La Asamblea General de Carolina del Norte aprobó el martes 17 de noviembre un proyecto de ley que modifica el financiamiento del programa de asistencia alimentaria y flexibiliza los requisitos para la divulgación de recursos de prevención del suicidio en las escuelas.
La propuesta titulada “ajustes presupuestarios adicionales” contiene 62 páginas de modificaciones a las leyes, así como asignaciones presupuestarias para educación, salud e infraestructura.
Su aprobación ocurrió en una sesión posterior a las elecciones del 3 de noviembre, en las que los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes, que asumirán en enero de 2027.
La medida SB 177 fue aprobada por 66 votos a favor y 49 en contra en la Cámara de Representantes. En el Senado obtuvo 26 votos a favor y 19 en contra.
El senador republicano Brent Jackson, uno de los principales responsables del presupuesto, describió la asignación como “un esfuerzo de alcance estatal”.
Aunque fue impulsada por legisladores republicanos, tres representantes demócratas, Gloristine Brown, Deb Butler y Aisha Dew, votaron a favor. En el Senado, todos los demócratas presentes se opusieron.
Butler explicó a Enlace Latino NC que consideraba que la SB 177 era “un proyecto de ley terrible”. Sin embargo, decidió respaldarlo por los $31 millones destinados a la industria cinematográfica. Describió estos fondos como fundamentales para la supervivencia del sector en su región.
“Quería votar en contra, pero incluía una asignación de $31 millones para nuestra industria cinematográfica, que atraviesa dificultades. […] Así que me tapé la nariz y voté a favor para salvar una industria muy importante en mi región”, expresó en declaraciones escritas.
El proyecto todavía requiere la consideración del gobernador demócrata Josh Stein para convertirse en ley.

Cambios a SNAP: los condados asumirían nuevos costos
Una de las disposiciones modifica la manera en que los condados de Carolina del Norte deberán contribuir al financiamiento de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
Una ley federal aprobada en 2025 establece que los estados con tasas de error determinadas en los pagos del programa deberán asumir una parte del costo de los beneficios a partir de octubre de 2027.
Estos errores pueden producirse cuando un beneficiario recibe una cantidad de asistencia mayor o menor de la que le corresponde y no necesariamente están relacionados con fraude.
En julio de 2026, los legisladores estatales aprobaron una disposición para trasladar a los condados la obligación de cubrir los costos que corresponderían al estado mediante retenciones de ingresos del impuesto local sobre las ventas.
La SB 177 modifica esa fórmula. Según la propuesta, cada condado tendría una contribución fija equivalente al 0.75% de los ingresos que recibe del impuesto local sobre las ventas de un 1% establecido bajo el Artículo 39 de la legislación estatal.
Además, algunos condados tendrían que aportar una cantidad adicional calculada según su participación en los errores de pago registrados en todo el estado.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte determinaría las cantidades correspondientes, mientras que el Departamento de Ingresos comenzaría a retener los fondos a partir de julio de 2027.
¿Cómo podría afectar a las familias?
La disposición no establece recortes directos a los beneficios de SNAP que reciben los hogares. Sin embargo, las nuevas obligaciones fiscales podrían reducir los recursos disponibles para otros servicios financiados por los condados.
Durante el debate legislativo, la representante demócrata María Cervania, del condado de Wake, advirtió que los costos adicionales podrían afectar los presupuestos destinados a servicios públicos, incluidos la seguridad y la salud pública.
La senadora demócrata Lisa Grafstein también cuestionó cómo los condados podrían hacer frente a estas obligaciones. Esto, especialmente después de que los votantes aprobaran una enmienda constitucional que exige establecer límites a los impuestos sobre la propiedad.

