Esta historia fue publicada originalmente por NC Health News
Carolina del Norte, Raleigh- Desde viviendas pequeñas, altas tasas de enfermedades crónicas y sin protección de licencia por enfermedad, los trabajadores agrícolas inmigrantes se han encontrado en posiciones particularmente vulnerables a medida que la pandemia de COVID-19 se extender por Carolina del Norte.
Durante el verano de 2020, cientos de trabajadores agrícolas se enfermaron en más de 30 granjas cuando el COVID-19 afectó a la comunidad en general. Los defensores de los trabajadores agrícolas hicieron numerosos llamados al gobernador Roy Cooper; exigiendo que él y otros funcionarios estatales implementaran políticas para proteger mejor a los trabajadores. Parecía que Cooper iba a cumplir con las demandas, pero finalmente cambió de planes.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado no rastrea las infecciones de COVID-19 por ocupaciones. Al principio, el departamento rastreó las viviendas de los trabajadores agrícolas donde hubo brotes, como lo hace con otros espacios de vida colectiva, como hogares de ancianos y centros de atención para adultos. Pero para el verano de 2020, el departamento cambió la forma en que llevaba el registro de datos.
Movió las viviendas para trabajadores agrícolas migrantes a la categoría más general de “otros”, que también incluye refugios para personas sin hogar. En lugar del nombre de la granja, solo se enumeran las intersecciones de calles donde están ubicadas.
NCDHHS dijo que el cambio se hizo con el objetivo de ser más preciso.
“En la forma en que se mostraban los datos antes, se mencionaba un negocio/granja a pesar de que el brote podría haber ocurrido en viviendas ubicadas a varias millas de distancia”. Fue lo que dijo la portavoz del NCDHHS, Catie Armstrong; agregó que se eliminó la dirección precisa del brote “como un reconocimiento de que las poblaciones marginalizadas residen en ambos entornos; y esos entornos/residentes corren el riesgo de sufrir actos de discriminación y acoso”.
Los datos generales de infección muestran que, desde marzo de 2020, el 17 por ciento de los casos de COVID-19 en Carolina del Norte han afectado a residentes hispanos a pesar de que el grupo representa solo el 10 por ciento de la población (alrededor del 94 por ciento de los trabajadores agrícolas hablan español como su lengua materna).
La pandemia ha sido dura para los trabajadores agrícolas inmigrantes. Sin embargo, a medida que se avanzó con la vacunación, muchos finalmente encontraron algo de alivio y protección.
A mediados de diciembre de 2021, los trabajadores de la salud habían administrado 28,702 dosis de vacunas a los trabajadores agrícolas en los sitios de vacunación establecidos para esta población, según el NCDHHS.
Se estima que la población total de trabajadores agrícolas migrantes y de temporada en Carolina del Norte es de alrededor de 150,000, donde se incluyen trabajadores indocumentados, así como aquellos que se encuentran en Estados Unidos con visas de trabajadores agrícolas temporales H-2A, junto con ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.
La cantidad de dosis de vacunas administradas a este grupo es casi definitivamente un recuento incompleto ya que estos trabajadores, como todos los demás, pueden recibir vacunas en cualquier lugar que las administre. Si un trabajador agrícola va a una farmacia cercana a por una vacuna, en lugar de esperar a que la vacuna llegue a su centro de trabajo, no se le cuenta en la cantidad de vacunas administradas específicamente a los trabajadores agrícolas.
AMEXCAN, un grupo de defensa latino con sede en Greenville realizó recientemente una encuesta a cerca de 100 trabajadores agrícolas inmigrantes para ver su conocimiento sobre el COVID-19 y la vacuna.
Entre los hallazgos, más del 80 por ciento de los trabajadores agrícolas inmigrantes encuestados dijeron que sabían dónde podían ir para vacunarse contra el COVID-19, una hazaña significativa considerando las barreras de idioma y transporte que la comunidad enfrenta a menudo. Los encuestados vivían principalmente en los condados de Nash, Wilson y Harnett, áreas rurales en las partes central y este del estado.
