El presidente Donald Trump firmó en marzo una orden ejecutiva destinada a endurecer las reglas del voto por correo en las elecciones federales, una medida que ha suscitado demandas inmediatas.
La orden, titulada “Asegurando la verificación de la ciudadanía y la integridad en las elecciones federales”, busca establecer una lista para verificar la elegibilidad de los votantes, entre otros cambios.
Aquí te explicamos lo que significa y qué esperar para las elecciones de noviembre.
Qué establece la orden ejecutiva
El decreto establece que las agencias federales, incluidas el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social, elaboren una lista de votantes elegibles.
Solo las personas incluidas en ese registro, 60 días antes de las elecciones, podrían recibir papeletas por correo. Además, la medida introduce requisitos técnicos para las boletas, como sobres con identificadores únicos de verificación.
“Para mejorar la integridad de las elecciones a través del correo de Estados Unidos, son necesarias medidas adicionales”, lee la orden.
“Los identificadores únicos en los sobres de las boletas, como los códigos de barras, permiten confirmar que solo los ciudadanos reciben y emiten boletas, reduciendo el riesgo de fraude y protegiendo la integridad de las elecciones federales”.
Según la medida, los estados y localidades que no cumplan con el decreto estarán en riesgo de perder fondos federales.
La aplicación de esta orden solo seria para elecciones federales, como la presidencia y el Congreso.
Desafíos judiciales
Veintitrés fiscales generales y funcionarios demócratas de múltiples estados, incluido el fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, impugnaron la orden.
La demanda sostiene que el presidente carece de autoridad constitucional para regular directamente los procedimientos electorales, tradicionalmente controlados por los estados y el Congreso.
Jackson advirtió que en Carolina del Norte las nuevas restricciones podrían afectar desproporcionadamente a los militares.
“Tenemos más de 100,000 miembros del servicio militar en Carolina del Norte”, lee el comunicado de Jackson. “Bajo esta orden ejecutiva, nuestras boletas de voto ausente correrían un riesgo muy alto de ser rechazadas por el servicio postal —esencialmente tiradas a la basura— si somos desplegados dentro de los 60 días previos a la elección. Eso es inaceptable”.
Otro de los cuestionamientos es que podría afectar a personas desplazadas por una catástrofe natural.
El fiscal general Jackson se suman en la presentación de la demanda los fiscales generales de California, Massachusetts, Nevada, Washington, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin, así como el gobernador de Pensilvania.
Qué sigue
Mientras los tribunales deciden, los estados y el Servicio Postal continuarán utilizando los procedimientos vigentes para las boletas por correo.
Los fallos judiciales podrían bloquear la orden, aplicarla parcialmente o ratificarla para las elecciones de noviembre.
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Otros cambios propuestos para elecciones
A nivel federal y estatal se están considerando otras medidas relacionadas con las elecciones, independientes de la orden ejecutiva firmada por Trump.
En el Congreso se está considerando la aprobación de la Ley para proteger la elegibilidad de los votantes estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés). Con ese proyecto de ley, buscan exigir la prueba de ciudadanía en persona para registrarse y los requisitos de identificación con foto para votar.
La Cámara de Representantes federal aprobó la medida en febrero, pero aún debe ser aprobada por el Senado para convertirse en ley.
Por su parte, a nivel estatal, un esfuerzo en Carolina del Norte busca implementar un sistema de verificación de la ciudadanía para los registros de votantes.
La Junta Estatal de Elecciones pospuso la votación sobre esta medida para abril después de recibir más de 15,000 comentarios públicos, ante preocupaciones de que el sistema pudiera afectar a votantes elegibles por errores de identificación.
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