Carolina del Norte, Raleigh. – El juez de la Corte Superior David Lee ordenó hoy a las autoridades responsables de las finanzas estatales transferir en un máximo de 30 días $1.7 billones de fondos no utilizados a las agencias de educación pública.
Luego de más de dos décadas de rezago en inversión educativa, Carolina del Norte podrá disponer de recursos suficientes para garantizar una “educación básica sólida” a los niños del estado.
Fondos para financiar el Plan Leandro
Los fondos deberán utilizarse para financiar el Plan de Reparación Integral Leandro.
Y de esta manera dar cumplimiento efectivo al mandato constitucional de ofrecer educación de calidad a los menores residentes de Carolina del Norte.
El plan contempla inversiones en:
- Infraestructura educativa
- Maestros y directores competentes y bien capacitados
- Acceso equitativo a los recursos, entre otras áreas prioritarias para la atención y el desarrollo de los menores
«Tren fuera de control»
Se estima que para atender las necesidades y el rezago del sistema de educación pública en Carolina del Norte, el estado deberá invertir, al menos, $5.6 billones durante los próximos ocho años.
Durante la audiencia, el juez Lee dijo que el número de estudiantes que no reciben una educación básica sólida ha crecido desde que comenzó el caso Leandro, convirtiéndolo en un «tren fuera de control».
Desde 1997, al resolver el caso Leandro, la Corte Suprema de Carolina del Norte declaró el derecho constitucional de todos los niños residentes en el estado a una “educación básica sólida”, lo que implica mayor inversión pública.
“Plan de acción de ocho años”
En 2020, y luego de más de dos décadas fallos e incumplimientos por parte de la Asamblea General, responsable de aprobar el presupuesto estatal, los tribunales ordenaron al estado desarrollar y financiar un “plan de acción de ocho años”.
Fue así como surgió el Plan de Reparación Integral Leandro.
Sin embargo, una vez más, los líderes en la legislatura ignoraron la orden de los tribunales al elaborar el presupuesto para el periodo 2021-2022.
“Remedio menos intrusivo”
Hace tres semanas, el juez Lee advirtió a los representantes del Poder Ejecutivo y la Asamblea General que tomaría una determinación si ellos no presentaban una solución a la corte.
Los legisladores republicanos, quienes controlan la legislatura hicieron caso omiso de la orden judicial.
Además, acusaron al juez Lee de extralimitarse, “violentar la división de poderes” y provocar una “crisis constitucional”.
“El poder judicial no tiene la autoridad legal para decidir cómo se gastan los dólares de los contribuyentes y qué políticas se convierten en ley”, manifestaron mediante un comunicado de prensa.
«Esto es un circo»
El líder del Senado estatal Phil Berger (Rockingham) y el presidente de la Cámara de Representantes Tim Moore (Cleveland) calificaron el proceso como un “circo”.
«Este caso se ha convertido en un intento de los abogados políticamente aliados y el gobernador de promulgar el plan presupuestario preferido del gobernador a través de una orden judicial, excluyendo a la legislatura de su papel constitucional y apropiad”, declararon Berger y Moore de forma conjunta.
Por su parte, el juez Lee consideró su decisión como “el remedio menos intrusivo”.
Competencia para actuar
Por su parte, senadores del bloque demócrata dijeron que los tribunales locales tienen la potestad y el deber legal de señalar a los otros poderes de Carolina del Norte cualquier incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
“El incumplimiento de la orden del juez Lee es la verdadera violación de la constitución que separa a los niños de nuestras escuelas para tener la oportunidad real de lograr el sueño americano”, señaló el senador Jay Chaudhuri (Wake).
«Deferencia razonable»
Lee recordó que, antes de tomar su decisión, la corte brindó «deferencia razonable».
Esto, tanto al Poder Ejecutivo como a la Asamblea General para actuar, pero el plan de inversión de los republicanos ni siquiera alcanzaba el 25%.
El juez explicó que el Artículo 1, Sección 15 de la Constitución del estado, permite asignaciones fuera de la legislatura, y que la “autoridad constitucional reemplaza al estatuto”, en tanto la constitución es la “voluntad directa del pueblo”.
“Este caso no se trata del juez ni de los legisladores, sino de los hijos del estado”, manifestó Lee.
Recursos suficientes
Carolina del Norte tiene suficientes recursos en su fondo general para dar contenido económico al Plan de Reparación Integral Leandro.
El estado tiene reservas por más de $6 billones e ingresos adicionales previstos de $4.6 billones por concepto de recaudación fiscal entre 2021 y 2023.
El superávit presupuestario alcanza los $8.7 billones.
Por ley, el estado es responsable de financiar el sistema de instrucción pública, mientras que los condados están a cargo de las instalaciones educativas.
Buenas noticias para la Educación Pública en Carolina del Norte
Los legisladores estatales demócratas celebraron la decisión del juez.
“La Corte señaló que la Constitución expresa la voluntad del pueblo de tener una apropiación permanente para la educación y es un «mandato directo del propio pueblo». Los republicanos en la Asamblea General han ignorado la voluntad de la gente durante demasiado tiempo”, declaró el caucus demócrata.
La representante demócrata Julie von Haefen (Wake), es una de las legisladoras que más ha presionado por destinar los recursos mínimos necesarios dentro del presupuesto estatal para invertir de forma integral en el sistema educativo público.
“¡Buenas noticias para las escuelas públicas y los estudiantes de Carolina del Norte! Finalmente”, manifestó von Haefen en su cuenta oficial de Twitter.
«Un gran paso»
Los representantes demócrata Graig Meyer (Caswell) y Ricky Hurtado (Alamance) calificaron la determinación del juez Lee como “un gran paso”.
“¡Gran paso para los niños! El juez dijo que “la Constitución es la voluntad directa del pueblo” y los niños ya no pueden esperar a que actúe la Asamblea General. Tenemos más de $8 mil millones en el banco. Esto es lo correcto”, escribió Graig.
“Un gran paso en la dirección correcta para nuestros estudiantes en Carolina del Norte”, declaró Hurtado en redes sociales.
El caso Leandro comenzó en 1994 cuando familias de cinco condados de bajos recursos demandaron al estado, alegando que Carolina del Norte no les estaba brindando a sus estudiantes las mismas oportunidades educativas.