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Nueva York, (EFE) – Los trabajadores migrantes acogidos al programa agrícola H-2A, que permite la contratación de mano de obra extranjera, viven en condiciones de explotación y vulnerabilidad, no lejos de la esclavitud. El presidente Joe Biden debe tomar una decisión sobre el futuro de este acuerdo. Lo anterior de acuerdo a un informe dado a conocer este jueves.

“El programa H-2A creó una fuerza laboral cautiva, hecha para trabajar en condiciones brutales y a menudo ilegales. En la práctica, no están alejadas de la esclavitud”, indica el informe “Dignidad o explotación: ¿qué futuro para las familias de trabajadores agrícolas en Estados Unidos?” del Institute for Public Accuracy.

Destaca que bajo este programa las regulaciones del Departamento del Trabajo permiten a las empresas someter a los migrantes a cuotas que les obligan a trabajar a una velocidad agotadora.

Señala además que este programa creció y que ello exacerbó una crisis de vivienda existente para estos trabajadores rurales. Lo anterior debido a que la contratación se disparó de 10,000 visas en 1992 a al menos 250,000 en 2020.

Además “los trabajadores también enfrentan una exposición desproporcionada a la pandemia del Covid-19”. Los resultados del estudio lo atribuyen a viviendas colectivas o barracones, donde los trabajadores duermen en literas.

“Los esfuerzos para organizarse contra las condiciones de explotación se encontraron con despidos, deportaciones y listas negras”, afirma el reporte.

De igual manera, asegura que las condiciones de explotación y vulnerabilidad de los migrantes que se acogieron al programa H-2A son muy cercanas a las del programa bracero. Dicho programa estuvo vigente desde 1942 hasta 1964.

Por medio de ese programa, denominado “Mexican Farm Labor Program”, unos 4,5 millones de mexicanos llegaron a las fincas agrícolas de este país (entre los cuales algunos visitaban y regresaban de manera repetitiva a Estados Unidos).

Ley de Inmigración y Naturalización de 1965

Recuerda el informe acerca de la Ley de Inmigración y Naturalización de 1965. Esa Ley puso fin al programa bracero. Mediante dicha ley se estableció un sistema de inmigración basado en la reunificación familiar. Así como también basado en la estabilidad comunitaria, protegiendo los salarios, derechos, salud y vivienda de los trabajadores agrícolas. Advierte que “este sistema está cada vez más amenazado en la actualidad”.

“Restaurar el sistema de preferencias familiares y detener el programa H-2A son dos de las decisiones más importantes que enfrentará la Administración Biden en lo que respecta a la dirección de la política de inmigración de Estados Unidos”. Lo anterior fue destacado en el informe por Anuradha Mittal. Mittal es directora ejecutiva del Institute for Public Accuracy.

“La nueva Administración necesita elegir los intereses de quién va a servir. ¿Apoyará el programa H-2A y protegerá las ganancias de los productores?. ¿O apoyará a los trabajadores agrícolas que trabajan en los campos para alimentar a este país?”, puntualizó.

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