Un proyecto de ley bipartidista en la Cámara de Representantes de Carolina del Norte busca terminar con las prácticas de remolque de automóviles abusivas y delictivas.
La propuesta de ley HB 1024 Nonconsensual Booting and Towing Reform, dispone nuevas regulaciones que crean un marco legal para esta actividad en el estado.
“Este proyecto de ley proporciona un marco regulador donde antes no existía”, dijo ante los miembros del Comité Judicial 2, Laura Budd, representante demócrata y una de las patrocinadoras del proyecto de ley.
“La propuesta cuenta con el apoyo de las industrias de remolque y transporte por carretera y ofrecerá protección a los habitantes de Carolina del Norte de las prácticas de remolque depredadores, así como las empresas que realizan negocios en nuestro estado”, señaló.
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Qué dispone el proyecto de ley
La propuesta legislativa también crea una Comisión de Remolque y Recuperación. Esta comisión tendrá la tarea de supervisar y regular estas prácticas, asegurando que las empresas de remolque cumplan con las normativas establecidas.
El proyecto también exigirá que todas las empresas de remolque obtengan permisos de la Comisión antes de operar en el estado y que renueven estos permisos anualmente. Además, se creará una base de datos pública de automóviles remolcados por orden de agencias de seguridad, facilitando el acceso a esta información para los ciudadanos.
Otra medida importante es la obligatoriedad para los propietarios de inmuebles privados de exhibir señalización adecuada antes de proceder con el ‘booting’ o el remolque no consentido de vehículos. El incumplimiento de estos requisitos de señalización constituirá una infracción.
La legislación también establecerá las prácticas estándar para el remolque y el ‘booting’ en Carolina del Norte, regulando las tarifas que las empresas pueden cobrar por estos servicios. Esta regulación busca proteger a los consumidores de tarifas excesivas y asegurar prácticas justas en la industria.
Para implementar estas disposiciones, se destinarán $500,000.00 del Fondo de Carreteras al Departamento de Seguridad Pública para el año fiscal 2024-2025. Este financiamiento permitirá a la nueva comisión llevar a cabo sus responsabilidades y garantizar el cumplimiento de la ley.
Con el reporte favorable en el Comité Judicial 2, ahora la HB 1024 sigue su camino, antes de llegar al pleno de la Cámara de Representantes, a los comités de Apropiaciones, Finanzas, y Reglas y Operaciones.
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Qué dice la ley actual
La ley actual en Carolina del Norte autoriza a los propietarios de aparcamientos privados a remolcar los vehículos no autorizados, pero el propietario debe exhibir determinada señalización durante 72 horas antes de retirar el vehículo.
Asimismo, el propietario del vehículo es responsable de los gastos de remolque y almacenamiento.
Por lo general, el vehículo remolcado no puede llevarse a más de 15 millas del lugar de remolque. Cualquier violación de esta sección constituye una infracción.
Autoriza al operador de una estación de servicio de gasolina a solicitar la retirada de un vehículo estacionado en las instalaciones durante más de 48 horas. Siempre que se remolque un vehículo a petición de alguien que no sea el propietario, se debe proporcionar cierta información a la policía local antes de mover el vehículo. Esto, a menos que el vehículo esté bloqueando el tráfico o poniendo en peligro el bienestar público.
Actualmente, la ley se aplica en ciertas ciudades y condados.
Poder al Fiscal General para establecer normas de remolque
Además del proyecto de ley HB 1024, otra iniciativa que aborda la misma problemática fue presentado en el mes de mayo por un grupo bipartidista de legisladores en la Cámara de Representantes.
La propuesta HB 1037 End Predatory Towing Fees and Practices, establece, entre otras disposiciones, darle al Fiscal General el poder de establecer las normas de remolque de automóviles.
Esto, teniendo en cuenta que la oficina ya cuenta con una unidad de protección del consumidor.
Esta propuesta también incluye regulaciones específicas sobre las prácticas y tarifas de remolque de automóviles, diseñadas para proteger a los consumidores y asegurar un trato justo.
Entre las disposiciones, se establece que una empresa de remolque no podrá trasladar un vehículo a un lugar que no ofrezca la recuperación de este dentro de las 24 horas siguientes a su remolque. Además, no se permitirá cobrar una tarifa de almacenamiento por los días en que la empresa no esté abierta al menos de 9:00 A.M. a 4:00 P.M.
Para facilitar el proceso de recuperación de vehículos, las empresas de remolque estarán obligadas a aceptar pagos con tarjeta de débito, tarjeta de crédito y efectivo en cualquier momento durante su horario de funcionamiento, incluyendo el momento en que se realiza el remolque. Estas medidas buscan hacer que el proceso de recuperación de vehículos sea más accesible y menos oneroso para los propietarios.
La HB 1037 , luego de pasar su primera lectura, fue envía al Comité Judicial .
Conducta depredadora y discriminatoria
En diciembre 2023, el fiscal general Josh Stein demandó a la empresa A1 Towing Solutions, Inc. y su propietario David Jewel Satterfield por presunta discriminación racial contra los consumidores e ilegalmente ‘booting’ y remolcar sus vehículos.
“Este acusado no sólo ha estado infringiendo la ley y perjudicando a los ciudadanos de Carolina del Norte, sino que lo ha hecho atacando deliberadamente a personas afroamericanas”, mencionó Stein, en un comunicado de prensa.
“Es a la vez incorrecto e ilegal, y estoy pidiendo a la corte para detenerlo de participar en esta conducta depredadora y discriminatoria y dar alivio financiero completo a sus víctimas”.
La oficina del fiscal Stein afirmó que, de las 14 denuncias recibidas, 11 fueron presentadas por afroamericanos.
La División de Protección del Consumidor del Departamento de Justicia de Carolina del Norte descubrió que Satterfield se dirigía a los afroamericanos mediante un proceso denominado “redlining inverso”, en el que determinadas comunidades reciben un trato menos favorable.
También, Stein añadió a la denuncia otra empresa propiedad de Satterfield, Automobile Recovery & Parking Enforcement Inc. y solicitó medidas cautelares, restitución, sanciones civiles y honorarios de abogados y gastos de investigación.
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