El gobierno de Trump presentó una propuesta para derogar la regla de carga pública adoptada en 2022, la norma federal que define qué factores pueden utilizarse en contra de una persona que solicita la residencia permanente en Estados Unidos.
La medida fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional en Washington el pasado 17 de noviembre y abre un periodo de comentarios públicos de 30 días. Sin embargo, no establece una política de reemplazo y no queda claro cuándo se presentará.
La ausencia de una regla de reemplazo deja sin parámetros claros la aplicación del criterio para quienes están en proceso de solicitar la residencia.
Pero es importante destacar que hasta que el gobierno emita una decisión final —algo que podría ocurrir entre finales de diciembre y comienzos de 2026—, la regla de 2022 permanece en vigor.
En una entrevista con Enlace Latino NC, Kate Woomer-Deters, abogada del NC Justice Center, describió el escenario como “inusual” y advirtió que el vacío regulatorio podría afectar a quienes están en proceso de obtener una tarjeta de residencia por vía familiar o laboral.
“Lo único que sabemos es que quieren quitar la regla de Biden y reemplazarla por algo que aún no han definido”, dijo. “Y no tenemos ninguna indicación de cuándo ni de cómo publicarán esa guía”.
Qué es la carga pública
La carga pública es un criterio previsto en la ley migratoria desde hace más de un siglo. Se utiliza para determinar si una persona que solicita una tarjeta de residencia podría depender económicamente del gobierno en el futuro.
“La idea detrás de la carga pública es decidir si alguien va a convertirse en dependiente del gobierno para su subsistencia”, explicó Woomer-Deters.
El análisis no se aplica a todas las solicitudes migratorias. “La carga pública nunca ha sido un examen general de todos los programas que existen”, afirmó. “Es un análisis que solo afecta a un grupo muy pequeño de solicitantes”.
Ese grupo incluye a personas que buscan la residencia permanente a través de un familiar o un empleador. No se aplica, aclaró, a quienes solicitan o ya tienen estatus humanitarios, como asilo, refugio, visas U o T, VAWA, TPS, el programa juvenil especial (SIJS) o renovaciones de DACA. “Para todas esas categorías, la carga pública no forma parte del proceso”, dijo.
Qué estableció la regla de 2022
La norma adoptada durante la administración Biden definió con claridad qué podía considerarse en una evaluación de carga pública. Woomer-Deters lo explicó así: “La regla de 2022 dice que solo tres cosas pueden usarse en contra del solicitante: SSI, Work First y la institucionalización de largo plazo pagada con fondos públicos”.
SSI es un beneficio federal en efectivo para personas con discapacidades severas y bajos ingresos; Work First es un programa estatal que entrega asistencia mensual en efectivo a familias en extrema necesidad; y la institucionalización de largo plazo se refiere a vivir en un centro de cuidados financiado por fondos públicos durante un periodo prolongado.
Todo lo demás —incluyendo Medicaid, SNAP, WIC y otros programas de nutrición o salud— quedó excluido de la evaluación.
La regla también estableció que los beneficios utilizados por hijos ciudadanos o familiares elegibles no pueden afectar el trámite del solicitante de residencia. Sobre este punto, la abogada fue enfática: “La regla de Biden es muy clara: lo que usan los hijos ciudadanos no cuenta. Punto”.
Qué cambia con la propuesta actual
La propuesta publicada por el gobierno federal no crea una nueva regla. “Lo único que hace es quitar la de 2022”, dijo Woomer-Deters. “Y no dice qué pondrán en su lugar”.
Esa ausencia abre la puerta a un escenario excepcional: la eliminación de la regla vigente antes de que exista una guía de reemplazo.
La propia abogada advirtió esa posibilidad: “Puede ser que haya un momento en que se rescinda la regla actual y no haya una nueva”.
Kate Woomer-Deters, nc justice center
Para entender las consecuencias de ese vacío, es necesario distinguir entre la ley y la norma que la interpreta.
- La base legal de la carga pública está establecida desde hace décadas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su sección 212(a)(4), la cual seguirá vigente.
- Lo que la administración busca eliminar es la regla de 2022, la guía administrativa que define cómo debe aplicarse ese criterio: qué factores se evalúan, qué beneficios se toman en cuenta y cuáles no.
