La Cámara de Representantes de Carolina del Norte votará esta semana la propuesta de ley HB 135 : “Cumplimiento de la Inmigración por parte del Gobierno”.

De ante mano se prevé que la medida será aprobada en esta cámara. De allí será referida al Senado estatal, que tiene la potestad de aprobarla, no pasarla o congelarla.

La medida busca expandir el programa 287(g) en Carolina del Norte y autorizar a una agencia de la ley tomar una fotografía de la persona con el fin de identificarla. Además busca enmendar la ley estatal y prohíbir el uso de documentos de identificación comunitarios como el Faith Action ID.

Luego de haberse saltado el proceso legislativo, la propuesta que debió ser llevada primero a votación en el Comité de Educación y Universidades y el Comité Judicial fue enviada, la tarde del 6 de mayo, directamente al Comité de Reglas y Operaciones en donde fue aprobada 12 a 11 esa misma noche.

Detalles de la HB 135

De nueve páginas, la propuesta HB 135, indica que el Secretario del Departamento de Seguridad Pública deberá realizar un acuerdo con el Director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para permitir que “oficiales estatales designados desempeñen funciones de cumplimiento de la ley de inmigración” a través de la activación del programa 287(g).

También prohíbe que las universidades implementen políticas que limiten o restrinjan la aplicación de la ley federal de inmigración.

Dividida en seis secciones, asimismo pretende establecer que la Asamblea General del estado limite los fondos para las ciudades, condados o municipio, así como a los departamentos de polícia local o del alguacil, cuando incumplan con las leyes locales de inmigración.

En cuanto a estas se refiere son las leyes que prohíben las ciudades santuario, la aprobación de ordenazas locales para aceptar documentos de identidad que no son aceptados por el estado como la matrícula consular, y llegado el caso, las identificación comunitarias, y violaciones al uso del E-Verify por parte de la gran mayoría de las empresas.

Denuncias anónimas y sin pruebas

La HB 135 ordena al Fiscal General del estado crear un mecanismo para recibir e investigar las quejas de los ciudadanos que sospechan, “de buena fe”, que hay ciudades, municipios, fuerzas de orden o condados que violan las leyes estatales de inmigración. Las quejas pueden ser anónimas.

Como consecuencia, los fondos que son usados para la construcción de carreteras, desarrollo e infraestructura, etc, pueden dejar de percibirse por 12 meses o más.

Los ciudadanos también podrán usar cualquier otro recurso legal o equitativo como una medida cautelar cuando “crean”que una ciudad, condado o agencia de la ley esta incumpliendo la ley estatal de inmigración. El tribunal impondrá una sanción civil como resultado, además de ordenarle pagar hasta diez mil dólares ($ 10,000) por día sumado a los costos de abogado y tribunales.

La Oficina del Fiscal General del estado, igualmente deberá recibir e investigar las quejas de los ciudadanos que crean que las empresas están incumpliendo las leyes estatales con respecto al E-Verify. Igualmente, el HB 135 establece que las escuelas deberán usar este sistema al momento de contratar compañías.

Los patrocinadores del proyecto son los representantes republicanos George Cleveland (Onslow), Michele Presnell (Haywood Madison y Yancey), Michael Speciale (Craven) y Mark Brody (Arson y Union).

Comunicadora social-periodista colombiana. Emprendedora y cofundadora de Enlace Latino NC donde es la directora ejecutiva.

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