A casi cuatro meses de que la Ley SB 153 entrara en vigor el pasado 24 de junio, persisten dudas entre estudiantes y familias sobre el impacto real de la norma en el sistema de la Universidad de Carolina del Norte (UNC).
La legislación prohíbe a las universidades públicas adoptar políticas que restrinjan la aplicación de las leyes federales de inmigración más allá de lo permitido por dichas leyes. Sin embargo, la SB 153 no otorga a ICE acceso automático a los expedientes estudiantiles, según entrevistados por Enlace Latino NC. Tampoco exige que las universidades rastreen activamente el estatus migratorio de sus estudiantes.
La divulgación información estudiantil continúa sujeta a las protecciones federales de privacidad y a las excepciones previstas por la ley, que explicaremos en este articulo.
Lo que exige la ley SB 153 en las universidades
Según la ley, las instituciones constituyentes del sistema UNC tienen prohibido mantener cualquier regla o regulación que limite la aplicación de las leyes federales de inmigración por debajo del nivel permitido por la legislación federal.
El estatuto especifica que las universidades no pueden:
- Adoptar políticas santuario que restrinjan el cumplimiento de las normas de inmigración federales.
- Impedir a los agentes del orden recopilar información relativa al estatus migratorio de cualquier individuo.
- Prohibir la comunicación o el intercambio de dicha información con las agencias federales de control migratorio.
Es importante señalar que el alcance de la ley trasciende los campus universitarios. La SB 153 ordena a que cuatro agencias estatales, incluyendo la Patrulla de Carreteras, firmen acuerdos 287(g) con ICE.
Asimismo, revoca la inmunidad gubernamental a los municipios con ordenanzas que puedan ser consideradas “santuario”.
Los límites de la ley y las protecciones de privacidad
Michele Delgado, abogada sénior de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Carolina del Norte, explicó a Enlace Latino NC el alcance de las obligaciones de las universidades.
La ley “prohíbe a las universidades del sistema UNC adoptar políticas que restrinjan la aplicación de la ley federal de inmigración o que impidan a las fuerzas del orden recopilar o compartir información sobre el estatus migratorio”, dijo Delgado.
Sin embargo, la abogada enfatizó que la norma no exige un rastreo generalizado del estatus migratorio de estudiantes y empleados.
“Una posible idea errónea es la creencia de que la SB 153 requiere que las universidades de la UNC recopilen el estatus migratorio de los estudiantes y empleados o denuncien automáticamente a las personas indocumentadas ante el ICE. Eso es incorrecto”, afirmó.
Delgado también subrayó que la ley no elimina las protecciones federales de privacidad existentes, incluida la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA, en inglés).
Por regla general, las universidades no pueden divulgar las calificaciones, el historial académico o la información de inscripción de un estudiante sin su consentimiento, incluso ante solicitudes de agencias externas, como ICE.
Sin embargo, FERPA también contempla excepciones que permiten divulgar cierta información sin autorización, como ante una orden judicial o en una emergencia de salud o de seguridad. Estas excepciones ya existían antes de la SB 153 y no fueron creadas por esa legislación estatal.
Por ello, explicó Delgado, si ICE solicita datos de estudiantes, la universidad debe determinar si la divulgación está permitida por FERPA y por otras normas aplicables. Esto, en lugar de asumir que la ley estatal obliga a entregar la información.
La abogada señaló que aún hay dudas sobre cuándo las universidades pueden restringir el acceso de ICE a espacios no públicos o exigir órdenes judiciales. Sin embargo, aclaró que la SB 153 no les otorga autoridad ilimitada para ingresar a áreas restringidas ni para acceder a registros confidenciales.
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Sin cambios visibles en los campus y en espera de registros oficiales
La administración de UNC-Chapel Hill, reiteró su compromiso con el cumplimiento de las leyes vigentes. Además señalaron que continúan evaluando las implicaciones de la nueva legislación.
“Como institución pública, UNC-Chapel Hill cumple con todas las leyes y directrices aplicables a nivel federal y estatal. En este momento, seguimos revisando la legislación y determinando si existen impactos en nuestras políticas existentes”, según la declaración de un portavoz de la universidad, enviada a Enlace Latino NC.
Una revisión de Enlace Latino NC encontró que varias universidades del sistema UNC ya tenían protocolos para responder a agentes federales antes de la entrada en vigor de la SB 153.
UNC Charlotte, NC State, East Carolina University, UNC Greensboro, UNC Asheville, Appalachian State y North Carolina Central University publican orientaciones que, entre otras medidas, indican al personal que contacte a la policía universitaria y a las oficinas jurídicas para verificar credenciales y revisar solicitudes de información.
Sin embargo, estos documentos no establecen si los protocolos han sido modificados a raíz de la nueva ley posterior al 24 de junio de 2026.
ACLU de Carolina del Norte dijo a Enlace Latino NC que, hasta la fecha, no ha identificado cambios en las políticas o prácticas del sistema UNC. Tampoco ha recibido reportes sobre acciones de aplicación de la ley migratoria en los campus.
Ante la posibilidad de que existan directrices internas, Enlace Latino NC presentó solicitudes de acceso a la información pública ante la Oficina del sistema UNC. Este medio publicará una actualización cuando reciba la información solicitada.
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Liderazgo estudiantil de UNC-Chapel Hill
En UNC-Chapel Hill, el liderazgo estudiantil ha centrado su atención en el impacto emocional y educativo que la legislación puede tener en la comunidad universitaria.
“Las preguntas en torno a la aplicación de las leyes de inmigración son, en última instancia, preguntas sobre el sentido de seguridad de los estudiantes en nuestro campus”, dijo Devin Duncan, presidente del gobierno estudiantil de UNC-Chapel Hill, a Enlace Latino NC.
Duncan agregó que “los campus universitarios deben ser lugares donde los estudiantes puedan concentrarse en aprender, explorar sus pasiones y perseguir las oportunidades que los trajeron a la educación superior”.
Duncan señaló que cumplir con las leyes estatales y federales es una responsabilidad institucional. Pero destacó la importancia de comunicar esas obligaciones con claridad y de brindar apoyo a los estudiantes.
“Todo el mundo sabe que la Universidad tiene la responsabilidad de cumplir con la ley estatal y federal, pero considero que la forma en que comunicamos esas responsabilidades, cómo apoyamos a los estudiantes que enfrentan la incertidumbre, y la claridad y la compasión que aportamos a esas conversaciones son cuestiones de liderazgo institucional”, expresó.
Ante las inquietudes del alumnado, el Departamento de Asuntos Estatales y Externos del gobierno estudiantil ha organizado talleres informativos titulados “Conozca sus derechos”. Además, trabaja en coordinación con la Decanatura de Estudiantes y la oficina de Servicios para Estudiantes e Investigadores Internacionales para canalizar el apoyo a los estudiantes.
“Nuestro compromiso se extiende a estudiantes de todos los orígenes”, concluyó Duncan.
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