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El temor al vacío interpretativo
“El miedo que tenemos nosotros es que, sin interpretación, sin una regla, los que trabajan en el Servicio de Inmigración pueden interpretar la ley en cualquier manera que quieren, y eso nos da miedo, porque sin claridad no vamos a saber qué es correcto y qué no”, indicó Woomer-Deters al explicar las consecuencias de eliminar la norma actual sin una guía de reemplazo.
La abogada señaló que, aunque la base legal sobre carga pública seguirá vigente en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la ausencia de una regla deja sin parámetros concretos cómo deben aplicarse esos criterios.
Sin una definición administrativa vigente, cada oficial podría interpretar la ley de forma distinta, algo que preocupa a organizaciones legales y a familias que dependen de pautas claras para completar sus trámites.
Además, Woomer-Deters explicó que el anuncio federal menciona la posibilidad de revisar “más factores” en futuras directrices, pero sin ofrecer ninguna especificación. “No han dicho cuáles”, afirmó. Esa falta de detalles, dijo, impide anticipar cómo se evaluarán las solicitudes si la regla de 2022 deja de estar vigente.
A quiénes afecta y a quiénes no
“Las personas que están en proceso de obtener una tarjeta verde (green card) sí deben prestar atención a esto”, dijo Woomer-Deters al explicar qué grupos quedarían expuestos si la regla de 2022 se elimina sin una guía de reemplazo.
Personas que podrían verse afectadas
- Tramitan una residencia permanente por vía familiar.
- Buscan una residencia a través de un empleador.
- Están evaluando presentar una solicitud de ajuste de estatus y necesitan saber qué factores podrían entrar en juego.
En estos casos, recomendó no modificar decisiones sin orientación legal. “Lo mejor es hablar con su abogado antes de cambiar cualquier cosa”, señaló.
Personas a quienes la carga pública no se aplica
Woomer-Deters aclaró que la mayoría de las personas inmigrantes no pasan por una evaluación de carga pública. El criterio no aplica a quienes:
- Ya cuentan con residencia permanente.
- Solicitan o poseen asilo o refugio.
- Aplican para visas U o T.
- Buscan protección bajo VAWA.
- Tienen TPS.
- Están bajo SIJS.
- Renuevan DACA.
Qué pueden hacer las familias ahora
Hasta que el gobierno publique una nueva guía, Woomer-Deters recomienda actuar con cautela. Sugirió no tomar decisiones basadas en rumores ni asumir que “todo va a cambiar mañana”. En este sentido, recordó que la propuesta sigue en etapa de comentarios y que las normas “no cambian hasta ser publicadas oficialmente”.
La abogada explicó que, para quienes no tienen un camino hacia la residencia permanente, este anuncio no modifica su situación.
En esos casos, las familias deben priorizar el acceso de los hijos ciudadanos a los programas para los que califican, porque —dijo— es más importante que los niños mantengan su cobertura médica y su alimentación que dejarse llevar por una preocupación “que tal vez nunca les va a afectar”.
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Qué sigue en el proceso federal
Con el cierre del periodo de comentarios públicos previsto para el 19 de diciembre, aumenta la incertidumbre entre organizaciones legales y comunitarias.
El gobierno deberá revisar las observaciones recibidas antes de tomar una decisión, aunque no existe un plazo definido para ese proceso. Por ello, en las próximas semanas, el NC Justice Center y otras organizaciones presentarán comentarios formales.
“El volumen y la calidad de los comentarios importan”, señaló Woomer-Deters, en especial los de entidades con experiencia en la realidad de las familias inmigrantes.
Después de esa revisión, la administración podrá formalizar la derogación de la regla de 2022, aplazar la decisión o determinar qué orientación administrativa emitirá posteriormente, dado que no ha propuesto una norma de reemplazo.
“No sabemos si van a moverse rápido o si esto se extenderá hasta bien entrado 2026. En una administración normal, eso normalmente toma dos, tres, cuatro meses, pero con esta administración, quién sabe”.
advirtió Woomer-Deters sobre qué puede esperarse en los próximos meses.
Hasta entonces, la regla vigente permanece en vigor y las evaluaciones de carga pública continúan aplicándose conforme a los criterios establecidos en 2022.
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