Minutos antes del comienzo de la sesión del Concejo Municipal de Asheville el 14 de abril, y con decenas de personas inscritas para comentar, las autoridades locales informaron que habían decidido quitar el polémico ítem D de la agenda de consentimiento del día.
El punto contemplaba votar sobre más de un millón de dólares provenientes del gobierno federal, a través de la oficina del congresista Chuck Edwards, para financiar un centro de inteligencia en tiempo real que integraría distintas tecnologías de vigilancia.
“Queremos asegurarnos de abordar todas las preguntas y entender completamente este tema antes de tomar cualquier acción”, dijo la alcaldesa de Asheville, Esther Manheimer, durante la sesión.
Las críticas por haber propuesto el tema para su votación sin discusión comunitaria se hicieron notar. A pesar de haber sido retirado de la agenda, decenas de personas decidieron permanecer hasta el final de la sesión para expresar su rechazo durante los comentarios públicos.
El próximo paso será la revisión del tema en el comité de Política, Finanzas e Infraestructura, en una sesión de trabajo programada para el 28 de abril a las 3:00 p.m. en el Ayuntamiento de Asheville, a la que el público puede asistir, aunque no se aceptan comentarios.
¿Qué propone el proyecto de centro de inteligencia?
Según el documento oficial incluido en la agenda del Concejo Municipal del 14 de abril, la propuesta para crear un Centro de Inteligencia en Tiempo Real en Asheville surge de una solicitud del Departamento de Policía de la ciudad, que en 2024 respondió a una convocatoria de financiamiento impulsada por la oficina del congresista Chuck Edwards.
El proyecto contempla más de $1.14 millones en fondos federales asignados a través del programa Community Project Funding y administrados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El documento describe el centro como un “espacio centralizado” para recopilar, analizar y compartir información en tiempo real entre oficiales, con el objetivo de mejorar la coordinación y la respuesta policial.
“No es dinero gratis: hay costos involucrados”
Para la concejal Kim Roney, una de las principales críticas del proyecto es que el riesgo principal es que los datos recopilados por el sistema terminen en manos de agencias federales.
“El equipo de vigilancia no sería accesible solo para nuestro personal policial local”, dijo en una conversación con Enlace Latino NC, originalmente en inglés, al advertir que en otras partes del país este tipo de información ha sido utilizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional.
Roney señaló que, una vez que se crea este tipo de base de datos, el control local sobre la información puede diluirse.
“El problema empieza al crear la base de datos”, dijo, y agregó que la legislación estatal limita la capacidad de restringir el acceso a esa información.
La concejal también cuestionó la decisión de solicitar financiamiento federal para este tipo de tecnología en el contexto actual.
Según explicó, existe inquietud en la comunidad sobre aceptar fondos que podrían ampliar las herramientas de vigilancia en un momento en que otras prioridades —como la recuperación tras el huracán Helene o el acceso a vivienda— siguen sin resolverse.
“¿Por qué no aceptar dinero que parece gratis? Bueno, porque hay costos involucrados”, afirmó, en referencia a lo que ella denuncia: la pérdida de derechos civiles, sumada a los gastos futuros en infraestructura, contratos y personal que asumiría la ciudad.
Las voces de la comunidad
Durante los comentarios públicos, varios residentes expresaron preocupación por el impacto del proyecto en la privacidad y en el uso de datos.
Anne Craig, de 75 años y residente de Asheville desde hace casi cinco décadas, advirtió que la propuesta representa “una pendiente resbaladiza hacia un aumento de la vigilancia de nuestra población” y pidió que cualquier decisión se tome con mayor debate público.
Otros participantes fueron más directos. Un residente cuestionó la colaboración con el gobierno federal y el uso de tecnologías que, según dijo, podrían facilitar el acceso a datos por parte de las agencias migratorias.
“El Concejo dice ser progresista, pero continúa colaborando con el régimen federal… considerando aceptar dinero para construir una red que integre cámaras personales y de negocios en un sistema de vigilancia listo para ICE”, afirmó.
Patrick Cogut, residente de Asheville, centró sus comentarios en el manejo de datos por parte de las empresas tecnológicas. “El modelo de negocio… no es la seguridad pública, son los datos”, dijo. “Nosotros, la gente de Asheville, somos el producto”.
La tecnología de vigilancia que ya funciona en Asheville y Buncombe
En Carolina del Norte, 108 agencias policiales utilizan los ALPR, según el “Atlas de Vigilancia”, una base de datos de EFF.
Según estos datos, en el condado de Buncombe y en la ciudad de Asheville estos sistemas ya están ampliamente implementados.
La Oficina del Alguacil del condado de Buncombe opera al menos 20 lectores de placas de la empresa Flock Safety, mientras que departamentos policiales locales también utilizan esta tecnología: Black Mountain cuenta con cinco dispositivos y Biltmore Forest con dos.
En Asheville, la policía también utiliza lectores automáticos de placas que almacenan datos por hasta 30 días, además de cámaras corporales, drones y otros sistemas de vigilancia.
A esto se suma la infraestructura de monitoreo en tiempo real:
- La Oficina del Alguacil ha utilizado desde 2022 la plataforma FUSUS, un sistema que permite integrar imágenes de cámaras públicas y privadas en una sola red.
- El Departamento de Policía de Asheville, por su parte, ya ha invertido en equipamiento para un centro de inteligencia en tiempo real, con gastos aprobados por alrededor de $325,000 en 2025, según informó BPR.
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