Diseñado para forzar la colaboración entre los alguaciles de Carolina del Norte y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el destino del HB 10 depende de que un grupo de legisladores lleguen a un acuerdo en un Comité de Conferencia.
Los líderes de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte, Tim Moore y Destin Hall, expresaron optimismo, anticipando que la propuesta podría someterse a votación final la próxima semana. Sin embargo, este paso está sujeto a la unificación del lenguaje final de la HB10 entre el Senado y la Cámara de Representantes.
La necesidad del Comité de Conferencia surgió tras el rechazo de la Cámara de Representantes a la versión del Senado de la HB10 el miércoles pasado, con cuestionamientos sobre el lenguaje de las enmiendas.
Las enmiendas presentadas por el Senado incluían aspectos como la presentación de demandas a alguaciles, la supervisión del Fiscal General e informes anuales.
La Camara Baja estatal anunció que los representantes republicanos Destin Hall y Brenden Jones formarán parte del comité de conferencia. Por su parte, el Senado estatal aún no ha designado sus participantes.
Los líderes del Senado, Phil Berger y Danny Britt, tampoco respondieron a cuestionamientos de Enlace Latino NC sobre el rechazo de la Cámara de Representantes a su versión final.
¿Hay posibilidad de que el HB 10 se descarrile?
Aunque los legisladores republicanos son mayoría, la falta de consenso en el Comité de Conferencia podría descarrilar el HB10, dejando en el aire su futuro legislativo.
Según el representante Hall, “todo fuera de la parte sustantiva" del proyecto de ley está siendo objeto de revisión.
Una de las enmiendas que se espera genere debate en el comité es la que permitiría a cualquier ciudadano demandar a un alguacil ante el Fiscal General.
Durante la votación del miércoles, la representante demócrata Marcia Morey, del condado de Durham, expresó su inquietud respecto a esta disposición.
“Solo me gustaría decir que esta vez estamos del mismo lado en la votación sobre esto”, dijo Morey a Hall. “Me preocupa la disposición que cualquier ciudadano puede presentar ante el Fiscal General y demandar a un alguacil”, señaló.
Morey expresó la necesidad de reelaborar esta disposición durante el proceso del Comité de Conferencia.
Discusiones sobre proyectos similares
La preocupación por las posibles consecuencias penales para los alguaciles que no cooperen con el ICE ha sido un tema recurrente en la legislación propuesta en Carolina del Norte a lo largo de los años.
La Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte ha emitido respuestas variadas frente a dichas propuestas.
En el 2019, la asociación se opuso al proyecto de ley HB 370 por su redacción que imponía la participación de alguaciles en un programa que es voluntario, según la ley federal.
Aunque la asociación dejó claro que “apoya la aplicación de las leyes contra la inmigración ilegal”, pero rechazó la imposición de este proyecto. Sin embargo, la Asociación cambió de opinión sobre la HB 370 y SB 637 semanas más tarde, mostrando su apoyo en favor de los proyectos.
Otra propuesta que causó discusión por su lenguaje que criminalizaría a los alguaciles que no se acatan a la ley fue el SB 101.
En 2021, los legisladores eliminaron una sección que convertiría en delito menor de Clase 3 si un funcionario local se niega a cumplir con las órdenes de detención de ICE.
Edmond Caldwell, vicepresidente ejecutivo y asesor general de la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte, optó por no tomar una posición oficial sobre la SB 101 en ese momento.
Caldwell mencionó a Enlace Latino NC que no tienen "ninguna posición" sobre la Edición 2 del Proyecto de Ley HB 10 aprobada por la Cámara de Representantes el año pasado.
Por otra parte, dijo que para la versión presentada durante esta sesión corta por el Senado no han hecho pública su posición.
“No hemos hecho pública ninguna posición sobre la Edición 4 del Proyecto de Ley HB 10, la edición que fue aprobada por el Senado”, dijo.
El Proceso Legislativo: Concurrencia y Comité de Conferencia
A menudo ocurre que la segunda cámara legislativa, en este caso el Senado, introduce cambios en un proyecto de ley originado por la otra cámara.
En tales casos, el proyecto de ley debe devolverse a la primera cámara legislativa, con una solicitud de concurrencia (acuerdo) en los cambios.
Si el pleno de esta cámara está de acuerdo, la propuesta avanza al proceso legislativo final y se envía al Gobernador para su consideración.
En caso de desacuerdo, como ocurrió el miércoles en la Cámara de Representantes, los presidentes pueden designar miembros para un Comité de Conferencia que negocie las diferencias entre las versiones del proyecto de ley.
Si el Comité de Conferencia logra llegar a un acuerdo, presenta la versión final recomendada del proyecto de ley a cada cámara (Senado y de representantes) para su consideración y votación.
En el caso de que una de las cámaras no apruebe el informe del Comité de Conferencia, el proyecto de ley es rechazado.
Si ambas cámaras aprueban el informe del Comité de Conferencia, el proyecto de ley avanza al proceso final legislativo y se envía al Gobernador.