La comunidad inmigrante ha reaccionado con preocupación ante reportes que señalan que la administración del presidente Donald Trump estaría elaborando una orden ejecutiva para modificar las reglas de apertura de cuentas bancarias en Estados Unidos, que exijan la presentación de prueba de ciudadanía.
Actualmente, no existe una norma que prohíba a los no ciudadanos abrir cuentas en Estados Unidos, ni las reglas vigentes exigen verificar el estatus migratorio como parte de los controles habituales.
“En este momento, es importante mantener la calma y entender que no se han implementado cambios. Las personas que ya tienen cuentas no deben asumir que su acceso se verá afectado de manera inmediata”, mencionó a Enlace Latino NC Vicky García, presidenta & CEO de Latino Community Credit Union.
“Para quienes planean abrir una cuenta, mi recomendación es informarse directamente con instituciones financieras confiables, especialmente aquellas con experiencia en atender a comunidades diversas, como las cooperativas de crédito”, señaló.
¿Puede el gobierno exigir prueba de ciudadanía a los bancos?
Bajo leyes como el Bank Secrecy Act, el gobierno federal sí tiene la autoridad de establecer ciertos requisitos regulatorios para las instituciones financieras, particularmente en materia de prevención de lavado de dinero y verificación de identidad, explicó Vicky García.
“Sin embargo, actualmente no existe un requisito que obligue a verificar ciudadanía para abrir una cuenta”.
“Una medida de este tipo representaría un cambio significativo en el marco regulatorio actual y probablemente requeriría un análisis legal profundo, así como la implementación de nuevas reglas por parte de las agencias regulatorias correspondientes”, afirmó.
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Cómo funciona hoy la verificación en los bancos
La presidenta y CEO de Latino Community Credit Union, Vicky García, señaló que no existen precedentes directos que exijan la verificación de ciudadanía como condición para abrir cuentas bancarias.
“El sistema actual se basa en el Customer Identification Program (CIP), que exige verificar la identidad de la persona, pero no su estatus migratorio o ciudadanía”. “Este sistema ha sido efectivo durante más de dos décadas para promover tanto la seguridad del sistema financiero como el acceso a los servicios bancarios”, agregó.
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Impacto en las comunidades inmigrantes
Según reportaron diversos medios, representantes de la industria bancaria argumentaron que exigir la verificación de su estatus de ciudadanía no es práctico.
“Las implicaciones serían significativas en varios niveles. Para las cooperativas de crédito, implicaría una carga operativa y de cumplimiento legal considerable, incluyendo cambios en sistemas, procesos y capacitación”, comentó Vicky García.
“Pero, más importante aún, el impacto en las comunidades inmigrantes sería profundo. Medidas que limiten el acceso al sistema financiero pueden empujar a muchas personas fuera de instituciones seguras y reguladas”, señaló.
También García planteó que si esta regla se implementa, aumentan “los riesgos de seguridad al manejar efectivo, fomenta el uso de canales informales o de depredadores y puede contribuir a la creación de una economía paralela”.
“El acceso a servicios financieros es fundamental para que las personas puedan construir estabilidad económica, proteger sus recursos y contribuir plenamente a sus comunidades”, afirmó.
Recomendaciones
En un plano hipotético en el que la orden ejecutiva entre en vigor, García recomendó, para quienes planean abrir una cuenta, informarse directamente con instituciones financieras confiables.
“Especialmente aquellas con experiencia sirviendo a comunidades diversas, como las cooperativas de crédito”, resaltó.
“También es importante que las personas busquen instituciones que ofrezcan orientación clara y apoyo, y que continúen utilizando el sistema financiero formal como una herramienta para su seguridad y bienestar económico”, concluyó.
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Acerca de la la nueva orden ejecutiva
La propuesta, que según reportan medios nacionales como The Wall Street Journal podría tomar la forma de una orden ejecutiva o de otra acción impulsada principalmente por el Departamento del Tesoro, obligaría a las instituciones financieras a solicitar documentación adicional —como pasaportes u otros documentos que acrediten la ciudadanía— a quienes deseen abrir o mantener una cuenta bancaria.
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