Nicaragua, Noem escribió:
“Nicaragua ha logrado avances significativos en su recuperación, con ayuda de la comunidad internacional, y ahora es un país líder en turismo, ecoturismo, agricultura y energías renovables”.
Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Antonio García, expresó su decepción ante el anuncio.
“Dicen que en Honduras hay inversión extranjera, turismo y el programa ‘Hondureño, Vuelve a Casa’, y que existen condiciones para regresar”, señaló García. “Pero en realidad, es el sentimiento antiinmigrante de la administración Trump lo que está detrás de esto”.
“Llegaron al poder con esa bandera y ahora están cumpliendo con su electorado”, concluyó.
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