Qué hace la SB 153
📌Exige que el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Correccionales para Adultos, la Patrulla de Carreteras del Estado y la Oficina de Investigación del Estado cumplan con el ICE.
📌Exige a la Oficina de Presupuesto y Gestión del Estado (OSBM) que garantice que los programas estatales de beneficio público no apoyen a personas indocumentadas más allá de lo que exige la ley federal.
📌Prohíbe a los colegios universitarios y universidades de Carolina del Norte adoptar políticas que protejan a los estudiantes inmigrantes o que restrinjan a las fuerzas del orden la recopilación y el intercambio del estatus de ciudadanía de las personas con agencias federales.
📌Elimina ciertas protecciones de inmunidad gubernamental para los gobiernos locales que no cumplan con las ordenanzas anti-santuario.
ACLUNC
La próxima semana, posiblemente el martes 4 de marzo, el Senado de Carolina del Norte votará sobre el proyecto de ley que busca la colaboración de las agencias de orden público con el ICE.
Esto luego de que el proyecto de ley fuera aprobado el 27 de febrero en el Comité de Reglas y Operaciones del Senado estatal.
El proyecto SB 153 “North Carolina Border Protection Act”, delega tareas de control migratorio, a través de firmar acuerdos 287 (g) con el Departamento de Seguridad Pública, la Patrulla de Carreteras, el Departamento de Correccionales y el Buró de Investigaciones.
Además, obliga a una auditoría para asegurar que los inmigrantes indocumentados el acceso a los beneficios públicos y bloquea a la Universidad de Carolina del Norte de implementar ‘políticas tipo santuario’. También permite demandas contra los condados que no cooperen con ICE al renunciar a su inmunidad soberana.
La medida fue presentada por el líder del Senado estatal, Phil Berger. Además, está patrocinada por el senador Buck Newton y Warren Daniel.
Discusión sobre el proyecto de ley
Al discutir el proyecto de ley sobre inmigración, el senador Newton calificó la medida como “el siguiente paso que el estado debe dar para apoyar los esfuerzos del presidente Trump para frenar la inmigración ilegal”.
Mencionó que esta medida es un seguimiento a la ley HB 10, que exige la colaboración de los alguaciles locales con ICE.
El Departamento de Seguridad Pública respondió a Enlace Latino NC diciendo que la oficina está revisando el proyecto de ley y agregaron: “Siempre haremos todo lo que esté a nuestro alcance para proteger los derechos y la seguridad de las personas.”
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Comentarios públicos en el Comité
Mario Alfaro, gerente de políticas de El Pueblo NC, y Sammy Salkin, portavoz de la ACLU, se opusieron a la propuesta de ley. Las organizaciones mencionaron que podría dañar la confianza entre la policía y la comunidad inmigrante.
“En lugar de proteger a los ciudadanos del estado, creará desconfianza y aumentará la inseguridad para todos”, dijo Alfaro.
Alfaro también destacó el posible impacto a la economía si este proyecto se convierte en ley.
“En Carolina del Norte, más del 50 % de los trabajadores agrícolas y más del 35 % de los trabajadores de la construcción son inmigrantes. Estos sectores son pilares fundamentales de nuestra economía y, sin la mano de obra inmigrante, la productividad y el crecimiento de la industria se verían gravemente afectados”, añadió.
Por su parte, Salkin afirmó que la propuesta crea una falsa narrativa sobre los inmigrantes como carga pública. Las personas indocumentadas no pueden acceder a los beneficios estatales mencionados en el proyecto de ley.
“Solo en Carolina del Norte, los inmigrantes indocumentados aportaron más de 690 millones de dólares en impuestos estatales y locales en 2022″, explicó Salkin. “Sin embargo, la ley federal prohíbe a los inmigrantes indocumentados acceder a la mayoría de los servicios públicos, a pesar de que sus impuestos contribuyen a financiarlos”.
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Después de la tormenta
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