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Divulgar la línea de prevención del suicidio sería opcional en las escuelas
La SB 177 también modifica una disposición aprobada en julio de 2026 que exigía a las escuelas y otras instituciones educativas compartir información sobre recursos de prevención del suicidio y de apoyo emocional.
La legislación anterior establecía que determinados centros educativos debían incluir los números de la línea nacional de prevención del suicidio y de crisis, 988, y de NC Peer Warm Line en materiales accesibles para los estudiantes.
El nuevo proyecto sustituye la palabra “shall” (deberá) por “may” (podrá) en cada tipo de institución educativa. Asimismo, elimina la lista de seis lugares donde debía divulgarse la información.
“Las escuelas privadas y religiosas, obviamente, tienen derechos bajo la Primera Enmienda para hacer o no hacer ciertas cosas”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Destin Hall, a preguntas de la prensa sobre esta decisión. “Parte de la razón por la que uno va a una escuela privada es porque estas pueden tomar sus propias decisiones”.
En el caso de las escuelas públicas de educación primaria y secundaria, las juntas escolares podrían establecer políticas para proporcionar a los estudiantes de noveno a duodécimo grado el número de la línea 988.
Si deciden hacerlo, la propuesta recomienda colocar la información en lugares visibles y verificar anualmente que el número esté actualizado.
Durante el debate, la representante Carla Cunningham, de Mecklenburg, defendió la importancia de facilitar a los estudiantes el acceso a recursos de prevención del suicidio.
La medida no elimina el servicio 988 ni impide que las instituciones educativas compartan esa información. Lo que modifica es la obligación legal de hacerlo.
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$40 millones adicionales para el transporte escolar
La legislación contempla una asignación de $40 millones para cubrir los aumentos en los costos de combustible del transporte escolar durante el año fiscal 2026-2027.
Los fondos serían distribuidos por el Departamento de Instrucción Pública entre los sistemas escolares según sus necesidades y los aumentos en los precios del combustible que excedan las cantidades contempladas en su financiamiento regular.
El proyecto también destina $1 millón adicional a programas de educación vial para estudiantes, con el propósito de mitigar el impacto del aumento de los costos del combustible.
El presidente del Senado, el republicano Phil Berger, explicó que la asignación responde a las necesidades presupuestarias de los sistemas escolares para mantener sus servicios de transporte.
Estas asignaciones son fondos no recurrentes, por lo que no representan un aumento permanente en el financiamiento de esos programas.

Salud: millones para servicios de Medicaid
Otra disposición asigna $16.14 millones para aumentar temporalmente los reembolsos de determinados servicios de cuidado personal financiados mediante el Medicaid.
Los recursos estarían destinados a servicios para los beneficiarios de Medicaid Direct y a programas de asistencia comunitaria para niños y adultos con discapacidad.
La medida busca alcanzar una tasa de reembolso equivalente a aproximadamente $30 por hora por los servicios de cuidado personal cubiertos.
Estos servicios pueden incluir ayuda con actividades cotidianas para personas que necesitan asistencia debido a condiciones de salud o discapacidades.
El financiamiento provendría de la Reserva de Estabilización e Inflación del Estado y sería temporal.
La legislación también modifica el uso de fondos previamente asignados a Alliance Health para permitir su uso en servicios de tratamiento y recuperación relacionados con la adicción a los opioides.
Otras asignaciones: cine, tribunales e infraestructura
Además de los cambios relacionados con SNAP, la educación y la salud, la medida contempla nuevas asignaciones para agencias estatales, programas económicos y proyectos de infraestructura.
Entre las partidas se encuentran:
- $31 millones para el Fondo de Subvenciones para Cine y Entretenimiento, destinado a incentivar la producción audiovisual en Carolina del Norte.
- $25 millones para tecnología y operaciones de la Oficina Administrativa de los Tribunales.
- $2 millones para mejoras viales en la Interestatal 95 y sus alrededores, cerca de Rocky Mount.
- $2.75 millones previamente asignados al programa Responsible Fatherhood NC, que se entregarían directamente a la organización Family First, Inc., para desarrollar y administrar iniciativas relacionadas con la paternidad.
Los fondos para Rocky Mount beneficiarían la ubicación propuesta para una tienda de la cadena Buc-ee’s, que aún requiere permisos para su desarrollo.
La legislación también permite modificar el destino de fondos públicos previamente asignados a distintos condados y municipios.
Por lo tanto, no todas las cantidades incluidas en el documento representan dinero nuevo. Algunas corresponden a recursos ya aprobados que podrían utilizarse con fines distintos.
Demócratas de la Cámara de Representantes cuestionan el proceso de aprobación
La votación provocó cuestionamientos por parte de algunos legisladores demócratas sobre el tiempo disponible para examinar las modificaciones.
La versión final del documento de 62 páginas se hizo pública apenas minutos antes de que comenzara la votación en la Cámara de Representantes.
El representante demócrata Phil Rubin, del condado de Wake, criticó que se sometiera a votación una propuesta con numerosos cambios presupuestarios y legales sin ofrecer más tiempo para su revisión.

El legislador planteó que la Asamblea General podría considerar la medida en otra sesión prevista para diciembre, lo que permitiría una evaluación pública más amplia.
Las votaciones se produjeron en las últimas semanas en las que los republicanos mantendrán el control de ambas cámaras de la Asamblea General. Los demócratas asumirán la mayoría en la Cámara de Representantes en enero.
¿Qué sigue para la SB 177?
Después de recibir la aprobación de ambas cámaras, la SB 177 queda pendiente la acción del gobernador Josh Stein.
El gobernador puede firmar el proyecto, vetarlo o permitir que se convierta en ley sin su firma, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución estatal.
Si es aprobado, sus disposiciones entrarían en vigor en diferentes fechas.
Algunas comenzarían a aplicarse cuando la medida se convierta en ley, mientras que otras, como las modificaciones al financiamiento de SNAP, contemplan fechas específicas durante 2027.


