Carolina del Norte, Raleigh. – Los tribunales de Carolina del Norte dieron tres semanas de tiempo a la Asamblea General para definir cómo financiarán el Plan de Reparación Integral Leandro.
Si los los legisladores no concretan una propuesta económica de financiamiento escolar que permita al estado cumplir con su obligación constitucional de brindar una “educación básica sólida”, el juzgado está dispuesto a imponer sanciones e intervenir de forma directa.
«Autoridad suficiente»
Se estima que la inversión durante ocho años alcanzaría los $5.2 billones.
Para los primeros dos años, se requiere una suma de financiamiento escolar que oscila entre $1.5 y $1.7 billones.
El juez de la Corte Superior David Lee argumentó que la Constitución del estado le da a la corte “autoridad suficiente” para fallar en el caso.
Contrario a lo que señalan los líderes de la legislatura.
Antecedentes
El juez escuchó propuestas por parte de los demandantes sobre cómo ejercer sus poderes de reparación para rectificar la falta de fondos para el sistema educativo.
Esto, a partir de la experiencia que sobre financiamiento escolar han tenido otros estados.
Tribunales de Washington y Kansas, por ejemplo, han obligado a legislaturas renuentes al financiamiento escolar de una forma adecuada y sostenida.
- En 2015, la Corte Suprema de Washington declaró al estado en desacato y lo multó con $100,000 por día.
- Esto, después de que no pudo idear un plan para financiar adecuadamente la educación K-12,
- Como lo requería una orden judicial de 2012 en el caso de McCleary contra Washington.
- En 2004, un juez de Kansas ordenó el cierre de las escuelas si los legisladores no financiaban completamente un plan de gastos de educación.
«Educación básica sólida»
Desde 1997, al resolver el caso Leandro, la Corte Suprema de Carolina del Norte declaró el derecho constitucional de todos los niños residentes en el estado a una “educación básica sólida”, lo que implica mayor inversión pública.
Todo comenzó cuando cinco distritos escolares rurales en condados de bajos ingresos demandaron al estado.
Esto, argumentando que no podían recaudar los ingresos fiscales necesarios para brindar una educación de calidad.
El fallo
El fallo de 1997 fue ratificado en 2004.
Sin embargo, los presupuestos estatales aprobados desde entonces por la Asamblea General han ignorado la orden de los tribunales.
Mientras aumentan las brechas y el deterioro del sistema educativo.
En 2020, y luego de más de dos décadas de incumplimientos, los tribunales ordenaron al estado desarrollar y financiar un “plan de acción de ocho años”.
¿Qué es el Plan De Reparación Integral Leandro?
Fue así como surgió el Plan de Reparación Integral Leandro, que se centra en la atención de las áreas clave descritas en la orden emitida por el juez Lee en 2020.
En plan contempla inversiones en:
- Infraestructura educativa
- Maestros
- Directores competentes y bien capacitados
- Acceso equitativo a los recursos, entre otras áreas prioritarias para la atención y el desarrollo de los menores.
Presupuesto estatal
El presupuesto estatal, que aún no ha sido aprobado para el próximo bienio, tampoco destina los fondos requeridos para implementar el plan de reparación ordenado por los tribunales.
El proyecto, elaborado meses antes por la oficina del gobernador Roy Cooper incluía la totalidad de los fondos estimados para iniciar el proceso, pero fue descartado por los líderes republicanos.
El plan de inversión de los republicanos ni siquiera alcanza el 25% de los recursos mínimos necesarios para ofrecer y garantizar educación básica de calidad.
«Potestad de la Asamblea General»
En un comunicado de prensa, el senador Phil Berger (Caswell), presidente del Senado estatal, sostuvo que los tribunales carecen de autoridad para intervenir en el diseño de los presupuestos.
Asi, como del destino de los recursos públicos.
La aprobación de leyes y el presupuesto, señaló Berger, son potestades de la Asamblea General.
Lo cual fue ratificado por la Corte Suprema del estado en 2020.
“A la luz de esta disposición constitucional, (…) el poder de la cartera es prerrogativa exclusiva de la Asamblea General’, con el origen de la cláusula de asignaciones que se remonta hasta el momento en que la constitución estatal original fue ratificada en 1776″, citó Berger en su comunicado.
Separación de poderes.
Para los demandantes, no hay un problema de separación de poderes en el caso Leandro.
Esto, en tanto los tribunales están garantizando a los menores un derecho fundamental, consagrado en la Constitucional del estado.
La representante demócrata Julie von Haefen (Wake), recordó que el estado tiene reservas por más de $6 billones e ingresos adicionales previstos de $4.6 billones entre 2021 y 2023.
La legisladora dijo a Enlace Latino NC mantener la esperanza de que la Asamblea General “pueda aprobar un presupuesto que implemente completamente el plan Leandro antes de que el juez Lee tenga que intervenir».
“Tenemos la obligación constitucional para con nuestros estudiantes de financiar completamente nuestras escuelas públicas», declaró la representante.
«El juez Lee lo sabe y está preparado para cumplir la promesa de nuestro estado a nuestros niños”, agregó.