Carolina del Norte, Raleigh. – Senadores republicanos estatales presentaron de nuevo un proyecto de ley que crearía una lista de indocumentados llamados por error a servir como jurados, pese a que una iniciativa con este propósito ya fue vetada en el 2019 por el gobernador Roy Cooper.
Patrocinio de ocho senadores republicanos
Un total de ocho senadores estatales encabezados por Jim Burgin (Harnett), Joyce Krawiec (Davie) y Norman Sanderson (Carteret), patrocinaron la SB 377, denominado “Eliminar a los ciudadanos extranjeros de las listas de votación”.
El texto se presentó el 29 de marzo. Posteriormente se turnó al Comité de Reglas y Operaciones del Senado.
Datos personales
La iniciativa para crear una lista de indocumentados, plantea una reforma a los estatutos generales del estado (GS 9-3) que clarifica que solo los ciudadanos estadounidenses pueden ser llamados a servir como miembros de un jurado en procesos estatales.
Las “solicitudes de excusas del deber de jurado” deberán presentarse en un formulario desarrollado y proporcionado por la Oficina Administrativa de los Tribunales (AOC, por sus siglas en Inglés). Lo anterior de acuerdo con la SB 377.
El objetivo es que la persona especifique en el formulario las razones por las cuales se excusa de participar, incluido “el estado de no ciudadanía”.
Retención de datos personales
Los tribunales superiores podrán “retener el nombre y la dirección provistos por cada persona que solicite ser eximida del servicio de jurado sobre la base de la descalificación, junto con el motivo de esa solicitud, durante el resto del bienio”.
Los registros, dice la nueva versión del proyecto de ley, “no son de dominio público” y autoriza su destrucción al final de cada bienio.
Sin embargo, deja abierto la puerta para que las autoridades federales de migración puedan acceder a las listas de indocumentados.
Depurar listas de votantes
El proyecto de ley consigna que las personas residentes del estado que se excusaron de participar como jurados por su condición migratoria:
- Serían excluidas de las listas de votación en Carolina del Norte.
- Los tribunales informen vía electrónica a la Junta Estatal de Elecciones sobre las “personas descalificadas por falta de ciudadanía estadounidense” con toda su información personal.
Por su parte, la Junta de Elecciones “hará esfuerzos para eliminar nombres de las listas de votantes registrados”, una vez que reciba la información.
Fines migratorios
El SB 377 establece que la información retenida en los “registros públicos de la Junta Estatal de Elecciones" está sujeta a las leyes estatales y federales. Además, podría ser requerida y utilizada por las autoridades de migración.
La Junta Electoral del Estado deberá retener los registros electrónicos durante cuatro años y solo podrá destruirlos cuando ya no sean “registros públicos”.
Trato diferencial y derecho a la privacidad
La Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU) manifestó de nuevo su oposición a la SB 377.
El proyecto de ley, explicaron voceros de ACLU a Enlace Latino NC, “propone un trato diferencial para los residentes no ciudadanos y los expone al acoso”.
También, podría resultar en que a un votante registrado se le niegue su derecho al voto.
Stefania Arteaga, asesora de ACLU, dijo que tienen “preocupaciones” por el manejo de la información que recopilen los tribunales y las juntas electorales; Que la utilicen contra la población inmigrante indocumentada.
Marco administrativo
Para los legisladores republicanos, la iniciativa constituye un “marco administrativo” para facilitar la gestión de la Junta Electoral de Carolina del Norte; y garantizar que solo los ciudadanos estadounidenses puedan votar.
En 2019, los republicanos manifestaron su inconformidad con la decisión del gobernador Cooper por medio de un comunicado oficial.
“Eliminar a los ciudadanos extranjeros de las listas de votantes es otra ley de sentido común, como la identificación de votante, para proteger la integridad de las elecciones de Carolina del Norte”, dijo en ese entonces, el representante George Cleveland (Onslow), patrocinador de la medida en 2019 y líder de la agenda antiinmigrante.
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