CAROLINA DEL NORTE, Raleigh- A casi siete meses de la llegada de la pandemia de Covid-19 a Carolina del Norte, los trabajadores esenciales de la cadena de suministro de alimentos están más expuestos que nunca a los contagios debido a la desidia de los empresarios y la complicidad del gobierno. Ese es el alarmante diagnóstico que han transmitido diversas organizaciones sociales que velan por los derechos de los trabajadores agrícolas y de las plantas procesadoras de carne.
En ese contexto de suma preocupación, más de 120 grupos laborales, agrícolas, ambientales, religiosos y de derechos civiles que representan a millones de personas en el estado y en todo el país decidieron elevar una carta a los más altos funcionarios del estado para que implementen urgentes medidas de protección.
La carta, fechada el 25 de septiembre de 2020, describe un panorama desolador: mientras ya se han registrado más de 4,100 trabajadores agrícolas y de plantas procesadoras de carne contagiados, los dueños de los establecimientos no implementan las medidas de seguridad necesarias para evitar la propagación del virus y el gobierno, en complicidad con los empresarios, no brinda ninguna respuesta a los trabajadores que arriesgan sus vidas día a día.
La Red de Abogados de los Trabajadores Rurales, la Fundación Internacional para el Avance de la Agricultura (RAFI, por sus siglas en inglés) y el Centro para la Diversidad Biológica, el Ministerio Episcopal de los Trabajadores Agrícolas, algunas de las 124 organizaciones firmantes, denuncian que “desde el comienzo de esta fatal pandemia, Carolina del Norte ha priorizado las ganancias de las corporaciones y las relaciones con la industria por sobre la salud de los trabajadores, sus familias y nuestras comunidades”.
Testimonios de los trabajadores
Durante una conferencia de prensa a la que pudo acceder Enlace Latino NC celebrada en el marco del lanzamiento de la carta abierta, trabajadores relataron las desprotección frente al Covid-19 que deben enfrentar todos los días en sus empleos sin recibir ningún tipo de regulación por parte del gobierno estatal.
“Muchos nos enfermamos y no sabíamos qué hacer. Teníamos miedo de que nos enviaran de regreso a México si manifestábamos nuestros síntomas”, dijo un trabajador migrante que cuenta con una visa H2-A. “La verdad es que muchos de nosotros teníamos síntomas pero no nos dieron máscaras ni protección de ningún tipo y tampoco nos realizaron pruebas. Nos sentimos olvidados".
Un miembro de una familia de trabajadores del procesamiento avícola, por su parte, relató la dramática situación que debió atravesar su familia. Luego de que su madre se contagiara Covid-19 en una planta que no contaba con las medidas de protección necesarias, se enfermó su padre y luego él mismo.
“Mi madre se infectó en esta planta porque no tenía las precauciones necesarias. No había protección, no les brindaban máscaras y todos trabajaban hombro con hombro. Luego, cuando mi madre se curó y regresó al trabajo, todo fue igual. Dijeron que habían implementado medidas de seguridad, y claro, estaban revisando la temperatura de las personas cuando ingresaban, pero todo adentro estaba igual. Todos trabajaban hombro con hombro".
Responsabilidad de las autoridades del estado
Los firmantes de la carta señalan a los más altos funcionarios del gobierno estatal como los principales responsables de la crítica situación sanitaria que están atravesando los trabajadores esenciales.
En ese sentido, sostienen que el gobernador Roy Cooper había prometido a un grupo de defensores de los trabajadores latinos que emitiría una orden ejecutiva impartiendo medidas de protección, pero hasta ahora no ha cumplido su compromiso.
“Los trabajadores de primera línea de la alimentación de Carolina del Norte deben enfrentar diariamente enormes riesgos e incertidumbre, mientras que los empleadores no tienen ni siquiera la obligación de cumplir con las pautas más básicas de salud pública”, denuncian los firmantes de la carta abierta.
Sostienen, también, que muchos empleadores no realizan limpiezas profundas luego de que surja un brote, ni notifican a los empleados sobre la situación, y muchos no compensan a los trabajadores que pierden horas de trabajo por seguir las recomendaciones de cuarentena tras la exposición al COVID-19, cuyo derecho es garantizado bajo la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus.
Sin acceso a cuidados médicos
Además, los trabajadores informan que no tienen acceso a cuidados médicos ni pruebas, se les provee poca o ninguna información, y no se realizan monitoreos de salud de sus compañeros, dando lugar a que los trabajadores disimulen si tienen síntomas por miedo a represalias por parte de los empleadores.
“Sr. gobernador, las promesas vacías y la falta de transparencia de su administración han sembrado desconfianza, y le exigimos que utilice todas las herramientas a su alcance para proteger la vida de los trabajadores de primera línea de la industria de la alimentación”, le reclaman los firmantes a Cooper.
Pero también afirman que la secretaria de Salud y Servicios Humanos, Mandy Cohen, “se ha negado a ejercer su autoridad de implementar medidas en lugares de trabajo para abatir la amenaza que los trabajadores deben enfrentar, permitiendo a los empleadores que cumplan voluntariamente con la ley cuando a ellos les parece”.
La comisionada de Trabajo, Cherie Berry, optó, según las organizaciones sociales, “por cooperar con la industria a expensas de la gente que debe proteger y todavía hoy no ha hecho nada de lo que está en su poder para hacer cumplir con las leyes existentes sobre salud y seguridad en el trabajo”.
Responsabilidades
Junto a Cooper, Cohen y Berry, los firmantes adjudican responsabilidades por la salud de los trabajadores esenciales al comisionado de Agricultura, Steve Troxler, cuyas acciones habrían puesto en un peligro aún mayor a los trabajadores rurales: “Su reciente confirmación sobre los trabajadores agrícolas como trabajadores fundamentales de infraestructura les ha permitido a los empleadores pedirles a los trabajadores que se hayan visto expuestos a COVID-19 a regresar al trabajo si están asintomáticos. Este enfoque en la cooperación con las corporaciones, manteniendo la apertura y la producción de los lugares de trabajo, se da a costas de los trabajadores, ya que más de 4,100 trabajadores del sector agrícola y alimenticio de Carolina del Norte se han enfermado”.
A modo de cierre, la carta abierta manifiesta la urgente necesidad de que el gobernador Cooper emita una orden ejecutiva que proteja a los trabajadores de la primera línea de la industria de la alimentación y que haga que las agencias estatales establezcan y hagan cumplir medidas de protección para lograr lugares de trabajo seguros.
“Por el bien de nuestras comunidades, deben hacer algo. Carolina del Norte debe cambiar de una cultura de cooperar con las corporaciones que valora las ganancias a una cultura de responsabilidad industrial que valore a las personas”, concluyen los firmantes.
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