El gobernador Josh Stein vetó el martes una medida que buscaba restringir dónde pueden dormir o acampar las personas sin hogar en propiedad pública en Carolina del Norte.
El HB 437, conocido como “Zonas Libres de Drogas y Campamentos Públicos No Autorizados”, habría prohibido a los gobiernos locales permitir que las personas duerman o acampen sin autorización en propiedad pública. Los espacios prohibidos incluyen: aceras, parques, edificios públicos y derechos de vía.
La medida define “acampar o dormir en público” como pernoctar en una carpa, refugio temporal o espacio abierto con ropa de cama o pertenencias visibles.
Quedan exentos los vehículos registrados y asegurados y el campismo recreativo en zonas designadas para ese fin.
Qué más dice la medida
El proyecto también habría creado “zonas libres de drogas” alrededor de refugios y centros de ayuda para personas sin hogar que reciben fondos públicos.
Vender o poseer drogas con intención de distribuirlas dentro de esas zonas se habría castigado como delito grave. Un operador del refugio que permitiera esa conducta a sabiendas también habría enfrentado cargos penales.
Los gobiernos locales podrían designar terrenos municipales para campamentos por un año, con certificación previa del Departamento de Trabajo estatal. La agencia tendría 45 días para responder o el sitio quedaría aprobado automáticamente.
Para calificar, el gobierno local debe demostrar que no hay suficientes camas de refugio para su población sin hogar, que el terreno no colinda con zonas residenciales y que no dañaría el valor de propiedades vecinas ni la seguridad infantil.
También debía presentar un plan de seguridad, saneamiento, acceso a servicios de salud conductual y prohibición de alcohol y drogas en el sitio.
El Departamento de Trabajo podría inspeccionar los campamentos y recomendar su cierre por incumplimiento. Residentes, dueños de negocios o el fiscal general podrían demandar al gobierno local por permitir campamentos no autorizados, tras notificar por escrito y dar 15 días hábiles para corregir la falta.
La ley no aplicaría durante estados de emergencia declarados por el gobernador o por el gobierno local.
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Las razones del veto
Stein calificó la ley como una carga “significativa” y “sin fondos” para los gobiernos locales, en un comunicado.
“Todos queremos que las personas que experimentan la falta de vivienda se recuperen y vivan en una vivienda segura y asequible”, dijo el gobernador. “Sin embargo, este proyecto de ley mal diseñado dificulta esa meta y crea otro mandato importante sin financiamiento para los gobiernos locales”.
Stein también argumentó que la ley “malinterpreta fundamentalmente” cómo se recuperan las personas que sufren de adicción.
Según el gobernador, castigar penalmente a quienes buscan tratamiento, y a quienes los ayudan, termina obstaculizando los servicios que promueven la salud y seguridad.
“Llevo mucho tiempo pidiendo fondos para combatir el tráfico de drogas, invertir en salud conductual y ampliar las opciones de vivienda asequible, porque la falta de vivienda y el abuso de sustancias son problemas reales que merecen soluciones reales, no este proyecto de ley”, afirmó.
Una posible anulación del veto
El proyecto de ley pasó en la Cámara de Representantes el 30 de junio con una votación de 73 a 40, con el respaldo de cinco demócratas, incluido el representante Shelly Willingham y dos legisladores ahora no afiliados.
En el Senado, la medida se aprobó 26 a 16, con los legisladores votando estrictamente por línea partidista.
Para anular un veto se necesita el voto de tres quintas partes de los miembros “presentes y votando”. Si asisten los 120 representantes o los 50 senadores, eso equivale a 72 votos en la Cámara de Representantes o 30 en el Senado.
El presidentes de la Cámara de Representantes, Destin Hall, dijo que anularán el veto de Stein cuando los legisladores regresen a finales de mes.
Sin embargo, el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Robert Reives indicó que su bancada votará para mantener el veto del gobernador.
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