Las brechas en el apoyo general que reciben los trabajadores agrícolas inmigrantes aún existen. En la encuesta, los trabajadores dijeron que necesitaban ayuda para acceder a otros tipos de atención médica, como la atención de salud mental. También dijeron necesitar ropa, mascarillas, otros equipos de protección personal y alimentos.
Quizás lo más significativo es que los trabajadores dijeron que necesitaban acceso a Internet.
“Hoy en día, esta es la forma en que podemos comunicarnos con nuestras propias comunidades”, dijo el director ejecutivo de AMEXCAN, Juvencio Rocha-Peralta. “Estas comunidades o estas personas realmente viven en un área muy remota, por lo que hay espacio allí para que aboguemos más por la conectividad, por el acceso a los servicios”.
Internet poco fiable
Las agencias estatales también conocen de esta necesidad crítica. Natalie Rivera coordina el Proyecto de Conectividad a Internet de Salud para Trabajadores Agrícolas dentro del Programa de Salud para Trabajadores Agrícolas de Carolina del Norte, una organización que actúa como enlace entre las clínicas y los trabajadores agrícolas.
“Buscamos áreas en Carolina del Norte donde existe una gran densidad de trabajadores agrícolas, pero tal vez no muchos servicios de salud”, dijo Rivera. “Los trabajadores de extensión salen a la comunidad, van a las granjas, visitan a los trabajadores agrícolas en sus hogares y hacen extensión de salud para conectarlos mejor con los servicios clínicos que están disponibles para ellos”.
Cuando llegó la COVID-19, la organización consideró la opción de cambiar a un modelo virtual para proteger mejor a los trabajadores agrícolas y a trabajadores de salud comunitarios, y limitar las citas físicas con los médicos. Pero de inmediato se encontraron con un problema: el servicio de internet y celular en la mayoría de las viviendas para migrantes es limitado o inexistente.
“Sabía que existía este problema”, dijo Rivera. Ella era antes trabajadora social y recuerda que iba a las granjas para llevar información de salud (resultados de análisis de sangre, para reprogramar citas médicas, etc.) servicios que podrían haber sido a través de una llamada telefónica o un correo electrónico, si esas vías existieran de manera confiable.
Vivienda “oculta”
Parte del desafío de llevar Internet a los campos de trabajadores agrícolas migrantes se debe a lo aisladas que suelen estar sus viviendas.
Casi el 40 por ciento de los campamentos de migrantes están “ocultos”, según un estudio de 2015 realizado por investigadores de la Escuela de Medicina de Wake Forest, lo que significa que están lejos de la carretera o escondidos detrás de otras estructuras. La distancia entre la carretera y las viviendas de los migrantes hace que sea más probable que se deban eliminar árboles u otras barreras físicas, lo que puede generar un aumento de los costos al colocar las fibras y los cables.
“La otra parte de las viviendas para inmigrantes es, en muchos casos, viviendas colectivas”, dijo Rivera. “Entonces eso también crea un desafío con el ancho de banda y los datos”.
Gran parte de las viviendas de los trabajadores migrantes también se construyen con metal u hormigón, lo que puede impedir el acceso a Internet en el interior. Rivera dijo que ha escuchado de muchos productores a quienes proveedores de servicios de Internet les han dicho que costaría decenas de miles de dólares cablear ese tipo de edificios.
El hecho de que la vivienda esté “oculta” también puede contribuir a problemas de salud más allá de la falta de acceso a Internet.
“El hacinamiento, la falta de acceso a instalaciones para bañarse, las plagas y los daños estructurales son comunes en las viviendas de los trabajadores agrícolas”. Fue lo que escribieron los autores del estudio de 2015. “Las viviendas para trabajadores agrícolas provistas por el empleador rara vez cumplen con los requisitos de las reglamentaciones estatales y federales”.
Si bien una mejora en el acceso a Internet no resolvería esos problemas, los que están en el campo han visto cómo el acceso ampliado ha ayudado a los trabajadores inmigrantes en otras esferas.
“Hemos aprendido que Internet no solo es beneficioso para el acceso a la salud, sino también para el bienestar emocional”, dijo Rivera.
