Carolina del Norte, Raleigh – ¿Por qué perseguir e impulsar legislación contra la comunidad indocumentada si los trabajadores y sus familias son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento económico de Carolina del Norte?
Esa es la pregunta que dejaron planteada a los legisladores estatales los representantes de cerca de 30 organizaciones civiles y de base social que se sumaron este 9 de junio, a una jornada de cabildeo en la Asamblea General.
Las prioridades en la legislatura de Carolina del Norte no solo excluyen las necesidades y demandas de la población inmigrante, sino que, por el contrario, se promueven iniciativas de ley que afectan y limitan su integración y desarrollo.
Líderes y miembros de la coalición Alianza de los derechos de los Inmigrantes de Carolina del Norte (ACIN) se manifestaron contra los proyectos de la denominada agenda antiinmigrante que siguen con vida en la Asamblea General.
ACIN reúne a organizaciones como El Pueblo, North Carolina Asian Americans Together, Episcopal Farmworkers Ministry y ACLU, así como grupos de base directamente afectados, que defienden los derechos de los inmigrantes.
Oportunidades
Uno de los grupos, Estudiantes en Acción con Campesinos (SAF, por sus siglas en Inglés), fue representado por Brandy Fuentes, estudiante de 20 años. Su familia emigró de México cuando apenas tenía dos meses de edad.
Desde entonces, vive en Carolina del Norte. Aquí creció y completó su educación primaria y secundaria; pero asegura sentirse excluida, sin acceso a las mismas oportunidades y sin posibilidad de competir en igualdad de condiciones.
“La educación debe ser un derecho, no un privilegio, pero en nuestro estado, Carolina del Norte, la educación sigue siendo un privilegio”, declaró Fuentes.
Actualmente, Brandy cursa el cuarto año de la carrera de Servicios Humanos, pero sus posibilidades son limitadas. Ella, como cientos de jóvenes indocumentados, no pueden acceder a opciones de financiamiento.
“Carolina del Norte es mi hogar, pero aquí no me consideran una de los suyos”.
Brandy invitó a los legisladores locales a imitar el ejemplo de otros estados; como California, Nuevo México, Oregon y Texas. Son estados que han eliminado las barreras entre los estudiantes indocumentados y las oportunidades de financiamiento.
Dirección contraria
Legisladores demócratas como el representante Ricky Hurtado (Alamance) y el senador Mujtaba Mohammed (Mecklenburg) coinciden con los grupos de base latina en que las prioridades de la legislatura, bajo control republicano, apuntan en la dirección contraria.
Lejos de promover la inclusión y el desarrollo de la comunidad indocumentada, como lo hacen otros estados, el bloque republicano impulsa políticas que sólo promueven el temor y la incertidumbre entre las familias de inmigrantes. Fue lo que mencionó Hurtado.
Los republicanos, dijo Hurtado, utilizan la agenda antiinmigrante como un “asunto político y electoral”; mientras se podrían estar discutiendo iniciativas para incrementar el bienestar de las familias e invertir en el futuro de los jóvenes.
Durante los primeros meses del año, Hurtado y Mohammed, ambos hijos de inmigrantes, presentaron proyectos de ley para dar permisos de conducir y matrículas igualitarias a la población indocumentada, entre otros. Sin embargo, las propuestas ni siquiera fueron considerados por los republicanos.
Agenda antiinmigrante
Al menos dos de los tres proyectos antiinmigrantes que superaron el crossover -fecha límite para que los expedientes pasen de una cámara a la otra- podrían discutirse y votarse en las semanas siguientes.
Se trata de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Representantes, el HB 62, y uno introducido en el Senado estatal, el SB 101.
¿Qué pretenden los proyectos antiinmigrantes que continúan vigentes?
HB 62: “Cumplimiento de inmigración del gobierno / Ordenanzas obligatorias”
Considera nula y sin efecto cualquier política, ordenanza o procedimiento del condado o ciudad que limite o restrinja la aplicación de las leyes federales de inmigración (ciudades santuario) a menos de la extensión total permitida por la ley federal. Además, crea un derecho de acción para que cualquier persona busque una orden judicial por cualquier violación de los estatutos.
¿Dónde está? Comité de Reglas y Operaciones del Senado estatal.
¿Qué plantean los proyectos que continúan con vida?
SB 101: “Requerir cooperación con el ICE 2.0”
Ordena a los alguaciles de Carolina del Norte y a los administradores de centros penitenciarios en el estado a colaborar con el ICE. Si una persona es detenida por cometer ciertos delitos graves y no puede demostrar la legalidad de su estatus migratorio en un término de 48 horas, la policía local deberá notificar a las autoridades migratorias federales.
¿Dónde está? Comité de Reglas, Calendarios y Operaciones de la Cámara de Representantes.
Los legisladores demócratas ratificaron su compromiso de luchar contra los proyectos que amenazan a la comunidad latina; y de interceder ante el Gobernador Roy Cooper en caso de que sean aprobados por la legislatura.
En el caso del SB101, el expediente aún deber ser discutido y aprobado por un comité -Reglas, Calendarios y Operaciones- ; y por el plenario de la Cámara de Representantes. Lo mismo ocurre con el HB 62 pero en el Senado estatal.
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