Carolina del Norte, Raleigh – La Corte Suprema de Justicia de Carolina del Norte está en la mira de los líderes republicanos de la Asamblea General, quienes se preparan para enfrentar la última etapa del proceso judicial estatal contra los nuevos mapas electorales aprobados en 2021 por la legislatura.
Luego de finalizar el juicio de primera instancia, cuyo fallo favoreció a los legisladores republicanos, la defensa de la legislatura solicitó formalmente la recusación de dos jueces demócratas del alto tribunal.
Eso significa que se abstengan de presidir los casos de redistribución de distritos.
En opinión de los líderes republicanos y se equipo legal, existen conflictos de intereses y elementos de juicio suficientes para dudar de su imparcialidad.
Última palabra
La Corte Suprema de Justicia será el órgano judicial estatal responsable de conocer y resolver la apelación que presentarán las organizaciones civiles y de votantes locales que promueven los litigios contra los mapas electorales.
Los demandantes sostienen que el resultado del más reciente proceso de redistribución es inconstitucional y vulnera los derechos electorales de las minorías.
Con la determinación que adopten los jueces del máximo tribunal se agotaría la vía judicial en Carolina del Norte.
Por eso, para los legisladores republicanos es determinante garantizarse que la correlación de fuerzas les favorezca.
La Corte Suprema de Carolina del Norte está integrada por siete miembros, cuatro demócratas y tres republicanos. Paul Newby actúa como presidente del tribunal.
Abstención
La oficina de Tim Moore (Cleveland), presidente de la Cámara de Representantes, informó este miércoles que sus abogados presentaron una moción solicitando la abstención de la jueza demócrata Anita Earls.
De acuerdo con el comunicado de prensa distribuido por el legislador republicano, la moción contra Earls fue presentada esta semana ante la Corte Suprema.
Los líderes republicanos argumentan que en 2018 el comité de campaña de la jueza Earls recibió una donación de $5,200 por parte del comité de acción política del Comité Nacional Democrático de Redistribución de Distritos (NDRC).
El NDRC, denunciaron los republicanos, respaldó la campaña de la jueza Earls. Donó $250,000 al ‘fondo de coordinación judicial’ del Partido Demócrata de Carolina del Norte que se canalizaron, supuestamente, a su campaña.
Recusación
La semana pasada, antes de solicitar la abstención de la jueza Earls, los líderes republicanos apuntaron hacia el juez demócrata Samuel J. Ervin IV, quien también forma parte de la Corte Suprema del estado.
La defensa de los legisladores republicanos presentó la moción el jueves anterior.
La acción se conoce como recusación. Al presentarla, la parte interesada debe demostrar que “que existe tal parcialidad, prejuicio o interés personal por parte del juez que no podría fallar imparcialmente”.
En opinión de los republicanos, las decisiones que tome Ervin como miembro del tribunal superior “podrían afectar su propia elegibilidad; y crear una situación en la que su propia imparcialidad puede ser razonablemente cuestionada».
«El juez Samuel Ervin IV es el único juez en funciones de este Tribunal que actualmente se postula para la reelección en noviembre de 2022”. Fue lo que señalaron los líderes republicanos por medio de un comunicado de prensa.
Juez en funciones
Ervin, justificaron los republicanos, es “el único juez en funciones de este Tribunal (Corte Suprema) que puede enfrentarse a una primaria si otro candidato demócrata se presenta para su escaño».
En diciembre, la Corte Suprema retrasó las elecciones primarias de marzo a mayo, y congeló la inscripción de candidaturas, hasta que se resuelva el litigio contra los mapas electorales dibujados y aprobados por la mayoría republicana.
Moore acusó a los jueces de “llevar este proceso (electoral) al caos en medio de la presentación (de candidaturas) dejando a los habitantes de Carolina del Norte con incertidumbre antes de las elecciones”.
Más transparencia
Phil Berger (Rockingham), líder republicano en el Senado estatal, también cuestionó las decisiones tomadas por la Corte Superior en cuanto al trámite de las demandas contra los distritos electorales.
Berger anunció que el bloque de legisladores republicanos estaría considerando presentar un proyecto de ley para requerir que los jueces de la Corte Suprema firmen con su nombre las órdenes judiciales emitidas.
El propósito, explicó Berger a los medios de comunicación, es que los residentes de Carolina del Norte sepan cómo vota o decide cada uno de los jueces.
Las sentencias o fallos que emite el tribunal superior pueden acompañarse de opiniones -razonamiento jurídico- de los jueces, pero no son firmadas por quienes participaron en la deliberación, sólo por el miembro más joven del panel.
“Los jueces deberían estar dispuestos a firmar, con su nombre, las órdenes que han ingresado y articular un motivo para esas órdenes”, declaró Berger.
Conflicto de interés
Las dudas y cuestionamientos sobre la independencia de los jueces de la Corte Suprema de Carolina del Norte no son exclusiva de los legisladores republicanos que enfrentan las demandas.
Organizaciones civiles y legisladores demócratas señalaron que el juez Phil Berger, Jr., hijo del líder republicano del Senado estatal y miembro de la Corte Suprema, es quien tiene un verdadero conflicto de interés.
Los demandantes del proceso, la NAACP y el Southern Environmental Law Center, solicitaron la recusación del juez Berger Jr., ya que su padre, el líder de la mayoría republicana en el Senado estatal, es uno de los acusados.
Declinó recusarse
Berger Jr. declinó recusarse y dijo que fue electo para conocer y fallar casos como la demanda contra los distritos aprobados por su padre en la Asamblea General.
Contrario a los Berger en Carolina del Norte, la jueza de la Corte Suprema de Connecticut, Christine E. Keller, se recusó de una demanda de redistribución de distritos, debido a que su hijo es el presidente de la Cámara estatal.
Rechazo popular
Progress NC Action difundió los resultados de una encuesta reciente. El 72% de los encuestados “cree que el juez Phil Berger Jr. debería abstenerse de escuchar los casos que involucran a su padre”.
“La mayoría de los votantes de Carolina del Norte, incluidos los republicanos, han dejado en claro que los miembros de la familia no pueden decidir un litigio justo sobre nuestras elecciones; y apoyan la recusación del juez Berger Jr.”. Fue lo que señaló Progress NC Action, luego de conocer los resultados del estudio.
El 74% de las personas que participaron en la encuesta realizada por Public Pollicy Polling calificaron la manipulación electoral como un problema “muy grave» o «algo grave».
Además, 7 de cada 10 personas apoyan la intervención de los tribunales estatales para limitar la manipulación electoral.
“La negativa del juez Berger Jr. a respetar el apoyo de los votantes de Carolina del Norte a un litigio justo y el intento de pasar por alto el flagrante conflicto de intereses dentro de este caso, subraya la renuencia de Berger a defender los intereses de Carolina del Norte”. Fue lo que declararon los voceres de Progress NC Action.