A pesar de los beneficios del acceso a Internet y la creciente dependencia de los servicios basados en la web durante la pandemia, ni Carolina del Norte ni las regulaciones federales de vivienda para migrantes requieren que el acceso a Internet esté disponible para los trabajadores que viven en viviendas para migrantes.
Wi-Fi versus banda ancha
A medida que el virus se propagó, los miembros del programa de salud de los trabajadores agrícolas comenzaron a hablar con la gente de la Oficina de Infraestructura de Banda Ancha de Carolina del Norte para diseñar una estrategia para obtener acceso a Internet para los trabajadores agrícolas de la forma más fácil y rápida posible. Decidieron que lo mejor era habilitar puntos de acceso Wi-Fi.
Los hotspots usan redes celulares, como Verizon y AT&T, para brindar acceso a Internet. Son pequeños, como del tamaño de un teléfono celular, y portátiles. Pero su tamaño ocasiona algunos problemas.
“Se pueden perder fácilmente”, dijo Rivera. Tampoco funcionan especialmente bien si varias personas intentan hacer de manera simultánea cosas que requieren mucho ancho de banda, como mirar YouTube o chatear por video con la familia, sin mencionar a un niño que intenta participar en clases de video.
La organización distribuye hotspots a las granjas a través de los colaboradores de salud con los que ya han trabajado. También participan algunas organizaciones sin fines de lucro y otras organizaciones comunitarias que tienen relaciones existentes con trabajadores agrícolas.
Blue Ridge Health, un centro de salud calificado por el gobierno federal que trabaja con agricultores migrantes en el oeste de Carolina del Norte, participó en la distribución.
Kenett Melgar, gerente de poblaciones vulnerables de BRH, dijo que los puntos de conexión eran de importancia crítica. Estos permitieron que muchos trabajadores migrantes, que anteriormente no tenían acceso a Internet, participaran en citas de telesalud y hablaran con sus familias a través de WhatsApp.
“La necesidad de la población migrante es semejante a las necesidades de la comunidad en general”, dijo Melgar. “El acceso a Internet, especialmente en áreas montañosas remotas, como las que tenemos aquí, a veces puede ser irregular y muchas personas simplemente no tienen una buena conexión a Internet. Lo cual, en el mundo de hoy, es una especie de necesidad”.
Hasta agosto de 2021, según los datos disponibles más recientes, el grupo había distribuido 258 puntos de acceso, lo que permitió que más de 2000 trabajadores agrícolas tuvieran acceso a Internet. No existe la documentación que muestre la distribución geográfica de los puntos de conexión.
Una brecha de parada de emergencia
Los puntos de acceso Wi-Fi se diseñaron para ser una respuesta a corto plazo, generada por la pandemia. Solo hay financiamiento para el servicio hasta fines de 2022, según Rivera.
Junto con el programa de puntos de acceso, la agencia también se asoció con el Instituto de Agromedicina de Carolina del Norte para encontrar una solución más permanente.
La infraestructura de banda ancha toma tiempo para construir y puede ser muy costosa. Es un problema que las comunidades rurales de todo el estado y el país han tenido en cuenta, especialmente durante la pandemia, cuando gran parte de la vida se ha movido al espacio virtual.
“Internet por cable… como la fibra o el cable, realmente requiere estar enterrado bajo tierra. Cuesta mucho más dinero”, dijo Rivera, “pero termina siendo más permanente y más rentable una vez que está disponible para usted”.
Las agencias diseñaron un programa mediante el cual los propietarios de granjas y los agricultores que deseen instalar Internet de manera más permanente pueden hacerlo y recibir un reembolso del Instituto de Agromedicina de hasta $1,000 por unidad de vivienda para migrantes.
El reembolso, sin embargo, también es temporal.
Para lograr la equidad digital, dijo Rivera, es fundamental que los trabajadores agrícolas migrantes tengan acceso a Internet. La pregunta es, ¿quién se hace responsable de las finanzas para que eso suceda?
“El mayor desafío ha sido qué va a suceder después”, dijo. “¿Tenemos que pagar nosotros? ¿O lo pagan ellos? Y creo que tratamos de pasar por esto para aprender y ver cómo hacerlo”.