Los senadores republicanos Bobby Hanig, Eddie Settle y Timothy Moffitt, patrocinadores de la medida, en el Comité Judicial del Senado
Los senadores republicanos Bobby Hanig, Eddie Settle y Timothy Moffitt, patrocinadores de la medida, en el Comité Judicial del Senado / Foto: Walter Gómez, ELNC

Las cuatro demandas en las que ha participado el Fiscal General, Jeff Jackson, son:

📌Ciudadanía por derecho de nacimiento: Desafiar la orden ejecutiva que intenta prohibir la ciudadanía por derecho de nacimiento.

📌Subvenciones federales: Oponerse a la pausa en las subvenciones federales y otros fondos mientras la administración realiza una revisión.

📌Eficiencia gubernamental: Impugnar la orden ejecutiva que otorga al esfuerzo de eficiencia gubernamental liderado por Elon Musk acceso a los sistemas de pagos federales en el Departamento del Tesoro de EE. UU.

📌Financiamiento de subvenciones del NIH: Bloquear los recortes en los fondos de subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud para los pagos indirectos de investigación médica.

Bajo la amenaza de anular todos sus poderes si no cumple con lo dispuesto por la Asamblea General, el Senado de Carolina del Norte votaría la próxima semana un proyecto de ley que limita el poder al fiscal general, Jeff Jackson.

La iniciativa, SB 58 AG/Restrict Challenge to Presidential EOs”, impediría a Jackson participar en litigios que invaliden órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump o leyes aprobadas por la Asamblea General.

Los senadores republicanos Eddie Settle, Bobby Hanig y Timothy Moffitt, son los patrocinadores de esta medida.

La propuesta pasará ahora a votación del pleno del Senado estatal, luego de que el 27 de febrero el Comité de Reglas y Operaciones le diera un reporte favorable.

Consecuencias si no cumple con la ley

Durante la discusión en el comité, la senadora demócrata Julie Mayfield cuestionó las posibles consecuencias para el fiscal general si decide ignorar las restricciones impuestas por la ley.

“No pueden destituirlo. No pueden convocar a nuevas elecciones. ¿Qué pasa si el fiscal general hace caso omiso de esto (la ley)?”, preguntó Mayfield.

El senador republicano Moffitt sugirió que, en caso de no cumplir con la ley, la Asamblea General podría recurrir a anular la autoridad del fiscal general. Esto lo harían eliminando la sección correspondiente de la Constitución que define su rol y dejándolo sin poder alguno.

“De esa manera el fiscal general en una posición inútil y vacía donde no tiene autoridad para hacer nada”, advirtió Moffitt.

Reighlah Collins, portavoz de la ACLU, durante los comentarios públicos en el Comité de Reglas y Operaciones el 27 de febrero de 2025
Reighlah Collins, portavoz de la ACLU, durante los comentarios públicos en el Comité de Reglas y Operaciones el 27 de febrero de 2025 / Foto: Walter Gómez, ELNC

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Otros cuestionamientos de los senadores

Los senadores demócratas afirman que la propuesta responde a intereses políticos y podría ser contraproducente si se permiten órdenes ejecutivas perjudiciales para el estado.

El senador Jay Chaudhuri planteó una hipótesis para resaltar lo que percibe como una potencial limitación peligrosa de los poderes del fiscal general.

“Pero digamos que el presidente emitió una orden ejecutiva que iba en contra de la batata. ¿No querríamos que el fiscal general la litigara?”, cuestionó Chaudhuri.

En respuesta, el senador republicano Moffitt dijo que la Asamblea General indicaría al fiscal general en caso de que pueda litigar una orden ejecutiva.

Por su parte, la senadora Mayfield también intervino en defensa del rol del fiscal general de Carolina del Norte. La senadora demócrata argumentó que Jackson está cumpliendo con su deber de proteger los intereses de los residentes del estado.

Mayfield destacó que Jackson había participado en solo cuatro demandas desafiando las órdenes ejecutivas de Trump. En casos dónde miles de millones de dólares en fondos federales y miles de empleos en Carolina del Norte estaban en juego.

“Nuestro fiscal general está haciendo exactamente lo que creo que todos queremos que haga un fiscal general, que es representar a la gente de este estado en la protección de los puestos de trabajo y la economía “, dijo Mayfield.

La ACLU defiende el deber del fiscal general

Por su parte, la portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Reighlah Collins, dijo que el fiscal general tiene el deber de defender la Constitución, tanto como abogado como en su juramento de cargo.

“El pasado mes de noviembre, el pueblo de Carolina del Norte eligió a Jeff Jackson como su abogado, confiando en él para protegerlos”, dijo Collins. “Protegerlos mediante la aplicación de las leyes constitucionales y proteger sus libertades y derechos constitucionales”, finalizó.

Después de la tormenta

Hace un año, el huracán Helene golpeó al oeste de Carolina del Norte. La comunidad latina respondió con algo más fuerte que la tormenta: solidaridad.

🎧 En este episodio, conoce cómo las organizaciones latinas transformaron la crisis en resiliencia.

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Claudia M. Rivera Cotto es una periodista bilingüe que cubre temas políticos, gubernamentales e inmigratorios en Carolina del Norte para Enlace Latino NC. Claudia forma parte de Report for America. Anteriormente,...

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