Carolina del Norte, Raleigh. – El Senado estatal de Carolina del Norte aprobó un proyecto de ley que prohíbe la práctica del aborto por motivos que puedan considerarse “discriminatorios”.
Antes de interrumpir un embarazo, los profesionales en salud deberán confirmar, por ejemplo, que la mujer no quiere abortar por la presunta presencia de síndrome de Down o el sexo; o por ejemplo, el color de la piel del feto.
El proyecto HB 453, denominado “Ley contra la discriminación de la vida humana/No eugenesia”, ordena a los médicos certificar, bajo juramento, que las mujeres que deciden abortar no están motivadas por un acto discriminatorio.
Si el proyecto se convierte en ley, los profesionales en salud deberán proporcionar la información recopilada junto con la imagen del ultrasonido del paciente al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte.
Trámite legislativo
La propuesta HB 453 inició su trámite legislativo en marzo cuando fue presentado en la Cámara de Representantes con la firma de 42 legisladores republicanos, donde fue aprobado el 6 de junio (67-42).
El Senado estatal ratificó este jueves su aprobación (27-20).
Ahora, con el visto bueno de ambas cámaras, la iniciativa pasa a la oficina del Gobernador Roy Cooper, quien tiene la potestad de firmarlo para que se convierta en ley o vetarlo.
Tim Moore (Cleveland), presidente de la Cámara de Representantes, dijo mediante un comunicado de prensa que ningún menor en etapa de gestación debe ser discriminado por un presunto diagnóstico intrauterino.
“Esto viola la ley natural y priva a la sociedad de la bendición que un niño representa para cada uno de nosotros”.
Control político
Durante el debate, la senadora demócrata Natalia Murdock (Durham) dijo que la iniciativa HB 453 pretende “dar a los políticos el control sobre la toma de decisiones familiares e interferir en la atención médica de una persona”.
“Etiquetar la decisión de un individuo de obtener un aborto como «eugenesia», como lo hace este proyecto de ley, es falso, ofensivo, irresponsable; y deforma el doloroso legado del movimiento eugenésico en Carolina del Norte”, manifestó.
La eugenesia se define como el “estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especia humana”. Es decir, utilizar la ciencia para descartar individuos, o evitar su reproducción, cuando son portadores de genes que se consideran “defectuosos”.
Un ejemplo concreto de Eugenia son las campañas de esterilización que se realizaron en los Estados Unidos y en países latinoamericanos, principalmente.
“Historia desagradable”
Murdock recordó que la Junta de Eugenesia de Carolina del Norte autorizó las esterilizaciones reproductivas de aproximadamente 7,600 personas entre 1929 y 1974 en todo el estado.
“Carolina del Norte tiene una historia desagradable de esterilizar personas sin su conocimiento o consentimiento verdaderamente informado; y de permitir que las personas en el poder tomen decisiones médicas que cambian la vida de los demás”.
Murdock lamentó que los legisladores republicanos en control de la Asamblea General descarten discutir y apoyar los proyectos de ley que promueven el acceso a la salud y atención médica de calidad para las poblaciones más vulnerables.
“Es un disfraz mal usado para un proyecto de ley que pone a los políticos en control de las decisiones privadas sobre la salud familiar y reproductiva”. Comentó refiriéndose al expediente HB 453.
Ningún senador estatal del bloque demócrata apoyó el proyecto de ley. De los 23 legisladores presentes, 20 votaron en contra y 3 optaron por abstenerse.
Reacciones
Tras la aprobación, organizaciones como la Unión Americana por las Libertades Civiles instaron al gobernador Roy Cooper a vetar la propuesta de ley.
Por medio de un comunicado oficial, ACLU afirmó que el proyecto aprobado por el bloque republicano “interviene en la relación entre los pacientes y sus médicos y desafía su discreción en la toma de decisiones médicas”.
Liz Barber dijo que la propuesta de ley “califica las decisiones reproductivas de una persona como discriminación para estigmatizar el aborto”. Barber es analista de políticas de la ACLU de Carolina del Norte,
“Esta legislación presenta una prohibición inconstitucional de los abortos antes de la viabilidad; y limita el acceso de las personas a la atención basada en los juicios morales del gobierno sobre las decisiones personales”, puntualizó Barber.
Antecedente
En 2019, Cooper vetó otro proyecto de ley antiaborto.
El SB 359, “Nacido vivo”, requeriría que los médicos y enfermeras cuiden a los bebés nacidos vivos durante un aborto fallido tardío.
Cooper vetó el proyecto argumentando que “las leyes ya protegen a los bebés recién nacidos”; y lo calificó como una “interferencia innecesaria” entre los médicos y sus pacientes.
Barreras
Planned Parenthood South Atlantic de Carolina del Norte dijo a Enlace Latino NC que el HB 453 “socava la relación proveedor-paciente, abriendo una brecha entre las personas y sus profesionales de la salud de confianza”.
La propuesta de ley, aseguran los voceros de la organización, solo sería “una barrera más en el estado”.
Carolina del Norte es el cuarto estado de la nación americana donde las mujeres enfrentan mayores restricciones legales para abortar.
Legislaciones aprobadas durante la última década ha limitado la práctica en todos los condados.
A pesar de ser un derecho constitucional, los estados pueden regular la interrupción de los embarazos. Regulan en cuanto a los protocolos médicos, acceso al servicio y tiempos de espera; así como también sobre etapas de la gestación en las que se puede realizar el aborto.
Agenda antiaborto
El HB 453 es uno de los dos proyectos antiaborto que superaron el crossover o fecha límite para que los expedientes pasen de una cámara a la otra y puedan ser considerados para convertirse en ley.
El otro expediente que continúa con vida es el SB 405, “Ley de protección de sobrevivientes nacidos vivos”, para que los proveedores de servicios médicos “empleen el cuidado con niños nacidos vivos después de un intento de aborto”, de la misma manera que lo harían con cualquier otro niño.
La iniciativa republicana crea sanciones penales para los proveedores médicos que no cumplan con el “deber de cuidado” de un niño que sobreviva a un intento de aborto; o que no denuncien la falta de otro proveedor médico.
Además, pone a disposición recursos civiles; y aclara que un acto manifiesto intencional de matar a un niño nacido vivo después de un intento de aborto se castiga como asesinato.
