Carolina del Norte, Raleigh. – El Senado estatal avanza en la aprobación de un proyecto de ley que propone aumentar las penas y crear nuevos delitos relacionados con las manifestaciones en Carolina del Norte.
El expediente HB 805, “Prevención de disturbios y desórdenes civiles”, fue aprobado por la Cámara de Representantes en mayo anterior, con el voto de apoyo bipartidista.
Luego de recibir un reporte favorable del Comité Judicial, ahora, la propuesta se dirige al Comité de Reglas y Operaciones.
Evitar disturbios
La iniciativa es impulsada de forma directa por Tim Moore (Cleveland), presidente de la Cámara de Representantes, como respuesta a las manifestaciones que se registraron meses atrás en Raleigh. Puede leer ese artículo en el siguiente enlace.
Las protestas contra la violencia policial y racial que desencadenó la muerte de George Floyd en 2020.
Estas, se replicaron en Carolina del Norte con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
Moore sostiene que el objetivo del proyecto es disuadir y prevenir futuros disturbios.
El presidente de la Cámara de Representantes participó en la sesión del Comité de Judicial del Senado estatal para defender la iniciativa.
“El año pasado, todos vimos lo que sucedió no solo aquí, en la ciudad capital, sino en todo el estado, donde el desorden civil alcanzó niveles de destrucción”, manifestó Moore.
“Vimos violencia que, probablemente, no vimos antes en toda nuestra vida”, agregó.
Penas y sanciones
El HB 805 propone aumentar las penas por incitar o participar en disturbios que generen actos de violencia y daños a la propiedad privada.
Además, por acciones que provoquen la muerte o lesiones físicas al personal de emergencia -socorristas- responsable de prestar servicio durante una protesta.
Asimismo, los propietarios de los negocios que sufran ataques como resultado de una manifestación, podrían exigir el triple del valor de los daños sufridos.
Además, de costos judiciales y honorarios de abogados.
Estos son los principales cambios que plantea el proyecto de ley:
- Aumentar las penas de los delitos tipificados vigentes y crea nuevos delitos relacionados con disturbios.
- Autoriza a los residentes y empresarios el reclamo de “daños triplicados, costos judiciales y honorarios de abogados por lesiones a personas o bienes”, como resultado de disturbios o saqueos.
- Define “personal de emergencia” y aumenta la pena por asalto a un socorrista durante manifestaciones civiles.
- Crea requisitos de “fianza y libertad preventiva para los acusados de disturbios o saqueos”, que serán considerados por los jueces locales.
“Necesitamos darles a las fuerzas del orden las herramientas que necesitan”, puntualizó Moore ante los senadores estatales.
El presidente de la Cámara de Representantes dijo que el proyecto respeta el derecho civil a manifestarse.
Pero establece límites a los excesos y la violencia de quienes provocan daños a la propiedad privada y ponen en riesgo la vida de otros.
Preocupación
Para organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en Inglés) de Carolina del Norte, la propuesta republicana contenida en el HB 805 “reprimiría la libertad de expresión”.
Además, “desalentaría las protestas al imponer sanciones penales extremadamente duras a las personas acusadas de «disturbios»”.
Por medio de un comunicado oficial, ACLU afirmó que el proyecto contiene “varias disposiciones extremadamente dañinas destinadas a reprimir la libertad de expresión y el derecho a protestar”.
La iniciativa de ley, agregaron, ignora las preocupaciones de grupos étnicos minoritarios, como afroamericanos y latinos, “que continuamente han pedido justicia racial y el fin de la violencia policial”.
Ejercer el derecho a manifestarse en espacios públicos como medida de presión popular podría verse limitado en Carolina del Norte, en caso de convertirse en ley.
Un riesgo
Para ACLU, la nueva legislación representa un riesgo, que podría impactar de forma negativa el “debido proceso” contra los manifestantes.
Los senadores demócratas Mujtaba Mohammed (Mecklenburg) y Natasha Marcus (Mecklenburg) manifestaron su preocupación por la redefinición de delitos y penas que consideran excesivas y desproporcionadas.
Además, por la posibilidad que ofrece el proyecto a las víctimas de actos de violencia de exigir compensaciones económicas hasta por tres veces del valor de los daños provocados en propiedad privada.
Los legisladores calificaron el proyecto como “problemático”.